Antes, el crimen tenía rostro. El secuestrador privaba de la libertad a una persona, exigía dinero y mantenía en vilo a una familia. Hoy, el delito evolucionó. Ya no necesita encerrar cuerpos, sino capturar economías. La extorsión se ha convertido en el nuevo secuestro del siglo XXI, más discreta, más extendida y mucho más devastadora.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 585 víctimas de extorsión, un aumento del 5.2 % respecto al mismo periodo del año anterior. En términos anuales, el incremento fue del 20.8 %, la cifra más alta desde que se lleva registro oficial. Sin embargo, el dato más alarmante no es el número de denuncias, sino las que no existen. Se estima que nueve de cada diez extorsiones no se denuncian, lo que convierte a este delito en una epidemia silenciosa que avanza por miedo y desconfianza.

La extorsión ya no se limita a una llamada telefónica o una amenaza por mensaje. En muchas regiones del país, grupos criminales exigen pagos semanales o mensuales a comerciantes, productores, transportistas y empresarios bajo el pretexto del “derecho de piso”. No distinguen entre quienes trabajan formalmente, quienes operan en la economía informal o incluso quienes realizan actividades ilícitas. El mensaje es el mismo: pagar o enfrentar las consecuencias.

El impacto social es profundo. Cada negocio que cierra por miedo o incapacidad de pagar una cuota representa decenas de familias sin sustento, comunidades que se vacían y cadenas productivas que se interrumpen. Si antes el secuestro destruía una familia, hoy la extorsión destruye economías completas. Es el secuestro colectivo del México actual.

Pero el problema no termina en la amenaza. Empieza en el sistema de justicia. La mala integración de las carpetas de investigación, la deficiente recopilación de pruebas y los errores en la puesta a disposición de los jueces permiten que los responsables salgan libres o que los casos se caigan en los tribunales. Esta falla estructural alimenta la impunidad, que a su vez estimula la repetición del delito.

El resultado es un doble efecto perverso. Por un lado, los delincuentes saben que el riesgo de castigo es mínimo, lo que los impulsa a seguir cobrando. Por otro, las víctimas dejan de denunciar porque sienten que hacerlo no servirá de nada o, peor aún, que podría ponerlas en mayor peligro. La extorsión sobrevive gracias al miedo y la desconfianza.

La impunidad no solo protege al criminal, también erosiona la economía. Cada acto de extorsión desincentiva la inversión, reduce la generación de empleos y mina la competitividad regional. Sectores como el transporte, la agricultura, la construcción o el comercio minorista se han convertido en blancos constantes. Y aunque las cifras oficiales reflejan solo una parte del fenómeno, el impacto real se mide en negocios cerrados, calles vacías y proyectos truncos.

Combatir la extorsión exige más que operativos o patrullas. Requiere inteligencia, coordinación interinstitucional y confianza ciudadana. Se necesitan procesos judiciales sólidos, ministerios públicos capacitados y sanciones ejemplares que devuelvan la certeza de que denunciar vale la pena. El reto es reconstruir la credibilidad del Estado en materia de seguridad y justicia.

La extorsión es el secuestro invisible de nuestra época. No encierra personas, pero encadena economías. No pide rescates, pero cobra rentas de miedo.
Y mientras el silencio siga siendo la respuesta, el crimen seguirá ganando.
Denunciar, organizarse y exigir justicia no son actos de valor aislado: son la única salida colectiva.

#ParaSerMejores sabiduría e inteligencia 

Dr. Jeremías Zúñiga Mezano