“¿Usted no meterá las manos (por Arturo Bermúdez)?”, le preguntaron este jueves al gobernador Javier Duarte de Ochoa, tras la renuncia de su secretario de Seguridad Pública, luego de la filtración de sus millonarias propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos.

“Por supuesto que no. Soy el más interesado en que todo se esclarezca”, respondió Duarte, quien además, se deslindó del ostensible enriquecimiento de varios de sus colaboradores. “No tengo conocimiento del patrimonio de cada quien en lo personal, ése no es mi trabajo ni mi responsabilidad”, sostuvo.

Solamente que Javier Duarte hubiera sido ciego o sufriera algún tipo de retraso mental no se habría dado cuenta de la manera grotesca como varios de los miembros de su equipo se volvieron millonarios de la noche a la mañana, lo que ahora lo tiene contra la pared, acorralado por los señalamientos de la brutal corrupción de su gobierno, de los que ya no podrá librarse jamás, independientemente de cuál termine siendo su destino legal.

Por ello es que ahora Javier Duarte ha optado por el deslinde de quienes antes defendió a capa y espada. Lo hizo primero con su ex tesorero y cargamaletas Vicente Benítez. Y lo repitió ahora con Arturo Bermúdez, el único funcionario que parecía inamovible.

Lejos quedó aquella defensa del mes de enero de 2014, cuando Duarte de Ochoa declaró a los medios que primero se iba él de su cargo, que Arturo Bermúdez de la dependencia que encabezó hasta este jueves. Se fue Bermúdez, en medio de señalamientos de enriquecimiento, pero Duarte se aferra a quedarse hasta el último día de su mandato.

La cloaca, empero, está lejos de cerrarse. Y los duartistas implicados no dudarán en hundir a quien sea necesario con tal de salvarse a sí mismos, como quedó de manifiesto con las declaraciones que este mismo jueves hizo el primer contralor del sexenio, Iván López Fernández.

Al arribar a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República para rendir su declaración dentro de las indagatorias que realiza el Ministerio Público federal por las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por peculado y daño patrimonial, López Fernández señaló que todo esto se debe a que hubo “simulación administrativa que los mandos medios y superiores han hecho del Gobierno del Estado”.

En el lenguaje enredado y casi ininteligible que caracteriza al ex contralor, sí dejó en claro una cosa: “el hecho de decir ‘sí hice’ y no hiciste, porque las pruebas dicen otra cosa, para mí es una simulación de responsabilidades”.

Lo que dice Iván López no es poca cosa. Acepta que la administración estatal, hasta los más altos niveles, simuló cumplir con sus responsabilidades. Tan sólo eso acredita el delito de incumplimiento de un deber legal.

Tal fue la historia del sexenio. Los encargados de las finanzas simularon que administraban el patrimonio del estado; los del área de desarrollo social, que combatían la pobreza; ni se diga del responsable de la seguridad pública, que se dedicó a hacer negocios a los ojos de todo el mundo mientras la violencia ensangrentaba a todo Veracruz.

Pero Javier Duarte se equivoca. Sí era su responsabilidad y sí era su trabajo que sus colaboradores, a quienes invitó a trabajar a su lado, cumplieran con su encomienda y se condujeran con honestidad.

El problema es que él, también, simuló que gobernaba a Veracruz.

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