Veracruz, Ver.- Josefina Tejeda Rosas, vecina del municipio de Veracruz, comenzó a presentar severos problemas en la piel: picazón, manchas oscuras e irritación. Tras acudir al dermatólogo, le diagnosticaron dermatitis atópica y tiña, enfermedades que, según el especialista, podrían estar relacionadas con la calidad del agua que utiliza a diario.

Desde entonces, Josefina tiene prohibido bañarse con agua de la llave y debe comprar garrafones para su uso personal. “No es justo lo que están haciendo ellos; la dermatitis tópica puede causar cáncer incluso”, lamentó.

No es la primera vez que habitantes de Veracruz y Medellín de Bravo denuncian la mala calidad del servicio a cargo de Grupo Más, concesionaria del agua y saneamiento desde 2015. Señalan que, además de las altas tarifas, el líquido suele salir con olor desagradable y un aspecto turbio, parecido a la arena.

La mañana de este viernes, Josefina y otros vecinos se manifestaron frente al Poder Judicial Federal en Boca del Río. Esperaban la resolución de los magistrados sobre el futuro de la concesión de Grupo Más, luego de que la empresa incumpliera con una sentencia previa.

Pedro Rivera García, coordinador de la agrupación Casa Zapata Veracruz —que en siete años ha promovido 35 demandas colectivas que involucran a más de mil 500 familias— explicó que en noviembre de 2024 el Juez Sexto de Distrito ordenó a la compañía presentar el certificado de condiciones de agua, requisito establecido en el reglamento de la Ley General de Salud.

La empresa tenía 10 días para entregar dicho documento, indispensable para la operación de cualquier organismo público o privado de suministro de agua, pero no lo hizo. “Hasta hoy nunca pudieron conseguirlo. Por eso el juez turnó el expediente al Segundo Tribunal Colegiado para dictar sentencia sobre el incidente de inejecución”, indicó.

Rivera García advirtió que, al no contar con el certificado, Grupo Más podría perder la concesión: “El expediente ya está cerrado y no hay documentos que acrediten el cumplimiento. Confiamos en que los magistrados resuelvan en favor de la ciudadanía y ordenen cerrar los pozos que están en pésimas condiciones”.

Además de la mala calidad del agua, señaló abusos en las tarifas, deficiencias en el servicio y malos tratos hacia los usuarios. También consideró que, en caso de que los magistrados no retiren la concesión, podrían turnar el caso al Congreso del Estado para que determine la extinción del contrato.

Horas después de la protesta, la empresa emitió un comunicado en el que aseguró que desde hace un año inició el trámite para obtener la certificación sanitaria. No obstante, habitantes recordaron que la concesionaria opera desde hace más de ocho años sin haber cumplido con ese requisito legal.