Por dos razones principales, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acerca de la Ley de Telecomunicaciones es persuasivo entre sus simpatizantes y entre quienes tienen que serlo por cuestiones laborales: por un lado, su posición radical de antidiscriminación que intenta hacerle frente a los spots publicitarios violentos por parte de gobiernos extranjeros, como el encabezado por Donald Trump y, por otro, la idea de democratización del internet en comunidades marginadas, donde antes era impensable que llegara tal cobertura. Estas dos propuestas fueron ejes argumentales durante la defensa de esta iniciativa hasta antes de su aprobación.

Ha sido muy vasto el poder persuasivo de este discurso, sobre todo porque con él se busca socializar la idea de  un gobierno que defiende a capa y espada los intereses de los  mexicanos y que intenta promover un reconocimiento de la pluralidad cultural y social que envuelve al país, así como el respeto a la diversidad de opiniones y posiciones contrarias al régimen.

Por lo menos esa ha sido la visión defendida en las mañaneras por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital.

Vistas así las cosas, el panorama no sonaba tan mal, dado que se dejó entrever una preocupación ética y social, un verdadero interés por el progreso y el bienestar de una parte muy importante de México: esas comunidades olvidadas por la era digital y por administraciones del pasado que hoy forman la oposición, que hoy son los principales críticos de un gobierno que para muchos no siempre está abierto al diálogo y la discrepancia, elementos básicos y fundamentales para una democracia.

Tal y como sucede con otras propuestas de ley en el actual gobierno, se ha dejado ver, gracias al análisis, un destello de luz en el camino, un resabio de la cara oculta de esa luna de miel política que solo nos muestra bondades.

¿Qué más hay en el fondo? La Ley de Telecomunicaciones, si profundizamos más en el asunto, no suena tan inocente. La ambigüedad y la falta de claridad que impera en su redacción y comunicación ha dado pauta para que se piense en una posible medida de control mediático y de masas, en una censura. La puerta central hacia el oscurantismo contemporáneo se encuentra sin candado y espera ser usada. ¿Estaremos pensando muy apocalípticamente? ¿Realmente es como dice la presidenta y no habrá ninguna sola clase de censura en esta ley y en ninguna parte de su administración gubernamental?

Esta situación ha abierto desde el concepto de defensa de las audiencias, entre otras cosas muy  polémicas, el debate en torno a la distinción entre información y opinión. 

El gobierno en turno garantizará que no se vulneren los derechos de las personas que reciben información, de acuerdo con el artículo sexto constitucional : ni promoción de la violencia ni de la discriminación. Los comunicadores deben asegurar a sus públicos y espectadores una información plural, veraz y oportuna, principalmente. Y con todo esto estamos totalmente de acuerdo. La gente no puede esperar menos de los que nos dedicamos a transmitir ideas y revestirlas de palabras.

Sin embargo, ha llegado la hora de vernos las caras con la actividad lógica de definir con precisión los conceptos para no pecar de malos comunicadores, según el punto de vista y los criterios aún no establecidos de alguien que en el peor de los casos— me temo— podría ser juez y parte. 

En ese sentido, los trabajadores de la radio y la televisión a partir de ahora estarán desde sus trincheras forjando sus batallas diarias por lograr hacer su trabajo de la mejor manera y no ser tildados ni perseguidos ni censurados, para que sus emisiones no sean suspendidas temporalmente.

Con esta nueva ley, se argumenta (desde la misma constitución) que las audiencias tienen el derecho a la información, porque solo así conseguiremos una ciudadanía que tome decisiones razonables. El comunicador debe limitarse, de preferencia, a transmitir los hechos y no correr el riesgo de tergiversar.

Hoy en día, muchas veces  se le llama así cuando se emiten críticas al poder político, sin importar el color del partido. Ahora bien, si realmente esto es como muchos periodistas han pregonado en sus espacios, ¿basta con que las decisiones que  tomen los ciudadanos solo sean a partir de información? ¿Es posible la toma de decisiones razonables sin tener a la mano también los puntos contrarios a lo establecido por las instituciones? La respuesta es negativa. Es fundamental la libertad de opinar a través de medios de comunicación, dado que de esta manera se construyen audiencias no solo informadas, sino también críticas.

Necesitamos una sociedad que cada vez más tienda a plantear procesos de discrepancia y establecimiento de puntos de vista que lleven en temas de ciencia, política y educación a procesos deliberativos tanto en lo individual como en lo colectivo, y estos  tienen como punto de inicio la información, pero no es el punto final.

La discrepancia, la confrontación, la argumentación y la discusión civilizada que se da en los medios de comunicación tanto tradicionales como digitales serán siempre ese punto de llegada, el camino hacia el pensamiento crítico, hacia una futura sociedad de conocimiento. Esa será la verdadera transformación.

Por tanto, que la sociedad tenga acceso a la información es necesario, sí, pero no es suficiente. Necesitamos tener la libertad de opinar, y que al hacerlo  no corramos el riesgo de ser vituperados ni linchados. Mucho menos a adoptar el miedo que nos lleve al cobijo de ser parte de una sociedad de rebaño.

Como bien nos enseñó el periodista Manuel Buendía, el comunicador siempre será un contrapoder. Y para ello el pensamiento crítico y la libertad de expresión son la bandera de esta actividad y sus bienes más preciados. Y solo nos resta esperar el rumbo que la vida mediática tendrá a partir de ahora. ¡Leven anclas!

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