Xalapa, Ver.-  Con el argumento de que no tienen competencia en este proceso penal, abogados de la Defensoria Pública Federal y observadores del Alto Comisionado de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), fueron sacados de la audiencia de vinculación a proceso de la jueza Angélica Sánchez. 

El juez de control, Roberto Santiago Maldonado Morales, determinó esto luego de que la mañana de este miércoles 21, abogados de la Defensoria Pública Federal y representantes de la ONU llegaran hasta las salas de juicios orales de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec. 

A través de twitter, la Defensoría Pública Federal, informó que después de debatir por casi dos horas con el juez de control, se les negó añadirse a la representación y observación de la defensa de la jueza Angélica Sánchez Hernández. 

“Después de debatir por casi 2 horas, el juez de control negó la representación y observación del  IFDP ante la solicitud que realizó la jueza Angélica Sánchez Hernández, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso judicial”, señala el tuit.

Los abogados de la Defensoría Pública Federal señalaron que se trata de una interpretación restrictiva del derecho a una defensa adecuada y que restringe el principio de publicidad del proceso penal, por lo que no descartaron realizar un trámite de amparo tras la determinación del juez local. 

A la par, la misma decisión tomó el juez de control en contra de las personas enviadas por el Alto Comisionado de la ONU, quienes señalaron que ante los reportes de un mal proceso en contra de la jueza, fueron enviados a los juzgados de Pacho Viejo.

Este miércoles 21 de junio se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso o no de la jueza Angélica Sánchez, esta vez por los delitos de tráfico de influencias y delitos contra de pública. Es acusada de falsificar pruebas para la liberación de Itiel N, alias el Compa Playa, considerado como un narcotraficante peligroso por el gobierno de Veracruz.

La jueza fue detenía en dos ocasiones por autoridades veracruzanas y en ambas se señaló que fue violentada en sus derechos humanos, además de que las medidas cautelares otorgadas por el mismo juez de control son excesivas.