Es un hecho, Grupo Más ya opera y desaparece el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS). ¿Qué significa? Que la iniciativa privada (IP) es hoy responsable del suministro de agua, saneamiento y drenaje en los municipios de Veracruz y Medellín.

El agua, a la que todos tenemos derecho como un elemento indispensable para vivir, se vuelve negocio con la venia de las autoridades municipales de ambos municipios y del propio Congreso del Estado, de mayoría priista.

Si bien pagabamos agua a las autoridades como un servicio público, hoy lo haremos como un servicio privado, el agua se convierte en un producto tal como sucedió con el agua embotellada para beber.

No olvidemos que quien invierte es quien manda y pone las reglas, aunque exista un título de concesión por parte de las autoridades municipales; recordemos que el alcalde ya se va mientras que la empresa se queda por 30 años.

La razón de privatizar el agua es mejorar el servicio y en eso no hay pero que valga, no obstante siempre que se hacen negocios entre autoridad e iniciativa privada, unos cuantos salen ganando mientras que la ciudadanía siempre sale perdiendo, y lo peor, poniendo.

En este contexto, el cliente siempre estará enmedio de los intereses de una empresa a la que seguro le importará más recuperar su inversión por encima del bien común o social.

Las promesas de esta privatización a mediano plazo son: 40 mil familias que tendrán servicio de agua potable, y 20 mil más contarán con servicio de drenaje; sin que exista aumento por el servicio en lo que resta del 2016 al 2017.

Otra es la vigilancia del trabajo de la empresa privada a través de un órgano regulador que vigilará las metas de eficiencia, así como la creació  de dos fideicomisos para  garantizar la viabilidad financiera de las operaciones.

Todo esto con una inversión del Grupo Más de 10 mil 400 millones de pesos, dijo el alcalde Ramón Poo en rueda de prensa acompañado por directivos de la empresa.

Los objetivos a largo plazo suenan bonitos pero parecen inalcanzables, por eso es importante que la ciudadanía apunte por ahí, en un papel, este listado de compromisos que ojalá y se logren.

Comentaron que van por el 100 por ciento una cobertura de micro medición en un plazo de cuatro años. Cobertura de agua potable de 98 por ciento en un plazo de 15 años.

Cobertura de drenaje al 80 por ciento en 20 años. Continuidad del servicio al 100 por ciento en 10 años. Cobertura del saneamiento al 100 por ciento en ocho años. Eficiencia física al 72 por ciento en 11 años; y una eficiencia comercial del 95 por ciento en siete años.

Mientras todo está en papel y en buenas intenciones, el alcalde dijo que mil 255 trabajadores sindicalizados del extinto SAS serán liquidados, sí, despedidos, separados de sus empleos, proceso en el que según el munícipe se finiquitará a todos al cien por ciento conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Indicó que Grupo Más ofrecerá empleo a  398 personas, 250 estarán a disposición del Sistema de Agua de Boca del Río; 120 se les ofrecerá acceder a su programa de jubilación; mientras que 487 podrán ingresar en la cooperativa ya conformada MIRADREN, en la cual realizarán labores de mantenimiento y son la primera opción de Grupo MAS, para los requerimientos de obra de mano.

El sindicato de los trabajadores del desaparecido SAS, en voz de su dirigente  Angélica Navarrete Mendoza continúan en su lucha porque se les respeten sus fuentes de trabajo y en todo caso sus derechos laborales conforme a la ley. Lo cierto es que miles de personas se quedarán sin empleo, muchos de ellos de los que dependen familias enteras.

Y es cuando cabe la pregunta: ¿De qué lado están las autoridades? A caso le preguntaron a la ciudadanía para tomar tal decisióno, o consultaron a los miles de trabajadores del sindicato quien hoy, por decisiones unilaterales están ante un futuro incierto. Lamentable.