Xalapa, Ver.— Empresas que buscan generar energía eléctrica insisten en la construcción de hidroeléctricas cercanas a ríos del estado de Veracruz. La región central de la entidad es la más amenazada, de acuerdo con los análisis que realizaron defensores ambientales.

Entre los ríos más amenazados por la pretensión de construir esta clase de proyectos se encuentran Los Pescados en el municipio de Jalcomulco y el Nixtamalapan en Jalacingo, donde pobladores y ambientalistas emprendieron luchas legales desde hace 17 años.

La finalidad de estas luchas es evitar afectaciones al entorno ecológico, como el acaparamiento del agua de las cuencas, explicó Sandro Alejo Ruiz, integrante de Los Centinelas de Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (Pucarl), organización que en enero de 2025 cumplió 11 años en la defensa del afluente.

Los Centinelas del Río buscan defender la cuenca que baja desde las montañas del Cofre de Perote y que desemboca en el Golfo de México, pasa por comunidades de la región central, uno de los mayores atractivos por la práctica del rafting, deporte acuático que consiste en descender en una balsa inflable por ríos de aguas turbulentas.

Para los habitantes, estas amenazas ambientales las representan empresas como la brasileña Odebrecht o Hidroeléctrica Impulsa Generación Responsable (IGR). La primera intenta asentarse en Jalcomulco y la segunda en Jalacingo.

Ambas suman fallos legalmente en sus intentos, sin embargo, continúan con esas intenciones, lo que alarma a las familias de ambos municipios, como Jalcomulco, ubicado a 40 minutos de la capital veracruzana, mientras que el segundo se encuentra a una hora con 20 minutos de Xalapa.

Los ambientalistas temen que el gobierno federal, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, autoricen los megaproyectos catalogados como “de muerte” por los ambientalistas.

Nixtamalapan, Jalacingo

El interés de la empresa hidroeléctrica Impulsa Generación Responsable es iniciar maniobras en el río Nixtamalapan, un afluente que cruza comunidades de Tlapacoyan y Jalacingo, en la región central-norte de la entidad veracruzana.

El caso fue denunciado a finales de marzo de 2025 por parte de los integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), quienes, en respaldo a los lugareños, buscan la manera de que se la obra no se construya, ya que correrán el riesgo de quedarse sin agua por el acaparamiento del río.

Los defensores dieron a conocer que fue en 2008 cuando la hidroeléctrica realizó las primeras gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Fue ese año cuando se obtuvieron los permisos, pero en 2010, por la lucha legal, los ambientalistas frenaron la intención. Nuevamente, en 2012, la compañía insistió en la construcción de la hidroeléctrica.

Como parte del nuevo proceso legal, abogados especialistas en derecho ambiental realizaron recientemente un recorrido en la zona para llevar a cabo la inspección ocular, en preparación para la diligencia oficial que se realizará en mayo próximo en Jalacingo, municipio ubicado en la zona central-norte del estado de Veracruz.

Mediante el amparo número 1697/2014, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Boca del Río, Veracruz, falló a favor de los pueblos indígenas de la región. Se estableció que ante la duda debe prevalecer la protección del medio ambiente.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó la suspensión provisional para la construcción y operación de tres minihidroeléctricas y, en el municipio de Jalacingo, con la compañía Impulsa Generación Responsable, la justicia federal determinó que la suspensión evitaría que se afecte el entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua.

Los datos de este caso fueron basados en Human Rights Resorce Centre (Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos), pues su finalidad es garantizar que el respeto a los derechos humanos y laborales sea una parte fundamental de los modelos empresariales.

Los Centinelas de Los Pescados

Desde 2010 – en la recta final del gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán – la empresa Odebrecht puso en marcha sus planes para construir una hidroeléctrica en el río Los Pescados, afluente que forma parte del río La Antigua, en el municipio de Jalcomulco.

Los integrantes del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (Pucarl) se enteraron de que eran alrededor de siete presas las que se pretendían instalar en la cuenca. Fue el 13 de octubre de 2013 cuando uno de los campesinos se percató que, en la zona conocida como Tamarindo, la empresa ingresó al río para iniciar las maniobras.

Entonces, comenzaron a organizarse para formar la resistencia del pueblo y evitar las maniobras, pues tampoco existía la muestra del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), situación que alarmó a los pobladores ante el temor de resultar afectados por el acaparamiento del agua para beneficio de la hidroeléctrica.

Fue en enero de 2014 cuando se establecieron de manera formal y con el nombre de Centinelas del Río instalaron el campamento en Tamarindo para la protección de la cuenca y evitar que empresas extranjeras se apropiaran del agua para la generación de energía eléctrica. 

La lucha resultó favorable, pero los activistas tienen conocimiento que de manera legal las compañías extranjeras aún buscan instalarse en el río.

“Lo que sí tenemos claro que están buscando de manera legal, de hecho, ya hubo un intento. Cuando salió Enrique Peña Nieto (expresidente de México), pues hubo un decreto presidencial donde se le retiraban las vedas como La Antigua y tuvimos a bien buscar un amparo y salió el resultado y nos vimos favorecidos”, indicó Sandro Alejo Ruiz, integrante del movimiento, entrevistado en el marco del aniversario número 11 del campamento.

La intención de Los Centinelas es la defensa de la cuenca que baja desde las montañas del Cofre de Perote y que desemboca en el Golfo de México. “No solo es una empresa, hay otras compañías foráneas que tienen planes de construir presas hidroeléctricas en el río Los Pescados”.

“No nada más es la Odebrecht, hay otras empresas como Constanza Energética o Perseveranza Energética, que son los mismos. Ellos seguramente siguen trabajando a su manera a oscuritas y en cualquier momento sabemos que se va a poner otra vez tensos”, por lo tanto, podrían volver a instalarse en el campamento.

El campamento que permaneció en ese lugar por años fue desmontado por la pandemia del coronavirus en 2020, sin embargo, la lucha no cesa, pues aún se llevan a cabo reuniones y se difunde información para la defensa de los ríos.

Los megaproyectos amenazantes

Para la defensa del territorio, los ciudadanos de diversas regiones emprendieron luchas contra la instalación de 112 proyectos hidroeléctricos y la mayoría fueron frenados por la presión social, que iba desde un campamento cercano a la cuenca y procedimientos legales hasta exigir la veda de los ríos.

El diagnóstico socioambiental que realizaron la Universidad Veracruzana (UV), el Colegio de Veracruz (Colver) y el Colegio de la Frontera México en el segundo semestre de 2023, da detalles de una investigación que realizaron hace dos años.

Se destaca que en 2008 ingresaron los primeros dos proyectos de los últimos 17 años; tres en 2009; mientras que uno en el 2011; también seis en 2012; así como uno más en 2013; otros tres entre 2014 y 2015; el último en 2017.

De todos estos datos, destacaron que en 2012 se registra el más alto número de solicitudes y entre 2008 y 2012 se acumula el 60 por ciento, es decir, 12 proyectos. En cuanto a la localización, la mayoría, 13 proyectos que representan 65 por ciento, se pretendían ubicar en los municipios de Altotonga, Tatatila y Jalacingo.

El resto en el municipio de Atzalan; la confluencia de Coatepec y Xico, así como los límites de varios municipios: Texhuacán – Mixtla – Zongolica; Cuitláhuac – Omealca – Cuichapa y Fortín – Córdoba – Amatlán – Ixtaczoquitlán – Cuichapa. 

La superficie total donde se planeaban instalar los proyectos va desde menos de una hasta las 93 hectáreas. El 75 por ciento de los proyectos alcanzan una superficie total de menos de una a 20 hectáreas; 15 por ciento de 21 a 60 y el 10 por ciento de 61 a 93.

“Más de la mitad, el 60 por ciento de los proyectos minihidroeléctricos promovidos en Veracruz ingresaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su evaluación entre 2008 y 2012, lo cual se relaciona con que tanto el gobierno federal como estatal se avocaron a promover proyectos ‘sustentables’, pues en el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se manejó un discurso verde”.

Las luchas sociales y ambientales para la defensa de las cuencas continuarán tanto en Jalacingo como en Jalcomulco, incluso hay posibilidad de reinstalar el campamento para custodiar el agua.