Muchas aristas rodean la decisión de que los partidos políticos entreguen su financiamiento público para los damnificados de la tragedia de los sismos en México.

Hay que comenzar por decir que no es dinero de los partidos. No es un favor que nos estén haciendo, idea que se nos ha querido endilgar.

Los institutos políticos no están haciendo una caridad, simplemente el dinero de los contribuyentes que pasaba por sus manos ahora regresaría a los ciudadanos de una manera más útil.

Ante esta iniciativa surgen varias preguntas.

¿Quién va a fiscalizar el recurso? ¿Qué garantías tenemos de que se utilizará  correctamente?

Sería sano que ese recurso no fuese administrado por personajes e instituciones ligados a la política y a la administración pública actual, porque entonces caeríamos en lo mismo, en actos de campaña.

En días pasados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo a través de su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, que donaría el 25% de sus recursos del presupuesto 2017 de manera inmediata.

Más tarde, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Movimiento Ciudadano (PMV) hablaban ya de donar el 100% del financiamiento a partidos de 2018; propuesta a la que más tarde se tuvo que unir el PRI.

Andrés Manuel López Obrador, Dirigente Nacional de Morena está dispuesto a prescindir solamente del 50% del presupuesto anual del próximo año.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ya su techo presupuestal para el 2018, una bolsa de 6 mil 778 millones de pesos.

Con este recurso se previó el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes, en 2018, el presupuesto más alto de la historia para unas elecciones.

Dicho monto todavía no es definitivo porque debe ser aprobada por el Congreso de la Unión a más tardar el 15 de diciembre del año en curso.

Hay que dejar claro que no hay un antecedente legislativo en la historia del país para reorientar un recurso que es etiquetado para el financiamiento de partidos.

¿Cómo torcer las reglas del juego para una buena causa? Los 500 diputados no pueden hacerse de la vista gorda, aunque suene injusto e irrisorio.

Hay una razón humana, comprensible y entendible para disponer de ese recurso, pero no hay razón jurídica para poder usarlo en otras tareas; de hacerlo, se estaría violando - en este momento-  la Constitución, y la Ley General de Partidos Políticos.

En San Lázaro, en el INE y el en Tribunal Federal Electoral (TRIFE) tienen un gran problema que resolver, y tendrán que hacerlo de la mejor manera, porque el pueblo así lo desea.

La salida más fácil y rápida para esta ocasión, comentan los expertos, es que todo el proceso para financiar a los partidos se realice con toda normalidad, por los canales adecuados y habituales, sin salirse de la ley.

Lo único que tendrían que hacer los partidos políticos es donar el recurso de manera voluntaria; el cual recomiendan se concentre en un fideicomiso ajeno a la clase política para que sea administrado con claridad.

Y sin duda, el tema tendrá que abordarse con más calma desde el Congreso de la Unión para años posteriores, si es que sigue latente de parte de la sociedad quitarle el subsidio a los partidos.

Paradójicamente el que los partidos políticos no tengan financiamiento -y no es justificación-  los deja a merced de dos circunstancias peligrosas para la sociedad, y no pensemos siquiera en la clase política, sino en la población.

Podrían tomar dos caminos: el financiamiento del crimen organizado a través del lavado de dinero con mayor fuerza, lo que significa abrirle la puerta al enemigo y empoderarlo. O bien, con la llegada del financiamiento de asociaciones civiles e iniciativa privada con intereses,  traería una mayor corrupción.

El dinero mal habido alimentará más lo que ya sabemos que existe: la narco-política. Y el dinero privado traerá más corrupción, porque si algo sabemos es que casi nadie pone de su dinero sin recibir algo a cambio.

Nos leemos hasta la próxima.

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