Xalapa, Ver. - Este martes vence el plazo para que los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, presenten ante el Congreso de Veracruz las pruebas y los alegatos con los que buscan evitar que se les retire el fuero constitucional.

Una vez concluido el término legal, la Comisión Instructora iniciará el análisis de los expedientes, junto con los elementos aportados por la Fiscalía General del Estado y las defensas de ambos ediles. Se prevé que los dictámenes queden listos en los próximos días.

Sin embargo, la Comisión Instructora no tiene la última palabra. Sus resoluciones deberán ser turnadas al Pleno del Congreso, que se constituirá en Jurado de Procedencia para determinar si procede o no el desafuero de los presidentes municipales.

Para retirarles la inmunidad procesal se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados que integran la Legislatura. Si se alcanza esa mayoría, ambos alcaldes perderán el fuero y podrán enfrentar los procesos penales correspondientes.

En caso contrario, conservarán esa protección constitucional mientras permanezcan en el cargo, aunque las investigaciones podrán continuar.

PROCESOS ABIERTOS

El procedimiento contra Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, está relacionado con la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, quien desapareció el 2 de junio en Nanchital y fue localizada sin vida semanas después en el municipio de Moloacán.

En tanto, Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, es investigado por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo, tras acudir a un domicilio del edil en Barra de Chachalacas.

Será el Congreso de Veracruz el que defina, mediante votación, si la Fiscalía podrá ejercer acción penal contra ambos alcaldes mientras continúan en funciones.

JRG