Xalapa, Ver.— Un juez federal en Veracruz ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brindar atención médica inmediata a una derechohabiente con diagnóstico de embolia y trombosis, al detectar posibles omisiones graves en su tratamiento dentro del Hospital General de Zona (HGZ) número 11, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

La decisión se tomó al advertir que la falta de atención podría estar vulnerando su derecho humano a la salud y poner en riesgo su vida.

La resolución deriva del juicio de amparo 1252/2025, promovido por la paciente y admitido por el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito. En la demanda, la mujer señaló como responsable al director médico del hospital, Luis Humberto Barrón García, por la dilación y omisión en la atención de padecimientos considerados de alto riesgo.

De acuerdo con el acuerdo judicial emitido el 12 de diciembre de 2025, el juez consideró que los hechos denunciados podrían afectar gravemente la dignidad y la integridad física de la quejosa, ya que se trata de enfermedades que pueden generar daños irreversibles o incluso provocar la muerte si no se atienden oportunamente.

La paciente expuso que, pese a contar con diagnósticos de embolia y trombosis de la vena cava, además de una lesión que podría estar relacionada con un posible cáncer, su atención se limitó a consultas con el área de angiología. No se le canalizó, dijo, a ginecología ni a oncología quirúrgica para descartar o confirmar un padecimiento oncológico.

Además, denunció que no se le practicaron estudios médicos fundamentales para definir su diagnóstico y tratamiento, como una biopsia y una colonoscopia, a pesar de haber sido indicados por médicos. Esta omisión, señaló, le impidió conocer con certeza su estado de salud y acceder a un tratamiento adecuado.

La mujer también informó que el pasado 5 de diciembre solicitó por escrito copia completa de su expediente clínico, así como una valoración por cirugía oncológica y la realización de la biopsia, pero hasta el momento de presentar el amparo no había recibido respuesta por parte del hospital.

Ante la gravedad del caso, el juez concedió la suspensión de plano y ordenó al IMSS que de manera inmediata proporcione a la paciente la atención médica, los medicamentos y los estudios necesarios para proteger su salud.

En la resolución también se instruyó a entregar copia de su expediente clínico, al considerar que el acceso a esa información forma parte esencial del derecho a la salud. El juzgado dio un plazo de 24 horas al IMSS para informar sobre el cumplimiento de la orden, y advirtió que ignorarla podría constituir un delito equiparado al abuso de autoridad.

Asimismo, fijó la audiencia constitucional para el próximo 19 de enero de 2026 y recordó que el Estado está obligado, por mandato constitucional, a garantizar el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud cuando la vida y la integridad de una persona están en riesgo.