Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García descartó que su administración intervenga en los procedimientos iniciados contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, y dejó a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial la definición de ambos casos.

Cuestionada sobre las solicitudes de declaración de procedencia presentadas contra los ediles, la mandataria evitó valorar las investigaciones, los señalamientos formulados por la Fiscalía o el curso que deberán seguir los expedientes.

“No, no estamos en ese tema. Yo no quiero opinar porque ese es un tema del Poder Judicial y será un juez quien determine. Nosotros no estamos en ese tema, y que sean la Fiscalía y el Poder Judicial quienes determinen”, respondió.

La postura de Nahle se produjo después de que la Fiscalía solicitó al Congreso de Veracruz retirar la inmunidad procesal a Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván. Ambos llegaron al cargo postulados por Movimiento Ciudadano.

AVANZA EL PROCESO EN CONGRESO 

Las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso determinaron que las solicitudes reunían los elementos necesarios para iniciar los procedimientos de declaración de procedencia.

Los dos alcaldes fueron notificados y cuentan con un plazo de siete días para presentar argumentos, documentos y pruebas ante el Congreso, que deberá analizar si permite que la Fiscalía proceda penalmente contra ellos.

La declaración de procedencia, conocida como desafuero, no tiene como finalidad resolver si un funcionario cometió un delito. El Congreso únicamente determina si retira la protección constitucional relacionada con el cargo para que la persona señalada pueda enfrentar un proceso ante un juez.

En el caso de González Martínez, la Fiscalía lo señala por su probable participación como autor intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. La acusación forma parte de la investigación ministerial y deberá ser demostrada ante las autoridades judiciales en caso de que el Congreso autorice retirar el fuero.

La segunda solicitud está dirigida contra Bravo Montero, a quien la Fiscalía relaciona con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López. Ambos fueron vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, de acuerdo con la información conocida sobre el expediente.

El Congreso deberá revisar cada caso por separado y garantizar a los alcaldes el derecho de audiencia y la posibilidad de responder a los señalamientos formulados por el Ministerio Público.

En caso de aprobarse las declaraciones de procedencia, la Fiscalía quedaría en condiciones de solicitar ante un juez las órdenes o actuaciones que correspondan. Si el Congreso rechaza las peticiones, los funcionarios conservarían la inmunidad procesal en los términos previstos por la legislación estatal.

Movimiento Ciudadano ha cuestionado los procedimientos y ha pedido que las investigaciones no sean utilizadas con fines políticos. La dirigencia y representantes del partido también han exigido que se respete el debido proceso de sus alcaldes.

JRG