Xalapa, Ver.- Elisa Zaldívar Barcelata no  ve a sus dos hijos de cinco y siete años desde que la violencia de género  escaló en abril de 2021, cuando su expareja, Juan Eugenio, presuntamente se los arrebató y la denunció por corrupción de menores.

La joven pasó seis meses presa en un Centro de Readaptación Social (Cereso) de Quintana Roo. El de Elisa Zaldívar es uno de los 80 casos registrados como violencia vicaria por organizaciones civiles del estado de Veracruz.

El proceso penal que enfrenta Elisa y la separación de sus hijos se dio en 2019, después de que decidió separarse de Juan Eugenio, un cirujano plastico, quien habría ejercido otros tipos de violencia en su contra, desde psicológica, física y económica. 

De acuerdo con María Teresa Auroze Herrera, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV), la violencia vicaria es un tipo de violencia machista que ejercen los hombres, familiares paternos e instituciones públicas en contra de mujeres que son madres, para causarles daño a través de sus hijos.

La violencia vicaria no está contemplada en el Código Penal del Estado de Veracruz, pero sí en el de otros 22 estados.

UN CALVARIO

Elisa, su expareja y sus hijos son originarios del estado de Veracruz, pero poco antes de pandemia decidieron vivir en Cancún. A finales de 2019, la joven optó por terminar la relación con Juan Eugenio y se mudó a Playa del Carmen, sin embargo, la violencia por parte de su expareja presuntamente nunca cesó.

Durante dos años, Juan Eugenio habría seguido acosándola bajo el pretexto de mantener el contacto con sus hijos. Por su parte, Elisa continuó trabajando en proyectos culturales de diversos tipos, algunos de ellos en comunidades indígenas de América Latina.

En marzo de 2021 le ofrecieron un viaje a Colombia a una comunidad donde había trabajado en un proyecto cultural y, como parte de la convivencia, sus hijos fueron encargados a su padre. En una semana, Juan Eugenio le arrebató a sus hijos y obtuvo por orden de un juez de Veracruz un depósito de los menores a cargo de la abuela paterna.

“Una persona que tú amaste, con quien tú procreaste hijos, yo no puedo creer esta parte, entonces realmente ha sido desgastante a nivel físico, emocional y económico porque justamente yo tenía algunos proyectos los cuales ya no pude seguir adelante”, narra Elisa.

A la semana, cuando Elisa volvió a recoger a sus hijos ya no pudo verlos, pues presuntamente tenía una orden de restricción en su contra.

Al empezar la batalla legal e investigar, se dio cuenta de que lo que existía era un depósito de personas hecho de manera irregular en el puerto de Veracruz. También encontró su casa sin ninguna de las pertenencias de los niños.

Pese a que Elisa es originaria de Veracruz, ya tenía un largo tiempo viviendo en Quintana Roo, pero ahora debía presentarse cuando menos a dos diligencias en el estado para intentar recuperar a sus hijos, lo que provocaba que no pudiera seguir haciendo su vida y su trabajo desde su hogar.

En octubre de 2022 tenía un año y siete meses de no ver a sus hijos. En ese entonces fue citada para realizar una diligencia en la que supuestamente vería a sus hijos, pero solo se encontró con que su expareja, quien no le habría permitido verlos, dio aviso a la Policía Ministerial para que fuera detenida y trasladada a Quintana Roo, donde la denunció por corrupción de menores.

El argumento que validó un juez para que fuera detenida, fue una declaración en la que Juan Eugenio aseguró que Elisa tenía en su casa hierbas para sahumar y que con eso “drogaba a sus hijos. También se presentaron pruebas periciales que ella asegura son falsas. 

La joven fue vinculada a proceso y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva durante seis meses mientras se llevaba a cabo la investigación.

Desde la cárcel, Elisa luchó por su libertad y por volver a ver sus hijos. Según la joven, batalló para encontrar una defensa legal adecuada y fue hasta abril de 2023, tras seis meses en la cárcel, que en una audiencia se determinó que el caso se sobreseyera.

El Juzgado Décimo de Primera Instancia del estado de Veracruz en Materia Familiar ordenó este 2023 la restitución de sus hijos tras varios apercibimientos que no fueron atendidos por el padre, Juan Eugenio, y su madre, quien tenía legalmente el depósito de los menores. El pasado 8 de agosto se realizó un cateo en su domicilio, pero los niños no estaban.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y personal del Juzgado Décimo acudieron al domicilio que la abuela paterna dio a las autoridades de referencia, donde los niños serian resguardados, pero no estaban.

En esa diligencia, Elisa también acudió con la esperanza de al fin abrazar a sus hijos, pero no los halló. En su lugar solo recibió amenazas de que Juan Eugenio tenia amistades en el gobierno que le ayudarían a que nunca recuperara a sus hijos.

“Con el cateo en el domicilio donde se confirmó que no estaban los niños y no se dio ningún dato sobre el paradero de los mismos, durante la diligencia se escucharon amenazas a la madre de los niños,  argumentando tener relaciones con personas de gobierno que los respaldan, cabe mencionar que en este caso ha habido situaciones de corrupción las cuales han sido denunciadas y se ha procedido a las quejas correspondientes de cada una de las autoridades que se han prestado a ayudar a esta persona, quien se escuda con ser un doctor estético de prestigio” informaron mediante un comunicado las integrantes del FNCVV.

LAS LEYES Y LAS REDES DE APOYO
Las redes entre mujeres fue la opción que María Teresa Auroze Herrera y Elisa Zaldívar encontraron para visibilizar sus casos, ya que en el Código Penal del Estado de Veracruz no se contempla la violencia vicaria. Esta entidad se encuentra entre los siete estados del país que se niegan a legislarla, aunque existe la iniciativa en el congreso local.

“Nos tienen en stand by, no nos han dicho por qué, se supone que se tenía que haber votado, pero desconocemos el motivo por el cual no. En el estado de Veracruz es muy importante. Esta no avanzó, se supone que se votaría en mayo de este año”, explica María Teresa.

Ante la falta de legislación en el Congreso de Veracruz, las mujeres víctimas de violencia vicaria optaron por agruparse y además de apoyarse emocionalmente trabajan en conjunto en campañas y cabildeos legislativos para que sea aprobada.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de ley en febrero de 2023 para que se incluya este tipo de violencia en la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el código civil y penal, además de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

De acuerdo con la legisladora y los argumentos que presentó, este tipo de violencia va en aumento y en Veracruz tan solo el año pasado se registraron alrededor de 450 casos de sustracción de menores por parte de los padres.   

“Estamos trabajando para que se aplique el interés superior de la niñez que tiene el derecho de convivir con ambos padres, sea cual sea el motivo de la separación, de no entenderse. Estamos trabajando de fondo en esta iniciativa que pronto se va a aprobar y estamos trabajando”, señaló la legisladora, sin embargo, esta iniciativa sigue sin pasar al pleno legislativo.