El Estatuto de Roma, del cual forma parte México, menciona que se considerará crimen de lesa humanidad, para efectos de ser investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y en su caso juzgado por la Corte, la desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales múltiples dirigidos contra un sector de la población civil y que además todo ello sea parte de una política de Estado; dicho estatuto señala también como uno de los supuestos de admisibilidad que el estado parte no esté dispuesto a llevar a cabo una investigación seria al respecto o el sujeto activo hubiere sido enjuiciado previamente por los delitos a investigar. 

En relación con lo anterior habría que recordar que en el primer semestre del año 2010 en un operativo realizado en la cuenca del Papaloapan el Ejercito Mexicano detuvo a Samuel “N” alías “El Gato”, a quien señalaron de fungir como “Jefe de la Plaza” del grupo de la delincuencia organizada predominante en ese momento en la zona, durante su detención los elementos de la SEDENA lograron asegurar un arma corta, un arma larga, así como una considerable cantidad de enervantes, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Publico de la Federación en turno, para posteriormente ser consignado a un Juez de Distrito e internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 ubicado en Villa Aldama, Veracruz, tal como fue señalado en el boletín que la PGR emitió en su momento.

Después de más de dos años de llevar su proceso en prisión “El Gato” es dejado en libertad por el Juez Federal de la causa, el motivo se desconoce pero muy seguramente tendría que ver con la verosimilitud de la narración del momento de su detención, como en la mayoría de los casos; pasado un tiempo de haber recuperado su libertad “El Gato” es ejecutado en abril de 2013 por “sicarios” afuera de un expendio de bebidas embriagantes en el barrio Torreón de la ciudad de Tierra Blanca, lugar donde también fueron levantados dos jóvenes que le acompañaban, los cuales fueron localizados al día siguiente sin vida en un camino vecinal en el mismo municipio; sobre tales hechos en su momento tomaron conocimientos tanto Fiscalía General del Estado como la Procuraduría General de la República, esta última por existir indicios de participación de la Delincuencia Organizada, tal como lo consignaron en su momento diversos medios digitales.

Hasta aquí lo narrado suena como una historia más de quien, al parecer, se introdujo al mundo del narcotráfico buscando fortuna fácil, logrando encontrar únicamente presidio y muerte, sin embargo habría que sumar un elemento más a la ecuación: el día 15 de febrero de 2016, durante uno de los momentos más álgidos del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, se convocó a una rueda de prensa, en ese momento sonaba muy fuerte el rumor que en ese acto pediría licencia para dejar la primera magistratura del estado, como bien sabemos tal noticia no llegó ese día, en lugar de la anhelada licencia, el ex gobernador dio una lista de 123 líderes de la delincuencia organizada que, como un “logro” de su gobierno, habían sido detenidos o abatidos en operativos llevados a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública.

Entre los nombres mencionados como “neutralizados” por la Secretaría de Seguridad Pública se encontraba el de Samuel “N” alías “El Gato” a quien Javier Duarte de viva voz señaló como integrante del cartel de “Los Zetas”, lo que vendría a confirmar la hipótesis de la Fiscalía General del Estado de que se trató de un ataque generalizado por parte de Gobierno del Estado en contra de un grupo de la delincuencia organizada y que derivaba de una política de estado ordenada por el propio ex mandatario, como muy alegremente lo presumía en sus discursos; es decir, en su afán de demostrar resultados en materia de Seguridad Pública, Javier Duarte terminó por aceptar públicamente que la SSP habría ejecutado a un civil que, independientemente de que se tratará o no de un miembro de la delincuencia organizada, debía gozar de los derechos fundamentales que atañen a todo ser humano.

La actual administración de la Fiscalía General del Estado tiene en sus manos la oportunidad de procesar penalmente al ex gobernador y los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que todos esos casos de Desaparición Forzada y de ejecuciones extrajudiciales no lleguen algún día a la Corte Penal Internacional.