El Estado de Derecho, dice Kelsen, puede visualizarse como una pirámide hecha de leyes en que la cúspide es la Constitución general de dicho Estado, y los niveles inferiores están constituidos por las leyes de segundo, tercero y más órdenes, derivadas de la primera. En un Estado bien constituido, no existe ninguna ley o reglamento que no nazca de la Constitución, ni puede existir tampoco ningún mandato que la contradiga en su espíritu y/o en su letra. Tal concepción parece lógicamente impecable si se la mira como se contempla desde el exterior un edificio bien construido; sin embargo, si en lugar de contemplarla estáticamente se piensa en su funcionamiento práctico, salta a la vista una insuficiencia importante: ¿en qué se apoya tal pirámide? ¿Descansa sobre su base o se halla suspendida por el vértice superior? Es decir, ¿la gobierna y controla la población, o ese mismo Estado al que la Constitución norma y regula en beneficio del primero? La cuestión tiene mucho sentido para el ciudadano común y corriente, pues a todos nos parece que la pirámide funciona en una sola dirección, de arriba hacia abajo, y nunca al revés. No hay quien no haya conocido, en carne propia o a través de sus relaciones sociales y de los medios informativos, ejemplos dolorosos en que la ley cae “con todo su peso” sobre los huesos de los más débiles e indefensos, mientras que esa misma ley se vuelve sorda ante los argumentos y ciega ante las pruebas fehacientes de los delitos cometidos por los poderosos, funcionarios de alto nivel o incluso instituciones integrantes del aparato de Gobierno. Sabemos todos cómo y quién tiene que juzgar y castigar al simple mortal, pero nadie sabe qué hacer, qué decir o a quién recurrir en busca de justicia cuando el delincuente es el Estado mismo.

El Estado de Derecho unidireccional se sustenta en una ficción evidente: que los encargados de juzgar y dictar sentencia a los demás mortales están más allá del bien y del mal, es decir, que no padecen ninguna de las llamadas “debilidades humanas” como los intereses materiales, opiniones e intereses políticos, inclinaciones partidarias, juicios preconcebidos sobre las luchas sociales en general y sobre las materias en las que tienen que juzgar, en particular; ningún compromiso o atadura de grupo o de corriente política, etcétera. Por tanto, no existe ningún riesgo de que puedan torcer la ley y emitir una sentencia equivocada y, por tanto, tampoco hay necesidad de que, a su vez, deban responder ante un poder superior al suyo. Todo esto es pura fantasía. En los hechos ocurre todo lo contrario, y de aquí que la pirámide legal unidireccional resulte asaz peligrosa para el ciudadano sin dinero, sin poder y sin relaciones. Doy dos ejemplos de actualidad y del dominio público, lo cual me ahorra el tener que dar mayores pruebas a los posibles lectores.

El primero es el secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, Estado de México, licenciada Maricela Serrano Hernández. A más de cien días de cometido el infame delito, sin que se sepa absolutamente nada ni de la víctima ni de sus verdugos, no hay ya lugar a la duda razonable sobre el carácter político del crimen y, por tanto, tampoco sobre la participación (cuando menos a nivel de protección, embozada pero efectiva) de algún o algunos integrantes del aparato de Gobierno estatal. Así se explica que, a diferencia de lo que ocurre en los casos en que la víctima y sus familiares tienen recursos, fama y acceso a los medios, y el poder público se deshace en condolencias, diligencias, recursos y promesas de pronta solución, en el de don Manuel Serrano no hay, siquiera, una autoridad que se haya responsabilizado de la investigación, no hay ningún compromiso para esclarecerlo, aunque sólo sea para cubrir las apariencias. La autoridad simplemente se ha desentendido de su obligación de administrar justicia y ha dejado a la familia la responsabilidad de “explicar” las causas del secuestro e identificar a los probables responsables. Y peor aún: como Maricela y sus compañeros antorchistas han salido dos o tres veces a las calles de la capital mexiquense, Toluca, a exigir el regreso de don Manuel sano y salvo, ahora todo el Comité estatal antorchista, incluidos la presidenta muncipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández, el diputado federal Jesús Tolentino Román, el alcalde de Chimalhuacán (ingeniero Telésforo García Carreón), la ex presidenta del mismo municipio, Rosalba Pineda y el ex diputado local Miguel Ángel Casique, están acusados y sometidos a proceso por “bloqueo de avenidas” y “ataques a las vías de comunicación”. Así pues, los secuestradores protegidos y las víctimas sujetas a proceso. ¡Y a esto se le llama Estado de Derecho!

El segundo caso está ocurriendo en San Luis Potosí (SLP). Allí, luego de que tras una larga ordalía de trámites amañados, aplazamientos arbitrarios, extravío intencional de documentos, etc., finalmente los obreros de la empresa conocida como Proycal lograron que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) aceptara la prueba del “recuento” ofrecida por ellos para probar qué sindicato ostenta la mayoría, resulta que, en vísperas de la fecha del evento, esa misma Junta revocó el acuerdo, canceló el recuento y ordenó archivar el expediente, alegando que el sindicato demandado y el patrón habían acordado “dar por terminado” el Contrato Colectivo materia del juicio” por mutuo consentimiento. Con tal actuación, la JLCA comete, entre otras, las siguientes violaciones flagrantes a la ley: 1°) atropello al mandato legal que le prohíbe, como autoridad, revocar sus propias resoluciones o desdecirse de lo previamente acordado; 2°) violación del derecho a la paridad procesal, pues deja sin voz a una de las partes; y 3°) atropello arrogante al mandato jurídico que le prohíbe sustraer de la litis el bien jurídico motivo de la misma, en tanto dicho bien esté sub judice, es decir, sujeto a juicio cuya sentencia definitiva no ha sido emitida. Todo esto, y mucho más, han alegado los obreros y sus abogados por las vías del derecho y también ante el gobernador de SLP y la opinión pública del estado, sin que nadie hasta hoy se haya dignado darles, siquiera, una explicación respetuosa. Se trata, pues, de un claro abuso de poder y de prostitución del derecho laboral por quienes tienen el deber de respetarlo y aplicarlo en sus términos, amparados en la absoluta falta de control de su propio desempeño.

 Todo este lodazal, alentado por la sordera de los gobernantes, me hizo recordar el episodio del halcón y el ruiseñor que relata Hesíodo en su obra Los trabajos y los días. Comparando al poderoso con un halcón y a los pobres con un ruiseñor caído en sus garras, Hesíodo hace este discurso que el halcón receta al ruiseñor mientras lo transporta por el aire: “¿Por qué chillas, infeliz? ¡Si yo soy infinitamente más fuerte que tú! Tendrás que ir donde te lleve, y de nada te servirá que seas un hábil cantor. Y haré contigo lo que me plazca, te comeré o te dejaré en libertad. Es un estúpido el que pretenda pelear con uno más fuerte. Quedará vencido y sufrirá, además, con la vergüenza y los tormentos”. Pero el mismo Hesíodo sostiene que, al final, triunfará la verdad: “Incluso ahora –dice– perseguida en todas partes, sigue secretamente a los hombres y trae la desgracia al que la combate”. Y Confucio, el gran pensador chino, aconsejaba: “El poder debe utilizarse de manera que evite la indignación del pueblo y contribuya a consolidar la autoridad del monarca. Cuando logres el afecto del pueblo, lograrás también poder; pero si pierdes aquél, también perderás éste”. Y agrega: “Cuando un soberano virtuoso domina los corazones, domina también el país”. Y la Biblia dice: “El que tenga oídos para oír, que oiga”.