Han pasado ya más de dos meses desde que fuera secuestrado don Manuel Serrano Vallejo, padre de la abogada Maricela Serrano Hernández, Presidenta Municipal de Ixtapaluca, y de su vida, de su estado de salud, de las pretensiones de los secuestradores, del avance de las investigaciones respectivas, etc., no sabemos absolutamente nada. Dicho  sin ninguna gana de exagerar, estamos casi exactamente igual que el primer día. Y lo que resulta todavía más insólito es la displicencia de las autoridades que, por ministerio de ley, tienen la obligación irrenunciable de investigar y resolver crímenes como éste. La indiferencia y la flema con que tales funcionarios actúan y contestan a las legítimas inquietudes de la familia son tales, que resulta imposible no concluir que es algo calculado, intencional, un mensaje subliminal que puede entenderse como un llamado a los interesados a perder toda esperanza en la recuperación de la víctima, una especie de sentencia de muerte y desaparición definitiva transmitida en forma silenciosa, a través del lenguaje corporal de quienes tienen el deber de encontrarla.

Si esta lectura fuera la correcta, de ella se desprendería una muy grave inferencia: que las autoridades saben ya todo lo relativo al secuestro, esto es, quiénes son los autores materiales e intelectuales, cuáles son (o fueron) sus motivos y sus demandas, cuál es la situación actual de la víctima y cuáles son, por último, las intenciones de sus captores. Y que nada de ello favorece ni al secuestrado ni para sus seres queridos, ya que en caso contrario no se explicaría la reserva con que se comportan. Ante esta legítima conclusión, se vuelve obligado enfrentarse a la siguiente dura cuestión: ¿qué se esconde tras el hermetismo oficial? ¿Por qué ese juego perverso con la información que se parece mucho a “como juega el gato maula con el mísero ratón”, que dijo el compositor? ¿Qué hay de peligroso o de explosivo en todo esto, para que se maneje casi como secreto de Estado? ¿Qué ocultan o a quién protegen los que se reservan la información para sí, negando a la familia y a la opinión pública el indudable derecho que tienen de saber la verdad? Obviamente, no se trata de un gesto de delicadeza y de tacto hacia el dolor de la familia, pues la incertidumbre hace más doloroso para ella el secuestro, y las autoridades lo saben.

Pero veamos el problema por otra de sus caras. Como lo publiqué oportunamente, justo en el momento en que todo parecía indicar que se llegaría a un consenso sobre el camino seguro para negociar con los secuestradores y rescatar con vida a don Manuel, en una reunión entre familiares y amigos de la víctima, representantes de Gobernación Federal y el Procurador de Justicia del Estado de México, este último, intempestivamente y en un tono agresivo que contrastaba con la atmosfera de la reunión, se puso a exigir a Maricela Serrano que aportara las pruebas de que el gobernador Eruviel Ávila era el autor intelectual del secuestro o, de lo contrario, se negaba a llegar a ningún tipo de acuerdo. Fue inútil que tanto la directamente señalada como sus compañeros explicaran, una y otra vez y con absoluta claridad, que tal acusación jamás había existido; el Procurador se mantuvo en sus trece y, al final, abandonó la reunión, no sin antes “recordar” a todos que la investigación del caso estaba en sus manos y sólo en sus manos. A Maricela y acompañantes no les quedó duda que el súbito ataque de irracionalidad del Procurador no era más que una burda maniobra para reventar la reunión y eludir el compromiso de rescatar con vida a don Manuel. El tiempo demostró que no se equivocaban, pues en una o dos llamadas más que todavía hicieron con posterioridad los supuestos secuestradores, se negaron a dar una prueba de vida del secuestrado, a pesar de que era evidente que de ello dependía el monto y pago del rescate, con lo cual, prácticamente, confesaron que el dinero no era lo que les interesaba. Y después de eso, nada. Silencio total, y no sólo de los secuestradores, sino, también de la Procuraduría de Justicia mexiquense, hasta el día de hoy.

Por otra parte, los contactos habidos entre la familia Serrano Hernández y los representantes nacionales y estatales del Movimiento Antorchista, con algunos funcionarios federales y con diputados al H. Congreso de la Unión, les han permitido a los primeros comprobar que, en todos esos contactos hay una constante que consiste en que, en un lenguaje estudiadamente sibilino pero entendible, deslizan el mensaje de que el secuestro es “político” y que, en el fondo, está el odio de gente poderosa del Estado de México cuyos intereses se han visto lesionados por el trabajo del antorchismo mexiquense. Si juntamos, pues, ambas vertientes del asunto que he tratado de resumir, resulta claro que no queda margen ya para pensar que el secuestro de don Manuel es un crimen común y corriente que se resolverá por la vía económica. Y tampoco queda margen, por tanto, para seguir eludiendo la temida conclusión de que se trata de un crimen de Estado, esto es, de un hecho delictuoso en que, de alguna manera y en alguna medida (aunque sólo sea por permisividad y omisión en la función investigativa y punitiva), están interviniendo personajes que desempeñan altos cargos públicos en el Estado de México.

Ahora bien, así las cosas, es imposible dejar de advertir la gravedad y la trascendencia de tal situación. La violencia institucionalizada, el Estado delincuente, dicen los estudiosos del tema, nunca son gratuitos ni se explican sólo como errores personales de perspectiva política e histórica. Surgen casi siempre de una profunda crisis social y económica que provoca, de un lado, el descontento de las masas populares, que siempre llevan la peor parte en tales crisis, y de otro, la ausencia de todo margen de negociación por parte del Estado para satisfacer, en alguna medida, las demandas de las mayorías empobrecidas. El único remedio posible en tales casos es una sobre explotación adicional de las capas populares, privándolas hasta de lo más indispensable, como alimento suficiente, salud, abrigo y educación, lo cual sólo puede llevarse a la práctica mediante el empleo de la fuerza, legal e ilegal, hasta donde sea necesario, pues no hay Estado de Derecho capaz de convencer a la gente de morirse de hambre “pero dentro de la ley”. Hace rato que en el país hay síntomas serios de violencia institucional, de violaciones reiteradas a la ley que protege la vida y los derechos fundamentales de los ciudadanos, a los cuales se agregan ahora el secuestro de don Manuel Serrano y las masacres en Oaxaca contra los indígenas de Yosoñama, que comienzan a cobrar visos de genocidio, a ciencia y paciencia del gobierno de aquel Estado. ¿De qué se trata? ¿Alguien se ha vuelto loco con el poder y se siente superior a todo y a todos, incluida nuestra Ley de leyes, o nuestra economía requiere una cura de caballo a costa de los más pobres entre los pobres? La respuesta más segura, como siempre, queda en manos del tiempo. Poco ha de vivir quien no conozca la respuesta.