Boca del Río, Ver.– Habitantes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, perteneciente al estado de Oaxaca, se manifestaron  y se instalaron el pasado lunes 1 de septiembre en los alrededores de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación de Boca del Rio para exigir la intervención ante la criminalización en contra de sus habitantes y el  saqueo ilegal de grava y arena del río Xangá Ndá Ge. 

Encabezados por la abogada Argelia Betanzos, los manifestantes demandaron agilizar los procesos de amparo que permanecen en los juzgados federales de este distrito judicial.

Betanzos hizo un llamado directo al recién nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco y oaxaqueño, a no ignorar las demandas de la comunidad:

“Ahora que ocupa la presidencia de la Suprema Corte le será imposible ignorar que una comunidad indígena de su propio estado ha sido torturada, reprimida, saqueada, encarcelada y desplazada.

Le será imposible ignorar que fueron mujeres indígenas quienes vivieron en la calle para liberar a sus presos políticos. Le será imposible ignorar que 14 hombres ganaron un amparo hace diez años que la justicia oaxaqueña desestimó por acuerdos políticos.

Le será imposible ignorar que se ha jugado con la libertad y se ha torturado sistemáticamente al antropólogo mazateco Miguel Peralta”.
 

Protesta en Boca del Río

Los habitantes de Eloxochitlán bloquearon la avenida Juan Pablo II, en el tramo que conduce hacia la playa, frente a las instalaciones del Poder Judicial Federal.

La abogada adelantó que permanecerán durante la noche del lunes afuera del inmueble como parte de su protesta. Asimismo, anunciaron que este martes 2 de septiembre llevarán a cabo un programa político-cultural desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Demandas principales

La comunidad exige respuesta a más de 17 juicios de amparo en trámite, relacionados con 14 indígenas mazatecos criminalizados que llevan más de una década sin poder regresar a su hogar. Además, piden frenar las más de 200 órdenes de aprehensión que mantienen bajo amenaza a medio centenar de familias.