Veracruz, Ver. - En 2016, el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, junto con el entonces presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, y su homólogo de Medellín de Bravo, Luis Gerardo Pérez, celebraron con entusiasmo un acuerdo con empresarios del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A. de C.V. al cederles la concesión de agua potable de Veracruz y Medellín de Bravo.

Sonriendo, presumieron la inversión que este grupo, formado por Aguas de Barcelona (Agbar) y la empresa brasileña Odebrecht Ambiental, haría en la zona conurbada. Ocho años y cientos de quejas de ciudadanos después, la empresa que prometió resolver problemas estaría a punto de perder la concesión que inicialmente duraría 3 décadas.

La promesa de Grupo MAS era invertir durante los primeros 30 años siete mil millones de pesos para mejorar el sistema de saneamiento, eficiencia y calidad del agua en los municipios de Veracruz y Medellín, de acuerdo con lo que se dio a conocer entonces por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

La licitación se había acordado más de un año antes, en la Gaceta Legislativa número 97 del Estado de Veracruz, las empresas InterAgbar de México y Odebrecht Ambiental ganaron la Licitación Pública Internacional (LPI) número LPI-SAS-DAF-001/15 el día 09 de junio de 2015, esto sin ser una sociedad aún, pues fue el día después de la firma, el 10 de junio de 2015, cuando se formó el consorcio ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V.

Las obligaciones que el Grupo MAS tiene, de acuerdo con la Gaceta Oficial Número 514, con fecha lunes 26 de diciembre de 2016, son atender la eficiencia y calidad de los servicios concesionados de agua, alcantarillado y saneamiento. Además, debían resolver los problemas que había entonces en esos rubros.

Otro de los puntos acordados en aquel convenio, era buscar soluciones a los conflictos con los trabajadores sindicalizados del ahora extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), quienes hasta la fecha siguen manifestándose para exigir ser reinstalados en sus puestos.

Angélica Navarrete, dirigente del extinto sindicato teniente José Azueta del SAS, ha señalado en reiteradas ocasiones que la actual empresa concesionaria, Grupo MAS, no cuenta con personal suficientemente capacitado para operar las plantas potabilizadoras ni tampoco para resolver los problemas de falta de mantenimiento que se generan.

LOS RECLAMOS

El Grupo MAS apenas llevaba unos meses en funcionamiento y operación, en 2017, cuando comenzaron las primeras protestas en su contra. Fugas, agua de mala calidad, y falta del servicio eran algunos de los reclamos. También los altos costos con los que operaban. Para el 2020, sumaba 9 mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y 16 amparos en contra.

Esto a pesar de que existía un árbitro, pues el Congreso del Estado autorizó el día 22 de septiembre del 2016, la creación del Instituto Metropolitano del Agua (IMA). En enero del 2017 el entonces alcalde, Ramón Poo Gil, tomó protesta a sus miembros.

En teoría, la misión del IMA era garantizar la disponibilidad, calidad y derecho al recurso hídrico dentro de la ciudad de Veracruz, sin embargo, el Movimiento Civil Independiente (MOCI) ha señalado que tampoco obtienen respuestas de este instituto.

Sin embargo, asociaciones civiles han reclamado en múltiples ocasiones que no lleva a cabo sus funciones ni vigila el cumplimiento de Grupo MAS.

Integrantes del Movimiento Ciudadano Independiente (MOCI) comenzaron a manifestarse desde mayo de 2022 en la plaza Sebastián Lerdo de Xalapa capital para exigir que se retirara la concesión del agua potable a la empresa Grupo MAS en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, sin embargo, dos años después, sus representantes reconocen que no había voluntad para retirar la concesión a Grupo MAS.

El diputado morenista que presidía la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Fernando Arteaga Aponte, fallecido el pasado 4 de julio, presentó en varias ocasiones un reporte en el que afirmaba que la empresa Grupo MAS estaba operando con irregularidades, que incluso provocan daño a la salud de los usuarios.

Por su parte, Marco Isleño, el actual Alcalde de Medellín de Bravo, dio a conocer, el 28 de julio del 2023 que se deslindaban de Grupo MAS y sus servicios. Esto luego de 7 años de estar bajo su operación.

Argumentó que la decisión se tomó debido a múltiples quejas por cobros excesivos, así como las denuncias por el suministro de agua de mala calidad a los usuarios.

DE LO MALO, LO PEOR

Las quejas y protestas se volvieron tan constantes que todo parecía el mismo problema, sin embargo, hay algunos momentos clave del disgusto de ciudadanos hacia Grupo MAS.

En 2019 diversas agrupaciones, entre ellas la agrupación Acción Ciudadana, representada entonces por Lourdes Mireya Hernández Cortés, alertó que estudios realizados por laboratorios especializados y certificados por la Secretaría de Salud, en el agua de la zona conurbada, determinaron que su calidad era tan mala, que ponía en riesgo la salud de los veracruzanos.

En octubre del 2020, hartos del mal servicio, otro grupo de ciudadanos llegó a las oficinas del Grupo MAS, ubicadas en Santos Pérez Abascal, en el puerto de Veracruz, y lanzaron jitomates y huevos contra el edificio, como protesta por los malos tratos y la falta de respuesta ante las constantes quejas.

En 2022 tres hospitales de Veracruz se quejaron por las malas condiciones en las que llega el agua. Entonces, el diputado Fernando Arteaga, afirmó que tres hospitales le pidieron su intervención debido a que la calidad del agua era muy mala, incluso llegaba turbia.

A este llamado también se sumaron varios restaurantes de la conurbación, pues el agua llegaba en tan malas condiciones, que no les permitía lavar de forma adecuada los trastes, y tenían que adquirir sistemas de filtrado para poder obtener agua de mejor calidad.

¿A PUNTO DE IRSE?

El pasado 13 de junio, debido a las constantes quejas por las fallas en la administración del agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a las autoridades de Veracruz a revisar la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.

López Obrador recomendó a las autoridades que se revisen todos los contratos similares en el país, pues afirmó que es necesario evaluar cada concesión debido a que las quejas de pobladores de diversas regiones son constantes.

Para el 24 de julio, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, afirmó que es el Congreso Local el que debe decidir si se retira la concesión o no a Grupo MAS.

Añadió que desde febrero pasado el órgano que representa entregó una auditoría en la que se evidenciaban las irregularidades existentes en la operación de la concesionaria.

“En la emisión de la Cuenta Pública 2021 se demostraron los incumplimientos por parte del Grupo MAS, eso se presentó ante el Congreso, pero el Legislativo debe instruir una nueva revisión porque el Grupo MAS es una empresa privada y no un ente público”, expresó.

La representante del Orfis señaló que con estos resultados, sí se podría retirar la concesión, sin embargo, no se han visto avances en el tema.

La Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ya levantó la mano como posible sustituto en caso de que se retire la concesión a Grupo MAS.