Xalapa, Ver.- Un juez federal en Boca del Río exige a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) acreditar la calidad del agua que suministra en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.

Ante ello, la concesionaria deberá presentar -en un plazo de 15 días- un certificado sanitario, o de lo contrario, podría ser sancionada e incluso, perder la concesión.

El fallo se derivó de un amparo interpuesto por vecinos inconformes, quienes denunciaron que la compañía nunca acreditó con documentos oficiales que el servicio de agua potable cumpliera con las normas de salubridad. La falta de ese certificado, alegaron, vulnera su derecho al acceso a agua segura y de calidad.

La sentencia recuerda que el título de concesión obliga a Grupo MAS a garantizar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de forma constante, bajo los parámetros que establecen la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Dicho cumplimiento, debe ajustarse a lo estipulado en las normas NOM-230-SSA1-2002 y NOM-179-SSA1-1998.

Así que, el juez federal ordenó que, el certificado de condición sanitaria correspondiente a 2025 sea entregado en el plazo fijado. En caso de incumplimiento injustificado, la empresa se hará acreedora a una multa equivalente a 230 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), además de otras sanciones previstas en la concesión.

De acuerdo con la normatividad, la reiteración de faltas como atrasos, fallas en la continuidad del servicio, incumplimiento de metas o ausencia de seguros contratados, pueden derivar en sanciones económicas de hasta tres por ciento de los ingresos mensuales de Grupo MAS, o incluso, la revocación definitiva de la concesión.

Para los usuarios que promovieron el recurso legal, la resolución constituye un precedente importante.

“Lo que pedimos es agua limpia, que no ponga en riesgo la salud de nuestras familias. Si la empresa no cumple, debe responder”, señalaron.

De confirmarse el incumplimiento, el fallo establece que los servicios podrían revertirse a los municipios de Veracruz y Medellín, sin costo, lo que pondría fin a una de las concesiones más cuestionadas en la zona conurbada de la entidad veracruzana.