A 100 días de los hechos donde murieron cinco personas, entre ellos la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, familiares de las víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos presentaron la plataforma digital creada para dar seguimiento a la investigación del multihomicidio en la colonia Narvarte.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, que fue transmitida por una plataforma de internet, Rafael Rodríguez Castañeda, dijo que “solo con la suma de muchas voluntades lograremos conocer la verdad, acceder a la justicia y asegurar la reparación del daño”.

En la presentación de la plataforma, las organizaciones coadyuvantes del caso dieron a conocer que el 10 de septiembre se pidió a la Procuraduría del Distrito Federal (DF) un escrito formal para solicitar:

-Tomar declaración de los vecinos.

-Realizar una revisión integral de los videos de cámaras de vigilancia (entradas, salidas del edificio).

-Una ampliación de declaración del titular de la  secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de la presidenta de la CEAPP, Benita González Morales, y de la secretaria ejecutiva de la CEAPP, Namiko Matzumoto Benítez.

-Ampliar la declaración de testigos fundamentales.

-Realizar peritajes fundamentales para establecer una verdadera mecánica de hechos al interior del departamento 401.

Esto último, ya que “hasta la fecha no sabemos, no conocemos, como fue en términos de secuencia, cronología y de modo, la forma en que se perpetraron los crímenes. No se ha hecho un estudio criminalístico ni criminológico, a raíz de la evidencia científica que ya se encontró”.

A cien días del crimen, las organizaciones coadyuvantes que quejaron de que en el expediente no se encuentran las sabanas de llamadas de las víctimas, a quienes les sustrajeron los celulares.

Tampoco se ha hecho un rastreo y la confronta del ADN de un hombre, que aparece en el instrumento que usan para asfixiar a una de las víctimas, que no es ninguno de los tres detenidos.

A las peticiones de los coadyuvantes, la PGJDF dijo que en su momento decidirán si desahogan o no estas diligencias. La PGJDF ha dicho a los coadyuvantes del caso que ya detuvo a tres personas, y que esa es su obligación, “no saber por qué pasó ni saber cómo se dieron los hechos”.

Por lo cual, se han interpuestos juicios de amparo para defender los derechos de las víctimas a la verdad, y evitar que bajo esta premisa, se cierre la investigación.

Héctor Alberto Pérez Rivera, Coordinador de la Clínica de interés público contra la Trata de Personas, ITAM, dijo que “se percibe de las autoridades, que no hay una investigación atendiendo el principio de la debida diligencia”.

“La PGJDF se ha dedicado a acreditar  elementos muy generales del tipo penal, y ha dejado fuera algo que para las familias es muy importante, en el tema del derecho a la verdad. ¿Por qué ocurrieron estos hechos?”, dijo.

Y mencionó que hasta la fecha no se ha establecido un móvil, pues ha quedado fuera  líneas como la participación de los Zetas, de la participación del gobierno de Veracruz, “la PGJE se ha limitado a decir los detenidos estuvieron ahí, cometieron esos hechos,  pero no hay un indicio de un “porqué”.

En su turno, Carmen Aristegui mencionó que la creación de la plataforma “es un elemento adicional de observación”. “Los que integramos la plataforma, somos un grupo de personas que hemos aceptado estar ahí observando, revisando las informaciones, y en todo caso, con nuestro ojo de periodistas, contribuir desde ese alcance”.

Dijo que no van a sustituir el cuerpo legal de representación de las familias ni la tarea del ministerio público, “somos un elemento adicional, cuyo propósito principal es la observación y la conclusión de nuestra propia observación”.

Participan como integrantes de la plataforma y familiares:

Familiares de las víctimas

Carmen Aristegui

Rafael Rodríguez Castañeda

Miguel Álvarez Gándara

Juan Pablo Albán

Javier Garza Ramos

Leopoldo Maldonado

David Peña