• Salud

Solo 72 niñas accedieron al aborto en Veracruz en 2024; 621 parieron

  • Alba Alemán
La organización feminista aclaró que es muy poco el porcentaje de las menores de edad que acceden a la Interrupción Legal del Embarazo.

Xalapa, Ver.– Durante 2024, en Veracruz se registraron 621 partos en niñas de entre 10 y 14 años, mientras que únicamente 72 lograron acceder al aborto legal (ILE), denunció la asociación civil Equifonía.

De acuerdo con Adriana Fuentes, integrante de la organización feminista, esta disparidad evidencia un grave problema de acceso a la salud, ya que solo el 11 por ciento de las menores embarazadas pudo ejercer su derecho al aborto.

En los 72 casos de ILE se aplicaron tres métodos: medicamento, aspiración y legrado. Sin embargo, Equifonía advirtió que en los hospitales públicos de Veracruz predominó el uso del legrado uterino, procedimiento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera de mayor riesgo para la vida de las pacientes, por posibles complicaciones anestésicas, laceraciones o perforaciones.

“Resaltamos que el procedimiento más utilizado por las instituciones públicas de salud fue el legrado uterino, el cual la OMS ha señalado como el de mayor riesgo para la vida por las complicaciones que puede generar”, señaló la organización.

Equifonía también alertó que en el 44 por ciento de los casos de aborto legal, las niñas declararon vivir en unión libre, lo que podría constituir el delito de pederastia.

“Esta situación no puede pasar desapercibida por el personal de salud; es imperativo dar parte a las Fiscalías especializadas y a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que es probable que la mayoría de estos embarazos sean producto de pederastia”, advirtieron.

Las integrantes de la asociación criticaron, además, las declaraciones recientes del secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón, quien afirmó que la falta de acceso a la ILE “no es un tema de hoy, lo importante es la salud”.

Finalmente, Equifonía llamó a las autoridades de salud y justicia a reconocer y atender el embarazo infantil como un problema de salud pública.