Herida, sabe ya la Iglesia católica que Javier Duarte es letal, su indolencia insana, su colusión con el crimen organizado, la complicidad que provoca muerte y que hoy derrama la sangre de dos sacerdotes en Papantla, secuestrados y ejecutados.

Llora la Iglesia católica por sus hijos en la fe. Llora por Alejo Nabor Jiménez Suárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, levantados por un grupo armado entre la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Poza Rica, al norte de Veracruz.

Y reclama el Episcopado Mexicano “por la violencia ejercida contra ellos” y exige a la autoridad el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia contra los responsables.

Un comando los levantó junto con el chofer de la parroquia, quien logró escapar y así dio aviso a la policía.

Sus cuerpos fueron arrojados en un paraje llamado “La Curva del Diablo, el lunes 19, sobre la carretera Papantla-Poza Rica, en la comunidad Reforma Escolín, en Papantla.

Sobre el piso de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima había huellas de sangre. Fueron golpeados y rastras se los llevaron hacia su destino trágico.

Alejo Nabor tenía 50 años; José Alfredo, 30. Su lugar de culto estaba en remodelación y ellos, quizá para evitar que se llevaran algo, se habrían enfrentado a sus captores. Al final el robo se concretó a dos camionetas, una RAM y una Lancer, propiedad de la diócesis de Poza Rica.

De ahí las huellas de sangre, signo de la violencia que se ejerció contra los ministros religiosos, que dejaron la vida, atados con una estola con la que ofician en sus misas.

Sus cuerpos fueron hallados en “La curva del Diablo”. Presentaban varios disparos, algunos en el rostro, presuntamente a manera de tiro de gracia.

Se cimbra el gobierno de Javier Duarte, gestor de la violencia por incapaz y tolerante, moralmente responsable de la muerte de miles y por el desenfreno de los cárteles, por su indiferencia y complicidad, por haber gestado un ambiente de inseguridad, rebasada la Secretaría de Seguridad Pública y fallidos todos los operativos desarrollados de manera conjunta con el gobierno federal.

Sabe Javier Duarte —o quizá no lo concibe— lo que implica un agravio a la Iglesia católica, al poder Vaticano, un ingrediente más en la pugna de los ministros de culto contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De ahí la premura del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras al advertir que ya hay datos y registro de uno de los plagiarios y asesinos, imaginando “Culín” que los veracruzanos son proclives a creer embustes, que no sospechan, que no escudriñan.

Nada, sin embargo, matiza el malestar de la curia. El comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la máxima instancia de la Iglesia católica en el país, dice:

“La Conferencia del Episcopado Mexicano, expresa sus condolencias, cercanía y oración a la diócesis de Papantla, a su obispo S.E. José Trinidad Zapata Ortíz, a los familiares de los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz que fueron privados de la vida, externamos nuestro dolor e indignación ante la violencia ejercida contra ellos.

“En estos momentos de dolor, impotencia y tragedia provocada por la violencia, elevamos nuestra plegaria al cielo por el eterno descanso de estos hermanos nuestros, e imploramos al Señor la conversión de sus agresores; de la autoridad esperamos el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia contra los responsables”.

Lo suscriben el arzobispo de Guadalajara y presidente de la CEM, cardenal Francisco Robles Ortega, y el obispo auxiliar de Monterrey y secretario general, Alfonso G. Miranda Guardiola.

Hay indignación por el secuestro y ejecución, agraviada la Iglesia católica porque en Veracruz sus sacerdotes son vulnerables, carne de cañón del crimen organizado que, impune, dispone de la vida de todos, implanta un reino de terror, vuelve vulnerable a la sociedad.

Le atiza su adversario de cabecera, Miguel Ángel Yunes Linares. Acusa que es la “ineptitud y complicidad” con la delincuencia lo que pone en riesgo a los veracruzanos.

Describe el caos duartista en materia de seguridad. “Vivimos una ola de violencia —precisa— que debe ser frenada”.

E insta al gobierno federal a asumir el control de la seguridad en Veracruz.

Así reza el comunicado de Yunes azul:

“El homicidio de dos sacerdotes en Poza Rica es la culminación de la ola de violencia que vive Veracruz y que las autoridades pretenden negar.

“Cada día los hechos son más graves, la delincuencia opera con total impunidad ante la actitud complaciente de Javier Duarte, quien está dedicado a defenderse y no a defender a los veracruzanos.

“Es momento de que el Gobierno Federal tome la decisión de intervenir directamente en Veracruz y quitar el mando de las fuerzas de seguridad a Duarte, quien es el responsable directo de la situación que se vive en Veracruz.

“Debemos tener siempre presente que la delincuencia organizada llegó a nuestro Estado de la mano de Fidel Herrera y que éste encomendó a Duarte la protección de los grupos delincuenciales, que operan no sólo con impunidad y protección, sino también con el apoyo de los altos mandos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General.

“Exhorto a todos los veracruzanos a que levantemos la voz para que se escuche fuerte la demanda de vivir en paz.

“El silencio no es solución.

“Sólo con la voz exigente de los ciudadanos se podrá lograr que el Gobierno Federal tome la decisión de intervenir en Veracruz para frenar la violencia”.

Tiene Javier Duarte un problema mayor. Con Alejo Nabor Jiménez Suárez y José Alfredo Suárez de la Cruz suman ya cuatro sacerdotes asesinados durante su gobierno. Los otros fueron Hipólito Villalobos Lima y Nicolás de la Cruz Martínez, ultimados en Ixhuatlán de Madero, adscritos ambos a la diócesis de Tuxpan. El crimen ocurrió el 30 de noviembre de 2013.

Lío grande el de Javier Duarte. En su peor crisis de violencia le matan dos sacerdotes, agraviada la Iglesia católica, en la mira del Vaticano, cuando es más que ríspida la relación con el gobierno mexicano por la intención de Enrique Peña Nieto de legalizar los matrimonios homosexuales.

Día especial el domingo 18. Desde el púlpito, en las homilías, los sacerdotes hablan de la injusticia social, del deterioro de la calidad de vida, del gobierno y la corrupción, del rol que debe jugar el pueblo para cambiar.

Día clave entre el catolicismo mexicano. Exaltan los sacerdotes una expresión con doble fondo: “bien común”. Lo deben buscar los católicos, exhortan, que son millones en México. Y “bien común” es el vértice del ideario panista.

Día de tambores de guerra, cuando las homilías llaman a dejar la indiferencia y actuar, a no contribuir a la corrupción por pasivos.

Una semana después de la mega marcha contra la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, propuesta por Peña Nieto al Congreso federal, en las calles más de 1.5 millones de mexicanos simultáneamente, ocurre el doble crimen de Papantla, segada la vida de Alejo Nabor Jiménez Suárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, los dos sacerdotes secuestrados, asesinados, con tiro de gracia.

Toca el doble crimen a la feligresía y a la curia, al Vaticano que cuando se lo ha propuesto derrumba gobiernos.

No los secuestró Javier Duarte. No les disparó y le dio el tiro de gracia. Sólo dejó hacer y deshacer a los malosos, los encubrieron sus mandos policíacos, se implicaron los elementos de Seguridad Pública en levantones y tortura. Les dio pasaporte de impunidad.

Su pecado es ese. Javier Duarte creó un escenario de violencia e impunidad, a modo para el crimen organizado que ahora secuestra y mata sacerdotes.

Piadosamente demoledora, la Iglesia católica no deja pasar la violencia sobre sus hijos en la fe, los que conforman su estructura, los pastores del rebaño.

Su puño es sutil. Su fuerza se muestra en el mensaje a sus feligreses, la condena a quienes teniendo poder lo usan para encubrir a quien se mueve al margen de la ley.

Llegó al límite Javier Duarte. Coludido el aparato policiaco, el aparato judicial, el aparato de gobierno con el crimen organizado, rebasadas las instituciones, el saldo hoy son dos sacerdotes secuestrados y asesinados.

Su suerte está en manos de la curia.

Archivo muerto

Célebre y respetada, temida por su hablar, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros quiere presidir el Poder Judicial en Veracruz. Observa corrupción, malversación de recursos y nepotismo en el Tribunal Superior de Justicia, aquejado por la inclusión de magistrados impuestos por el poder político, sin formación judicial. Dice la ex juez en Coatzacoalcos, magistrada en el TSJ, que hay improvisación y corrupción en la designación de magistrados, sin perfil ni carrera en los juzgados. Hace trizas al presidente saliente del Tribunal, Alberto Sosa Hernández. Le imputa que haya desviado recursos, millones que fueron a parar a las manos del gobernador Javier Duarte —se sabe que son más de 20 millones de pesos— y lo acusó de plagiar su tesis en materia de justicia familiar, usada por Sosa Hernández para promover la creación de la nueva sala de lo familiar. Dice la magistrada Castañeda Palmeros que lo que se requiere es que el Tribunal cuente con gente que sea león y no borregos. Fortísima su candidatura, no sólo por lo que expresa ahora sino porque al ver la invasión de políticos en el TSJ señaló, el 10 de agosto de 2010, que “ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”… Purga en Morena, el partido del Peje López Obrador. Por inquina de Roselia Barajas —sus rencores y sus odios primero— va la guillotina sobre militantes que no le son afines, que discrepan de la ex diputada federal perredista, que le significan una amenaza a su frágil liderazgo porque si algo tiene es una imagen gris, sin carisma, sin que siquiera alguien atine a decir qué ha hecho por Coatzacoalcos y que alguien sustente que en lo suyo, lo ecológico, haya concretado un proyecto social. Lo del parque Quetzalli fue un robo en abierto, perpetrado por Mónica Robles, su hija, adjudicándose un parque público vía la modalidad del comodato por 10 años para convertirlo en un negocio ambiental. Roselia, que no fue fundadora de las izquierdas como algunos iletrados afirman —léanse nombres y anécdotas de los años 60, relacionadas con los Ponce Montuy, Angel Gutiérrez, Raúl Solezzi, Daniel Cabrera, Heberto Castillo, Wenceslao Zamora, Cuauhtémoc Cárdenas, el Movimiento de Liberación Nacional; ella llegó a Coatzacoalcos en 1983—, trae la guillotina afilada, esgrimiendo a través de su alfil a modo y por ahora, la diputada federal Rocío Nahle García, que los traidores no tienen cabida en Morena, que los que pactaron algún día con el PAN se van. ¿Y cuando Roselia Barajas traicionó al PRD y apareció como contendiente por una diputación plurinominal en Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano? Todo un galimatías pejista, pues doña Roselia y sus marionetas aplican la retroactividad a los estatutos de Morena, como si eso fuera legal, y ejecutan a militantes sobre acciones ocurridas cuando el partido del Peje era asociación política. O sea, la purga de morenistas va, evidenciando fracturas entre la militancia, los odios obsesivos de la relatora del ex Gobierno Legítimo, así tenga que enfrentar Morena los juicios que le interpondrán en tribunales electorales por violación a los derechos políticos de los ciudadanos. Más o menos como si López Obrador y Roselia fueran de la mafia en el poder…

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