Veracruz, Veracruz.- La familia de Brando de Jesús Arellano Cruz —joven que murió tras ser baleado por policías municipales—, a través del abogado Tomás Mundo, expresó que en el municipio de Lerdo de Tejada existe un ambiente de ingobernabilidad. Esto, tras el arribo de la síndica del ayuntamiento María Esther Arroniz, a ejerecer las funciones de alcaldesa, pese a no contar con un nombramiento oficial. 

El abogado de la familia reiteró que Arroniz está en el cargo de manera ilegal, lo que genera cierto desorden en el municipio. Los ciudadanos, según el abogado, tienen miedo de que se repita una escena parecida como la que sucedió con Brando.

“El desorden que hay en Lerdo se debe a este desgobierno, a esta falta de compromiso, no sé si a alguien desde el Congreso de Veracruz le beneficie todo esto que hay en Lerdo. Los policías hacen y deshacen porque no hay gobernabilidad”, expresó.

El alcalde electo de Lerdo de Tejada, en las elecciones municipales del 2021, fue el candidato morenista Fabián Cárdenas Sosa; sin embargo, fue detenido por presuntamente cometer actos delictivos. Pese a que fue liberado, en entrevista, aseguró que buscará ocupar el cargo para que el que los ciudadanos de Lerdo de Tejada lo eligieron. 

Al haber sido detenido, la persona que debía tomar el cargo como alcalde era su suplente, Ángel Vichi Lara, pero también fue detenido y liberado unos meses después. 

Tomás Mundo precisó que el Congreso de Veracruz debía realizar el nombramiento para que la síndica pudiera  hacer funciones como alcaldesa, pues así lo establece la ley, pero, aclaró, la decisión de instalar de manera provisional a Arroniz fue del cabildo que, de acuerdo con el abogado, no tiene facultades para ello. 

Mundo agregó que una persona sin las facultades conferidas por la ley, carece de legitimidad para tomar decisiones municipales, por ello, señaló, que la policía realizó acciones indebidas. En el mes de enero del 2024 Brando fue asesinato a tiros cuando se encontraba afuera de la casa de su familia, sin haber cometido ningún delito.

“Ese es el precio de poner improvisados, como pasa con la Fiscalía Anticorrupción, que ha mostrado su ineficacia en áreas muy técnicas del derecho penal”, finalizó.