Para el ciclo 2025/2026, CONADESUCA estimó inicialmente una producción de 5.26 millones de toneladas de azúcar, junto con inventarios iniciales superiores al millón de toneladas y una oferta total estimada de más de 6.4 millones. San Pedro, como muchos otros ingenios que han bajado la cortina, no cierra por producción insuficiente, cierra por algo peor, mercados invadidos por importaciones ilegales de endulzantes.

Es decir, el problema no es simplemente producir. Es vender, colocar, competir y obtener un precio que permita que toda la cadena sobreviva.

Y aquí entra la discusión de las importaciones, los precios internacionales, los inventarios, el jarabe de maíz de alta fructosa y el llamado “huachicol azucarero”.

El huachicol azucarero y la competencia desleal

El término puede sonar exagerado, pero ya forma parte de la discusión pública del sector.

En la Cámara de Diputados se ha señalado el ingreso ilegal de azúcar, particularmente procedente de Centroamérica, y se ha hablado de alrededor de 40 mil toneladas anuales provenientes de Guatemala.

También existe una preocupación creciente por la utilización de jarabe de maíz de alta fructosa, un producto que compite directamente con el azúcar de caña en diferentes segmentos de la industria alimentaria.

No se trata de afirmar que cada kilo importado sea ilegal ni de convertir toda importación en un acto de contrabando. La discusión seria alrededor de lo que ocurre cuando un mercado nacional ya deprimido recibe producto subvalorado, mercancía que evade controles, o endulzantes que compiten con una industria que sostiene a cientos de miles de familias.

En 2025 el propio Gobierno Federal modificó los aranceles de importación, llevándolos hasta rangos de 156% y 210% para determinados productos, precisamente bajo el argumento de proteger a la agroindustria nacional frente a las condiciones del mercado internacional. La medida fue importante, pero no suficiente, porque el problema tiene más capas.

Está la importación legal, la importación ilegal, la fructosa, la sobreoferta, el precio internacional, los costos de fertilizantes, diésel, maquinaria, corte y transporte; está el clima y está también la productividad de cada ingenio. Todo eso termina llegando al bolsillo del productor.

La paradoja del productor cañero

En marzo de 2025 ya había productores del San Pedro denunciando públicamente fuertes diferencias en sus liquidaciones. Algunos afirmaban haber recibido cantidades considerablemente menores por volúmenes similares de caña respecto de años anteriores y solicitaron una auditoría al ingenio y a las organizaciones cañeras.

Incluso se documentaron señalamientos de productores que denunciaban que una entrega de aproximadamente 400 toneladas había recibido un pago de apenas 27 mil 900 pesos, frente a montos mucho mayores en el ciclo anterior. Son acusaciones de los productores, no hechos que deban darse por acreditados sin una auditoría, pero precisamente por eso resulta indispensable transparentar las cuentas.

Y aquí aparece una cuestión de fondo. Si un productor trabaja todo un año y al final de la zafra no sabe con claridad cómo se calculó su liquidación, el sistema entero está fallando, no basta con decirle al campesino que el precio internacional bajó, no basta con responsabilizar a la industria, no basta con culpar a las organizaciones, ni basta tampoco con señalar al gobierno, hay que revisar toda la cadena.

La política no puede llegar solamente al funeral de una industria devaluada, saboteada desde sus mercados invadidos por importaciones ilegales

Mediadores

En este escenario adquiere relevancia la intervención de autoridades municipales y estatales.

En Saltabarranca, el alcalde Elvis Laureani Román ha asumido una postura de acompañamiento ante la preocupación de productores y familias que dependen directa o indirectamente de la actividad cañera.

En Ángel R. Cabada, la alcaldesa Samantha Sánchez del Hoyo enfrenta un problema particularmente sensible porque su municipio está directamente vinculado a la zona de abastecimiento y a la vida económica que gira alrededor del San Pedro.

También cabe mencionar que existe una la rumorología sobre el interés de Jorge Fabián Cárdenas Sosa, ex alcalde e hijo de la actual alcaldesa de Lerdo de Tejada, Flor María Sosa Zamudio,  por adquirir el ingenio San Pedro.

No obstante, también se debe decir que, la propia administración municipal en Lerdo de Tejada, había mantenido una relación de colaboración con Grupo Porres en otros ámbitos durante este año, lo que hace todavía más relevante que ahora exista una interlocución institucional que permita defender los intereses de la población sin confundir colaboración con subordinación.

Y otro frente, está también la gobernadora Rocío Nahle García, cuyo pronunciamiento de que los productores de caña de Los Tuxtlas no estarían solos, fue recibido como una señal de respaldo en medio de la incertidumbre.

Pero el respaldo político tendrá que convertirse en acciones concretas.

Porque decirle al cañero “no estás solo” tiene verdadero significado únicamente cuando detrás de esa frase existe una mesa de negociación, un padrón de adeudos, una ruta jurídica y una fecha de pago.

Si seguimos la lógica de los acontecimientos tal como se ha querido manejar desde el lado del Grupo Porres y sus diálogos con actores políticos, lo que debería suceder ahora es que la discusión debe dejar de concentrarse exclusivamente en “salvar el ingenio”.

Claro que hay que explorar hasta el último momento cualquier alternativa que permita mantenerlo operativo: inversión, asociación, venta, arrendamiento, modernización, reestructuración o cualquier esquema que resulte técnica y financieramente viable.

Pero si la decisión empresarial es irreversible, el objetivo inmediato debe cambiar para que el cierre de una fábrica no se convierta en la quiebra de una región y para eso tendría que construirse, cuando menos, una mesa formal entre Grupo Porres y representantes de los trabajadores, donde tengan también participación dependencias laborales y agropecuarias; las organizaciones cañeras, productores independientes y por supuesto el gobierno estatal y federal, así como las autoridades municipales de los municipios afectados.

Esa mesa debería producir algo muy concreto, un padrón público y verificable de obligaciones pues a la fecha todo es discurso, y todo gira alrededor de la promesa de pago, de que no se dejaran deudas, de reforzar la idea de que se baja la cortina pero no ha quiebra, pero para darle solidez a ese argumento se necesita avanzar en la intención de pago y pasar a las soluciones consecuentes.

No se sabe a la fecha cuanto se debe a obreros, ni a trabajadores de confianza, a productores, a transportistas, a proveedores, ni cuánto corresponde a finiquitos y prestaciones. Tampoco se sabe sobre los plazos planeados para realizar pagos ni cual será la fuente de los recursos ni quien supervisará que los pagos se cumplan y esas son realmente los puntos que importan, porque el cierre no puede convertirse en otro expediente olvidado. Hay casos, antecedentes de promesas que prolongaron la agonía de la industria azucarera en zonas donde la economía está anclada fuertemente a esta única actividad. La promesa de pago, el eufemismo para no utilizar la palabra quiebra, al final concluyen en lo mismo, una negociación que solo sirve para tranquilizar a los afectados hasta que se resignan a que todo terminó. Pero de eso hablaremos en la siguiente entrega. Por la Libre.