Xalapa, Ver.- En el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina, mujeres de Xalapa realizaron una marcha para visibilizar la falta de acceso a un aborto seguro en Veracruz pese a que en 2021 el Congreso del Estado aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de embarazo.

Con pañuelos verdes, alrededor de 10 participantes se congregaron en la viaducta, donde pintaron consignas para denunciar que, a cuatro años de su despenalización, el acceso al aborto aún es un tabú para muchas mujeres veracruzanas.

Datos oficiales

De acuerdo con la solicitud de información 301153824000718 hecha a la Secretaría de Salud, desde su legalización y hasta noviembre de 2024, se realizaron mil 187 interrupciones legales del embarazo. En 2021 se registraron 39 casos, en 2022 fueron 278, en 2023 sumaron 489 y para 2024 ya se habían registrado 612, lo que evidencia un incremento sostenido de mujeres que recurren a la ILE en Veracruz. 

En cuanto a los métodos utilizados, en al menos 76 casos se aplicó legrado, una técnica más riesgosa y desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 113 casos se empleó la Aspiración Manual Intrauterina, mientras que el resto se llevó a cabo mediante medicamentos, ya sea por medio de misoprostol o de la combinación entre misoprostol y mifepristona.

A pesar de la importancia de estos medicamentos, el acceso es limitado. Según la solicitud de información 333021224002187, al cierre de 2024 el IMSS-Bienestar reportó que varios hospitales de Veracruz, como el Regional de Xalapa Luis F. Nachón, el Hospital Regional de Poza Rica, el Hospital General de San Andrés Tuxtla, Tarimoya, Cosamaloapan, Papantla y Tierra Blanca, tenían cero unidades de los medicamentos necesarios para la interrupción del embarazo.

Aunque el Gobierno del Estado informó que se comenzó a regularizar el abasto general, la situación refleja el desabasto que denuncien las colectivas.

Perspectiva de las colectivas

Metzeri Ávila San Martín, integrante de Marea Verde Totonacapan, señaló que la falta de misoprostol y otros insumos afecta principalmente a mujeres de bajos recursos. 

Muchas veces deben comprar los medicamentos o depender de donaciones de organizaciones para completar el procedimiento. 

“En muchas ocasiones referimos a las mujeres a los servicios de salud, pero terminan comprando el medicamento o, cuando tenemos donaciones, podemos proporcionarlo para que el proceso se lleve a cabo en las instituciones”, explicó.

El costo de una caja de misoprostol ronda los 500 pesos, un gasto difícil de cubrir para mujeres de comunidades rurales, quienes además deben viajar largas distancias y afrontar los costos de transporte solo para encontrarse con que los insumos no están disponibles. La situación es más grave en zonas remotas o de difícil acceso y se complica con la transición de servicios estatales hacia el IMSS-Bienestar, dificultando el seguimiento de los casos.

Ávila San Martín también indicó que, además del desabasto, algunas mujeres se enfrentan a trabas del personal de salud, que en ocasiones entrega las pastillas de forma parcial, obligándolas a realizar múltiples viajes. “Tenemos casos documentados donde entregan el medicamento por dosis, y la mujer debe viajar dos horas de ida y dos de vuelta para completarlo. Esto afecta tiempos, gastos y derechos”, afirmó.

La activista subrayó que la interrupción legal del embarazo es un derecho y que los gobiernos deben garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto libre, legal, seguro y gratuito.