Xalapa, Ver. Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz se quedaron esperando a los peritos de la Fiscalía General del Estado, tras el robo en las oficinas suscitado hace una semana.

Ante ello, este día fueron reabiertas las instalaciones, donde se pudo constatar que otros artículos de valor como una impresora y un proyector quedaron en el mismo sitio donde siempre han estado.

Es decir, las personas que cortaron los barrotes de la ventana e ingresaron por ella, solamente se llevaron una computadora donde está la base de datos de al menos 400 de los más de 7 mil pensionados adheridos a la Copipev y al Frente Estatal en Defensa del IPE.

Dicha acción vista como un acto de intimidación, luego de las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Gerónimo Reyes Hernández, secretario de Copipev advirtió que dichos actos no lograrán que sus intenciones de presentar quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el retraso en el pago de sus pensiones sean frenadas.

Indicó que el local será usado para la realización de las asambleas, donde asistirán tanto jubilados y pensionados como trabajadores activos.

“No nos importa de qué sindicato pertenezcan, si son de primaria, bachillerato. Si son de municipios como Coatepec, de Alvarado, de Boca del Río. Siempre y cuando coticen al IPE, los estatutos contemplan jubilados, pensionados y en activo”, acotó.

El secretario de la Copipev aseguró que dicho robo los retrasó en sus actividades, pues también se quedaron esperando a que la FGE hiciera su trabajo, sin embargo se están reprogramando algunas actividades, como el viaje a la Ciudad de México en caravana, para acudir a la CNDH.

“Compartimos la opinión de la ciudadanía, de que ocurren delitos como este y como muchos otros en Veracruz y que no hay una respuesta inmediata, clara y pronta como establece la ley; no hay respuesta de la autoridad”, insistió.

Reiteró que esto es un acto de intimidación y represión, expresamente por las más de 600 quejas ante Derechos Humanos.

“Porque esta asociación civil ha tenido el valor de denunciar no solo el saqueo a la reserva técnica del IPE sino de los fondos que aportamos desde hace muchísimos años los que ahora estamos pensionados y jubilados y están desaparecidos”, agregó.

Señaló que la denuncia por la agresión que sufrieron el pasado 23 de diciembre en la Plaza Lerdo y otras acciones que “le preocupa al gobierno estatal”, hace que asuman lo anterior como una agresión al trabajo realizado.

Cabe destacar que el mismo lunes 15 por la mañana, cuando se detectó el robo, se interpuso la denuncia correspondiente, para la cual se abrió la carpeta de investigaciones UAT/DXI/CI/473/20, sin embargo el personal de la Fiscalía no se paró siquiera en las oficinas de los pensionados.