Xalapa, Ver.- Luis salió de Cuba hace mes y medio con rumbo a Estados Unidos. Abandonó sus estudios en la Universidad de La Habana y su sueño americano era alcanzar a su pareja, encontrar un trabajo y casarse tras dos años de relación a distancia.

Pagó cerca de 9 mil dólares (poco más de 170 mil pesos mexicanos) para comenzar su travesía, volando de su país de origen hacia Nicaragua, en donde fácilmente cruzó de forma ilegal las fronteras de Honduras y Guatemala. Una vez en el sur de México el plan era seguir por carretera hacia la frontera norte.

Sin embargo, las redes de corrupción que permitían el tráfico de indocumentados en México se vieron afectadas con el acuerdo migratorio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y Estados Unidos logrado el pasado 7 de julio.

Los operativos y aseguramientos se endurecieron y Luis fue detenido hace mes y medio, siendo trasladado a la Estación Migratoria de Acayucan, en donde ha vivido un infierno por las pésimas condiciones de hacinamiento y por el dinero que ha tenido que seguir pagando en su intento por salir de ahí y avanzar hacia Estados Unidos.

Ha tenido que pedir la ayuda de su familia e incluso de su pareja para pagar los abogados que le prometen regularizar su situación migratoria y conseguir asilo, algo que parece imposible con cada día que pasa recluido.

En total ha pagado unos 10 mil dólares (casi 200 mil pesos) desde que salió de Cuba y ahora corre el riesgo de ser deportado porque el gobierno mexicano está retardando los trámites con el objetivo de que él, al igual que miles de migrantes, desista de su lucha por migrar u opte por regresar voluntariamente a su país de origen.

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Claman por Luis desde EU

En entrevista desde Estados Unidos, su pareja clama a las autoridades mexicanas por una oportunidad para Luis y los cientos de cubanos que se encuentran retenidos en la estación migratoria de Acayucan.

A la fecha el cubano se encuentra enfermo con diarrea y catarro debido a que este centro se convirtió en un foco de infección con baños llenos de heces fecales y las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) condicionándoles el agua y obligándolo a él y a otros indocumentados a dormir en el suelo.

Están saturados pues el lugar está hecho para albergar a 800 personas pero en ocasiones el número de indocumentados asegurados se ha acercado a 3 mil. Por seguridad y miedo a represalias la pareja de Luis pide mantener sus nombres en el anonimato, ya que el INM ha llegado a castigar a viajeros que se inconforman, lo que fue denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su similar en Veracruz.

“Han sido días de angustia, sin saber nada, sabiendo que ha vendido su comida para poder llamar (a ella y a su familia vía telefónica), que han dormido en el piso, pidiéndome casi llorando que lo saque de ahí. Es lo poco que he podido saber de él (...) El estómago lo tiene malo porque creo que las comidas se las dan echadas a perder”, narra su pareja.

Y es que, si antes los migrantes tenían que arriesgarse y pagar miles de dólares a “los polleros” que los guiaban en su paso por México, ahora además deben lidiar con los abogados que prometen sacarlos de los centros de detención, a cambio de la entrega de dinero que generalmente excede sus posibilidades financieras.

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Ven a migrantes como mina de oro

El caso de Luis no es la excepción. Al cumplirse 40 días de su encierro sus defensores han solicitado dinero a su familia en varias ocasiones y a su novia, que describe que hay quienes ven a los familiares de los indocumentados como auténticos cajeros automáticos, sin importar que la nueva estrategia migratoria prácticamente obliga a los centroamericanos y caribeños a pedir la deportación voluntaria.

“Creo que la decisión de Luis será tirar para atrás, no creo que pueda seguir aguantando que nadie le da respuesta y todo el mundo le quita dinero y dinero. A él le quitaron el dinero que traía (cuando lo detuvieron) y no se le puede pasar nada de dinero ni de nada, pero su familia sí lo está ayudando con los abogados, aunque piensan que los familiares son cajeros automáticos porque lo único que piden es dinero y dinero y no resuelven nada”.

Luis, quien dejó trunca la carrera de ingeniería eléctrica en Cuba, tenía el sueño de vivir “en un país libre, lejos de la dictadura que dejaron los Castro”, algo que se ve cada vez más lejano para los jóvenes que apenas y superan los 20 años de edad.

“No creo que vaya a servir de mucho todo lo que hizo o estemos haciendo porque yo creo que va a pedir la deportación voluntaria, dice que ya no aguanta más, son más de 40 días y ya no quiere seguir así (...) Las metas eran venir a superarse y vivir en un país libre porque todos sabemos cómo es la dictadura que dejaron los Castro”.

Pese al pago constante de los familiares a los abogados, nada han podido resolver y la cifra de los gastos se acumula, junto con las ganas de Luis de querer abandonar todo y regresar a Cuba de donde huyó por pobreza: “porque no hay libre de expresión”, cuenta su novia.

“Yo no vine legal a Estados Unidos, nosotros no estamos casados, nos íbamos a casar aquí. Llevo 4 años en Estados Unidos y casi dos esperándolo, aunque he podido viajar a Cuba en algunas ocasiones para verlo”.

Mientras tanto, el abogado de Luis ha solicitado al juez décimo de distrito en el estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos que lo ponga en libertad ya que se trata de un extranjero que, en el peor de los casos, enfrenta una falta administrativa.

La estrategia, explicó el defensor, se basa en señalar que el artículo 164 de la Ley de Amparo determina que cuando el acto reclamado consiste en la detención del quejoso efectuada por una autoridad administrativa distinta del Ministerio Público y no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión o amparo tendrá por efecto que sea puesto en libertad, algo que obligaría al INM a liberar a Luis y cientos de cubanos retenidos con el objeto de regularizarse y pedir asilo.

No obstante, el INM atrasa los trámites y luego de que algunos jueces ordenan al Instituto imponer el monto de la fianza este órgano de la Secretaría de Gobernación comenzó a pedir cantidades superiores a los 5 mil pesos, cuando meses atrás eran montos simbólicos que no superaban los 100 pesos.

“La detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales; el artículo 21 de la Constitución Política de México establece como término máximo de la privación de la libertad personal como sanción administrativa el de 36 horas”, añade el abogado, recordando que los retenidos van para 2 meses en las instalaciones de la Estación Migratoria de Acayucan, manteniéndolos incomunicados hasta de sus defensores, lo que es violatorio de sus derechos humanos.

El abogado insiste que los migrantes cubanos y de países como El Salvador, Honduras y Guatemala se encuentran en una situación de vulnerabilidad agravada porque las autoridades los han mantenido incomunicados, de tal manera que ahora ni siquiera les permiten entrevistarse con sus abogados o sus familias con el propósito de lograr la deportación voluntaria.

Los constantes señalamientos y evidencias de maltratos que se acumulan contra la estación migratoria de Acayucan no han valido un posicionamiento por parte del INM. Las autoridades optaron por negar el acceso a sus instalaciones a organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual ya inició 6 investigaciones a partir de 4 quejas por agresiones a indocumentados y otras dos por oficio.

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