Hay cierres que se anuncian como decisiones empresariales y otros que, aunque jurídicamente puedan explicarse como una determinación financiera, terminan convirtiéndose en un problema social. El eventual cierre definitivo del Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, pertenece a esa segunda categoría.

Porque en Los Tuxtlas la caña no es solamente una actividad agrícola. Es salario, transporte, comercio, renta de maquinaria, corte, acarreo, talleres, refaccionarias, pequeños negocios y, sobre todo, una forma de vida construida alrededor de la zafra.

Por eso sería un error reducir la discusión a una pregunta: ¿por qué Grupo Porres decidió cerrar? La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué ocurrirá con quienes durante décadas hicieron posible que el San Pedro funcionara?

Y ahí comienza el verdadero problema porque no es solamente el cierre de una fábrica. El Grupo Porres ha señalado que la decisión obedece a razones estratégicas y a la rentabilidad de la operación, no a una declaración de quiebra. La propia empresa se presenta como un grupo con cuatro ingenios y una producción aproximada de 400 mil toneladas de azúcar anuales; el San Pedro forma parte de esa historia empresarial desde su adquisición oficial en 2009.

La intención no basta.

Sin embargo, cerrar por falta de rentabilidad no significa desaparecer las obligaciones adquiridas y Grupo Porres ha expresado públicamente que cubrirá todos los saldos pendientes. 

La empresa puede dejar de moler, puede desmontar una operación, puede modificar su estrategia; pero los salarios, prestaciones, finiquitos, liquidaciones de caña, compromisos con proveedores y demás obligaciones no desaparecen porque la maquinaria deje de funcionar. Y ahí es donde la región necesita certezas.

Hasta ahora, la información pública no incluye con precisión un calendario, monto global o mecanismo detallado mediante el cual Grupo Porres liquidará cada uno de los adeudos pendientes del San Pedro. Por eso, más que repetir que “se pagará todo”, lo que corresponde ahora es exigir algo mucho más sencillo: fechas, padrones, montos y responsables.

Una empresa de esta dimensión debería poder presentar una ruta de liquidación verificable.
El antecedente que nadie quiere repetir

Pero las heridas históricas en el sector azucarero, vienen de muchos años antes en el Estado de Veracruz. La Concepción, en Jilotepec, en 2010, dejó una herida que todavía no cicatriza. Trabajadores denunciaron durante años salarios caídos y la falta de liquidaciones; incluso en 2025 ex obreros reclamaban un laudo que, según su representante, rondaba los 100 millones de pesos.

Y más cerca, en los Tuxtlas, ya saben lo que significa perder un ingenio, con el antecedente del cierre del ingenio San Francisco, que pasó por un intento gubernamental de mantenerlo vivo a través de un fideicomiso y luego con la propuesta pública de convertirlo en planta de etanol. Nada más alejado de la realidad, el desenlace todos lo saben.
El caso del Ingenio San Francisco El Naranjal, en Lerdo de Tejada tiene coincidencias preocupantes. La factoría se declaró oficialmente en quiebra en 2014, con deudas que incluían salarios, trabajadores de confianza, transportistas y otras obligaciones. En 2021 se anunciaba su reactivación y la liquidación de trabajadores que arrastraban adeudos desde el cierre.

Hay una lección elemental en ambos casos el problema no termina cuando el ingenio deja de producir, en realidad, en ocasiones, apenas comienza el calvario.

El cierre del San Francisco incluso fue asociado posteriormente con desempleo, migración y una caída severa de la actividad económica de Lerdo de Tejada; años después se hablaba de una reducción de hasta 60% de la economía local y de miles de habitantes que abandonaron el municipio en busca de oportunidades, algunos migrando incluso al extranjero.

Ese es el fantasma que hoy vuelve a recorrer las calles de la región, la caña que queda en el campo, el impacto no se concentra en Lerdo de Tejada.

La zona de abastecimiento del San Pedro comprende una amplia región productora y el cierre afecta a productores de Ángel R. Cabada, Saltabarranca, Lerdo de Tejada, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla, entre otros municipios.
En San Andrés Tuxtla, por ejemplo, el problema puede sentirse en comunidades como Los Manantiales, Laguna de Tizatal, Tapalcapan, Las Delicias, La Aurora y Laguna Escondida, donde el San Pedro representaba una salida relativamente cercana para la cosecha.

En Santiago Tuxtla ocurre algo similar con Tres Zapotes, mientras que en otras comunidades como Tapalapan y Sinapan la actividad cañera forma parte, desde hace años, de la economía rural.

La pregunta es brutalmente sencilla. ¿A dónde irá ahora esa caña?

Porque transportar la producción a otro ingenio no es una solución automática. Distancia significa flete. Flete significa costos. Y costos adicionales, cuando el precio de la caña ya está presionado, pueden convertir una parcela productiva en una actividad prácticamente inviable.

El problema nacional del campo se tambalea en la misma tabla en casi todos los sectores primarios, producir mucho y ganar poco.

Aquí aparece una paradoja que merece una discusión mucho más seria, México no está ante una crisis porque haya dejado de producir azúcar, al contrario.

Al 4 de julio de 2026, la producción nacional acumulada de la zafra 2025/2026 alcanzaba 5 millones 314 mil 884 toneladas de azúcar, 11.47% más que en el mismo periodo del ciclo anterior. La molienda acumulada rondaba los 49.5 millones de toneladas de caña, con 47 de los 49 ingenios participando en la zafra.

Entonces, ¿cómo puede ser que una industria produzca más y al mismo tiempo tenga ingenios con problemas de rentabilidad?

La respuesta está en el mercado pero eso lo platicamos en la próxima entrega. Por la Libre.