Xalapa, Veracruz.-  La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, señaló que la jueza  veracruzana Angélica Sánchez Hernández es una presa política, pues se le echó encima todo el aparato del Estado y se le juzga sin fundamento.

“Desde que este gobierno llegó, la persecución política de quienes no estamos de acuerdo con el gobierno ha sido muy marcada, por cuestiones políticas, lamentablemente la jueza está presa por ejercer su autoridad, su autonomía y sobre todo por obedecer un mandato a un juez federal y, bueno, lo vemos desde la federación”, dijo. 

La diputada local dijo que, en este tema, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez, tiene una gran responsabilidad,  luego de que jueces denunciaron que les ordenó consultarle la resolución que deben tomar ante la emisión de los amparos de jueces federales.

“Es muy grave porque ella es la titular del Poder Judicial, incluso, ella ha jurado defender la Constitución”, comentó. 

La jueza Angélica Sánchez fue vinculada a proceso el pasado miércoles 21 de junio por su probable responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias; permanecerá en prisión preventiva un año, en lo que se realizan las investigaciones. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el pasado 16 de junio que, por conducto de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en coordinación con elementos de la CONASE, ejecutó una orden de aprehensión en contra de la jueza Angélica Sánchez. La oren fue emitida por el Juez de Control del XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz.

Su caso causó confrontación entre actores políticos, algunos a favor y otros que consideran que la jueza es juzgada de manera errónea y bajo medidas exageradas. Tal es el caso de la Defensoría Pública Federal y el Alto Comisionado de la ONU, cuyo personal acudió a la última audiencia donde se le vinculó a proceso y no se les permitió el acceso. 

La diputada local Ruth Cseñaló que es necesario que la titular del Poder Judicial se pronuncie y en dicha institución prevalezca la autonomía.