Xalapa, Ver.- A más de dos meses de la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, ocurrida el 14 de mayo de 2026, familiares de este último solicitaron a los medios de comunicación mantener la cobertura del caso, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) promoviera ante el Congreso de Veracruz el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.

Mediante un pronunciamiento, los familiares señalaron que buscan que el caso continúe siendo visible tanto en Veracruz como a nivel nacional, con el propósito de que el procedimiento legislativo se desarrolle con transparencia y sin presiones políticas, además de mantener vigente la búsqueda de ambas personas.

La petición ocurre después de que la FGE presentara una solicitud de declaración de procedencia en contra del presidente municipal, quien es investigado por el presunto delito de desaparición forzada cometida por particulares. Mientras el Congreso analiza el expediente, el edil conserva el fuero constitucional y se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el empresario Héctor Ramos Sánchez, de 42 años, salió de su domicilio en Emiliano Zapata acompañado de su escolta Ignacio López, de 47 años, para acudir a una reunión en la vivienda del alcalde, ubicada en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.

Las indagatorias indican que cámaras de videovigilancia registraron el ingreso de ambos al inmueble y que los registros de telefonía celular ubican tanto los dispositivos de las víctimas como el del alcalde en ese lugar durante varias horas.

Además, la Fiscalía sostiene que, mientras permanecía en el domicilio, Héctor Ramos envió un mensaje a su pareja para informarle que seguía en la vivienda del alcalde y que había conocido a una persona identificada como "el jefe de plaza". Después de esa comunicación, no volvió a tenerse contacto con él ni con su escolta.

Como parte de la investigación, la FGE informó que integra diversos elementos de prueba, entre ellos videograbaciones de cámaras de seguridad, registros telefónicos, testimonios obtenidos durante las diligencias, declaraciones con presuntas inconsistencias e información relacionada con la camioneta en la que viajaban los desaparecidos.

La carpeta de investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

Mientras tanto, la familia de Ignacio López reiteró que su prioridad es lograr la localización con vida tanto del escolta como del empresario Héctor Ramos Sánchez, por lo que pidió a la ciudadanía y a los medios continuar difundiendo las fichas oficiales de búsqueda y dar seguimiento al proceso de desafuero que actualmente se encuentra en manos del Congreso del Estado.