Xalapa, Ver.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre los señalamientos en contra de jueces federales por  parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la titular del Poder Judicial de Veracruz. 

La asociación señala que los resolutivos de los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) están sustentados en la Constitución, por lo que las críticas de García Jiménez y Lisbeth Aurelia Jiménez son infundadas. 

“Las personas juzgadoras que integramos el Poder Judicial de la Federación, con conocimiento y respeto de lo que implica el Federalismo entendido como las facultades y atribuciones que les corresponden a cada uno de los tres niveles de gobierno rechazamos las expresiones sin argumento legal que las justifiquen, por parte de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, dijo.

El gobernador de Veracruz y la presidenta del Poder Judicial del Estado se trasladaron el pasado 16 de agosto a la Ciudad de México para acusar que presuntos delincuentes son liberados por mandato del Poder Judicial de la Federación.

Ambos emitieron un posicionamiento en torno a la concesión de la suspensión definitiva en medidas cautelares de prisión preventiva e informaron que existe el reporte que, en los diversos Distritos Judiciales del Estado de Veracruz, llegaron hasta el momento alrededor de 40 resoluciones en materia de amparo.

“Sin mayor estudio del asunto, otorgan la suspensión provisional para el efecto de que cese la aplicación de esta medida cautelar; trayendo como consecuencia, la libertad inmediata y absoluta de los imputados, en delitos tan delicados como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social”, señaló Lisbeth Aurelia Jiménez.

Asimismo, manifestó que, desde el Poder Judicial del Estado, se vela por el cumplimiento irrestricto de la ley; sin embargo, dijo en esta ocasión no se coincide con la resolución federal, pues el incidente de suspensión lo otorgan como formatos, sin analizar las pruebas que existen en cada caso en concreto.

De igual forma, aseveró que estas acciones a su vez, inciden en la gobernabilidad del estado, pues no toman en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre de facto y sin análisis, a personas que representan un peligro inminente.