El peso del azúcar como motor económico de Lerdo de Tejada y municipios vecinos es abrumador y preocupa por ello el inminente cierre de operaciones en el San Pedro. El costo del abandono de una industria herida de muerte por las importaciones ilegales y también las legales, hoy lo pagan obreros, productores y sus familias.

La historia de los ingenios extintos en Veracruz se escribe con la misma tinta amarga; expedientes congelados, demandas laborales infinitas, laudos sin ejecutar y comunidades enteras pagando el plato roto de decisiones tomadas en escritorios muy alejados del surco. La Concepción es un recuerdo doloroso; San Francisco El Naranjal, una cicatriz abierta. Que el Ingenio San Pedro, ubicado en Lerdo de Tejada, termine recorriendo la misma senda, no solo sería una tragedia social, sino un error imperdonable.

La industria azucarera mexicana atraviesa marejadas complejas. La zafra 2024-2025 dejó pérdidas estimadas en 15 mil millones de pesos para los productores a nivel nacional, golpeados por la caída de precios, sobreofertas y la entrada de importaciones subvaloradas. Atribuir la crisis actual únicamente a las decisiones directivas de Grupo Porres sería simplificar un problema estructural. México lleva años postergando una política agrícola integral que no se limite a apagar incendios cuando el conflicto ya estalló. Falta una estrategia comercial blindada contra el dumping, inversión real en modernización y organizaciones cañeras con rendición de cuentas.

Sin embargo, las crisis no justificaron el abandono ni la falta de empatía institucional.

Las recientes declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle grafican con dureza el malestar social, apenas ayer algunos medios aseguraban que la mandataria estatal criticó la ausencia del dueño del corporativo Porres. "Se fue a Europa y dejó el caos", recriminó al referirse a Othón Porres Bueno, señalando lo inadmisible de anunciar el cese de operaciones y abandonar el país dejando a 1,500 familias en la incertidumbre. El Gobierno estatal ha sido enfático al sostener que el volumen de producción que maneja San Pedro de entre 1 y 1.2 millones de toneladas de caña por zafra, no justifica una quiebra expedita.

El impacto de esta coyuntura desborda los límites de Lerdo de Tejada. Afecta directamente a municipios vecinos como Saltabarranca, Ángel R. Cabada y a toda la cadena productiva de Los Tuxtlas. La caña no es un cultivo aislado; cada tonelada cosechada activa un engranaje económico que alimenta a cortadores, transportistas, talleres mecánicos, estaciones de servicio, comercios locales y comedores populares. Cuando el trabajo de la fábrica se suspende, todo ese circuito pierde velocidad y la liquidez desaparece de las mesas familiares.

Frente a la parálisis, la estrategia gubernamental no debe limitarse a la contención social. La ruta de trabajo planteada tras las reuniones entre el Ejecutivo estatal y los trabajadores abre un espacio de maniobra que debe ser aprovechado al máximo para preservar la operación.

Buscar la continuidad operativa como prioridad es la vía inmediata propuesta por el gobierno durante el diálogo con los obreros y productores afectados. Si la administración actual insiste en retirarse, deben abrirse los canales para la llegada de nuevos esquemas de inversión o grupos empresariales con capacidad de gestión.

Para ello es indispensable la integración de la fuerza laboral de los más de 500 trabajadores de base y eventuales, que ante un discurso esperanzador de Rocío Nahle, han mostrado disposición para colaborar en esquemas de mantenimiento, limpieza y recuperación de las instalaciones, salvaguardando la infraestructura mientras se define el estatus jurídico.

La intervención planteada por Rocío Nahle para acudir ante la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda para conseguir respaldo federal inmediato, debe buscar garantías estructurales, al tiempo que la asistencia emergente, como las canastas alimentarias entregadas a través del DIF Estatal, a lo cual el gobierno estatal se ha comprometido para mitigar la falta de pagos salariales en lo inmediato.

Si la postura empresarial de cerrar es definitiva, que cierren la operación, pero no las obligaciones, eso no está a discusión, los afectados exigen justificadamente liquidaciones conforme a derecho para los obreros, finiquitos transparentes para los productores cañeros y saldos saldados con proveedores. Pero si existe una posibilidad real de reactivar las calderas, la iniciativa privada, el gobierno y la fuerza laboral tienen el deber de agotarla.

Cerrar una fábrica es un trámite corporativo; cerrar el motor económico de toda una región es clausurar el futuro de Los Tuxtlas, y eso es algo que Veracruz no se puede permitir. Que los trabajadores reciban lo que legalmente les corresponde, que los productores reciban sus liquidaciones, que los proveedores cobren, que las cuentas sean transparentes y que las autoridades acompañen el proceso hasta el último pago.

Si existe una posibilidad real de mantener la factoría operando, entonces que gobierno, productores, trabajadores e iniciativa privada se sienten a buscarla con seriedad, porque una cosa es cerrar un ingenio y otra muy distinta es cerrar el futuro económico de Los Tuxtlas, y eso, sencillamente, no debería permitirse.

Lo de hoy fue un alivio momentáneo, y aunque hay confianza de parte de los obreros, productores y proveedores, en el aire queda esa sensación de que de nueva cuenta están pateando el bote, haciendo tiempo, mientras se define realmente si habrá o no solución favorable. Y no es pesimismo, es que, de nueva cuenta, aun habiendo representantes de Grupo Porres en diálogo con los alcaldes de Ángel R. Cabada y Saltabarranca, así como con la Gobernadora, siguen sin establecer un calendario de pagos, no hay agenda para saldar laudos y sobre todo, sospechosamente, la alcaldesa de Lerdo de Tejada, aunque ha manifestado ser también partícipe en mesas de diálogo, fue la gran ausente. Imperdonable que no haya pasado por (presuntamente), llegar tarde a la reunión; injustificable que siendo quien principalmente debería estar tomando acciones y llevando las negociaciones locales junto con sus homólogos de municipios vecinos, permanezca muda y aparentemente atada de manos. Esperemos ahora el desarrollo de acontecimientos y hasta la próxima entrega de esta columna, confiamos en que prepondere el compromiso y se cumpla a cabalidad con los que más sufren este cierre, los obreros, productores, proveedores y sobre todo sus familias. Nos leemos en la próxima, Por la libre.