La titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos informó que hay tres órdenes de aprehensión  contra exalcaldes de Veracruz, incluso remarcó que uno de los expresidentes municipales salió del país.

“Ya hay órdenes de aprehensión dictadas; un exalcalde muy cercano de la zona y estaba muy preocupado por la situación y nos confirmaron que sí había una orden de aprehensión y me parece que el señor salió del país”.

Lo anterior fue confirmado por la auditora durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones del Orfis ubicadas en la carretera Xalapa-Veracruz la mañana de este miércoles 07 de junio.

Se trata de exalcaldes del cuatrienio 2018-2021 y pronto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz podría dar a conocer la información de manera oficial, explicó Delia Cobos.

Indicó que es necesario que se conozcan estos datos “ tienen un origen y  tienen una denuncia nuestra, sino seguimos estando en las mismas de que el trabajo no se ve y queremos que se note”.

Dijo que desde su llegada al ente fiscalizador ha presentado 156 denuncias penales por un desvío de recursos superior a los 883 millones de pesos del ejercicio fiscal del 2017 al 2021. También dio a conocer que ya se presentó la primera denuncia penal en contra del actual Gobierno del Estado de Veracruz, por un fideicomiso de 21 millones de pesos aproximadamente.

En este caso, comentó que se presentaron documentos falsos, fueron CFDI (documento que cumple con la especificación del SAT), pues las facturas no correspondían con las que se presentaron. “Son documentos apócrifos que fueron presentados y que no correspondían con el CFDI”, detalló con relación al tema de las denuncias y los procesos jurídicos que han efectuado por las observaciones financieras.

Tan sólo de 2017 hay 50 expedientes pendientes de resolución, más los acumulados de 2018, lo que dijo que significa un rezago que tiene que ver con la falta de recurso tanto de personal y económico para integrar y fortalecer la unidad de investigación para la cual se requiere de financiamiento y se planteará a los diputados.

Tan sólo de 2019, fueron presentadas 63 denuncias contra los entes fiscalizables; en 2020 suman 39 por un monto de 32 millones 882 mil 685 pesos, por presunto daño patrimonial, mientras que para 2022, una sola denuncia y se da seguimiento a 10 casos con ejercicios diversos, refiere la información oficial del Orfis.