El gobierno mexicano no sólo espió a periodistas y activistas disidentes mexicanos, sino que también habría utilizado el programa espía llamado Pegasuspara realizar escuchas sobre un equipo de investigadores internacionales, los cuales habían llegado a México para investigar sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

De acuerdo con una nota publicada este lunes por el diario The New York Times (NYT), los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas– fueron  blanco de la tecnología de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.

Hace casi un mes, el diario también dio a conocer que el gobierno mexicano espió a periodistas y activistas disidentes a través de herramientas que fueron compradas a una firma israelí para perseguir a delincuentes.

Un análisis independiente al que tuvo acceso el diario estadounidense confirmó que el principal enlace del GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el software Pegasus, cuyo objetivo fue el teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo, el cual fue usado por casi todos los integrantes del grupo debido a que era nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

"Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje", destaca el medio de acuerdo a una nota de Forbes.

Además, indica que los miembros del GIEI dicen haber recibido mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios. Dichos textos incentivan a darle clic a un enlace, al hacerlo y de manera secreta se instala el programa que convierte al celular en un aparato de espionaje, ya que permite el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono.

The NYT resalta que al tener como blanco a los miembros del GIEI se afectó a oficiales internacionales, los cuales contaban con una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar uno de los casos más polémicos de la situación de los derechos humanos en México.

Explica que de acuerdo con las leyes mexicanas la vigilancia solo puede ser realizada con la autorización de un juez federal y cuando se tiene causales bien justificados, pero dada la inmunidad diplomática del GIEI sería improbable que el gobierno obtuviera una orden para espiarlos.

Con información de La Silla Rota

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