La Desaparición Forzada y las ejecuciones extrajudiciales son delitos calificados por el Estatuto de Roma como de "Lesa Humanidad" , ya que las instituciones del estado son ocupadas de forma sistemática para atacar gravemente la libertad y la vida de individuos que conforman ciertos grupos de personas, las cuales de manera unilateral -y en un afán de justificar sus actos- el estado considera enemigos, ya sea, porque cree que sus ideales no son afines a los de los grupos en el poder y por lo tanto resultan peligrosos por “su espíritu insurrecto” o por suponer que se trata de individuos que simplemente trasgreden las leyes para su beneficio personal, considerándolos miembros de la delincuencia común u organizada.

Incluso, dichos actos de Desaparición Forzada llegan a ejercerse en contra de personas ajenas a las dos “clasificaciones” antes mencionadas, afectando a individuos que simplemente se encontraban en el lugar y momento desafortunadamente inadecuados; a este último grupo de personas el estado -una vez más con intención de justificarse- cataloga como “daño colateral”, haciendo uso de un lenguaje castrense como si de una guerra se tratara.

Sin embargo, en un estado de derecho, como el que se pretende sean Veracruz y el país, no debe haber cabida para dichas prácticas, ya que todo actuar de las fuerzas de seguridad debe estar apegado en primer lugar a un respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas y en segundo a los Principios Generales del Derecho y a las Formalidades Esenciales del Procedimiento, actuación ejemplar que solo será obtenida sí la investigación y sanción a los elementos estatales que trasgredan dichos derechos se hace extensiva a todo el personal que participa en dichas violaciones, incluyendo a los superiores jerárquicos, logrando así una búsqueda real de la verdad y con ella lograr sancionar a todos los involucrados.

Es por ello que la investigación de todos los eslabones que componen la “Cadena de Mando” es un requisito esencial para lograr que las investigaciones iniciadas para castigar el delito de Desaparición Forzada sean efectivas y con ello acabar con la impunidad existente, siendo incluso una obligación internacional del estado mexicano el tomar las medidas necesarias para considerar penalmente responsable al superior de los elementos policiales que bajo su mando cometan dichos delitos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En ese sentido la Fiscalía General del Estado tiene el deber ineludible de investigar, cada vez que se presuma la existencia de dicho ilícito, a todas y cada una de las personas que conforman la “Cadena de Mando” de las instituciones de seguridad pública en el estado, es decir desde el elemento policiaco que realizó la conducta hasta el Secretario de Seguridad Pública e incluso al Gobernador del Estado bajo el mando de los cuales se comete el hecho, a efecto de establecer plenamente la responsabilidad penal de todos y cada uno de los partícipes en la comisión de hechos que pudieran representar el delito de Desaparición Forzada, ilícito que muy probablemente podría vincularse al aumento descomunal, ocurrido en las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, de personas desaparecidas en la entidad siendo las víctimas directas principalmente personas jóvenes.

El día de hoy se cumplen tres años de la desaparición forzada de Susana, Bernardo, Mario, Alfredo y José, en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, por parte de ocho elementos en activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mismos que de manera posterior a privarlos de su libertad los entregaron a trece probables miembros de la Delincuencia Organizada para privarlos de su vida, todos ellos han sido detenidos, sumando un total de veintiún personas privadas de su libertad por su participación directa en los hechos, sin embargo se encuentra pendiente la investigación tanto al Exsecretario de Seguridad Pública como al Ex Gobernador, así como a todos los servidores públicos que formaban parte de la cadena de mando existente en ese momento, la administración actual de la Fiscalía General ha eludido dicha responsabilidad fragmentado la investigación y dispersándola en diferentes Fiscalías especializadas obstaculizando las sanciones y propiciando impunidad, esperemos que el Gobernador Cuitláhuac García respete el compromiso asumido el primer día de su gobierno de apoyar a las víctimas y fortalezca desde su trinchera esta lucha en busca de justicia, justicia y solamente JUSTICIA.