Arturo Angel

Los abogados de las víctimas del multihomicidio ocurrido el 31 de julio la colonia Narvarte presentaron una demanda de amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), luego de que esta se negó a informarles por escrito de los avances en la investigación y a realizar nuevos peritajes para profundizar y esclarecer el caso.

El documento de la demanda presentado la tarde de ayer 5 de noviembre en el Poder Judicial Federal, y al que tuvo acceso Animal Político, revela un acuerdo emitido por la PGJDF como respuesta a dos solicitudes hechas por escrito por los abogados de las víctimas.

En dicho acuerdo, la Procuraduría responde que no considera “necesario ni obligatorio” dar un informe por escrito de los avances de la investigación, como requirieron expresamente las víctimas, mientras que a la petición de los peritajes dice que si resultan viables se harán cuando se considere oportuno, sin dar fecha alguna.

Se trata de por lo menos 60 requerimientos y diligencias que presentaron los abogados en representación de las víctimas ante la Procuraduría para que se complementara la indagatoria del caso, muchos de ellos relacionados con la posible conexión del crimen con el estado de Veracruz.

Además, se pidieron peritajes básicos como una reconstrucción de hechos, que hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo.

La demanda de amparo, que este viernes 6 de noviembre será turnada a un juez para su análisis, sostiene que la respuesta de la Procuraduría es violatoria tanto del derecho constitucional de las víctimas a ser informadas, así como el de garantizar una investigación seria conforme al principio de la debida diligencia.

Karla Michel Salas, una de las abogadas que participó en la elaboración del amparo, advirtió en entrevista que luego de que la Procuraduría consignó al presunto tercer implicado en el multihomicidio, es decir desde mediados de septiembre, la investigación del caso prácticamente se detuvo, pese a que hay pistas no resueltas y a que el móvil del crimen no se ha esclarecido.

“Incluso a uno de nuestros compañeros abogados, el Ministerio Público responsable de la averiguación les dijo que ya solo estaba esperando autorización para cerrar el asunto, es decir, dar por terminada la indagatoria” indicó

Sumado a lo anterior, el juicio abierto en contra de las tres personas detenidas y acusadas por la PGJDF de participar en el caso no muestra ningún avance. Ya son cuatro las audiencias para ampliar las declaraciones de los sospechosos, que se han tenido que posponer.

Animal Político solicitó, a través del área de Comunicación Social de la PGJDF, un posicionamiento respecto a los señalamientos hechos por los abogados de las víctimas y la demanda de amparo, pero hasta la publicación de esta nota no ha habido respuesta.

Cabe recordar que el 31 de julio el fotoperiodista Rubén Espinoza, la activista Nadia Vera (los dos autoexiliados pro presuntas amenazas de Vercaruz), Mile Virginia Martin, la Yesenia Quiroz Alfaro y Olivia Alejandra Negrete, fueron asesinados en el departamento ubicado en la calle Luz Saviñon de la colonia Narvarte.

Todos murieron por disparos de arma de fuego en la cabeza y algunos fueron torturados antes de ser asesinados.

¿Qué pidieron las víctimas?

El 10 de septiembre los familiares de las víctimas asesinadas, a través de sus abogados coadyuvantes, solicitaron formalmente y por escrito que se informara de varios temas de la investigación que se había llevado a cabo, y que se realizaran varias diligencias pendientes,. Un primer escrito se había presentado desde el 5 de agosto.

Las peticiones se hicieron con apego al artículo 9 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal que establecen el derecho de las víctimas coadyuvar con el Ministerio Público dentro de la investigación y proceso del caso.

Entre las diligencias que solicitaron los abogados se encontraba la reconstrucción de los hechos, que hasta el día de hoy la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF no ha llevado a cabo. También se pidió ampliar la diligencia de mecánica de hechos para esclarecer la cronología en que ocurrió el homicidio, y como se pudo haber llevado a cabo sin que nadie más del edificio se percatara.

De igual forma se pidieron nuevos dictámenes de dactiloscopia, en criminología y en fotografía y video, estos últimos sobre las cámaras de Seguridad Pública y de negocios contiguos al sitio del homicidio. También se requirieron peritajes en antropometría y fisonomía para identificar a nuevos sospechosos que aparecen en un video hablando con los presuntos homicidas.

Además de otras diligencias relacionadas con equipos de cómputo y teléfonos celulares, los abogados solicitaron que se desahogaran más de una decena de pruebas encaminadas a esclarecer la línea de investigación del crimen que apunta a Veracruz, sitio de donde se habían autoexiliado dos de las víctimas.

Por ejemplo, se pidió que se ampliaran las declaraciones de secretario d Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita; del ex titular de la misma dependencia Benito González Morales; y de la Presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y protección a los Periodistas, Benita González Morales.

En los escritos presentados ante la PGJDF se hicieron varias solicitudes de información y un balance íntegro del estado de la investigación por escrito.

Los abogados preguntaron por ejemplo si se había requerido a la Fiscalía General del Estado de Veracruz información sobre las investigaciones realizadas por el ataque a estudiantes de la Universidad Veracruzana ocurrido el 5 de junio, evento cuya cobertura propició la salida del estado de Rubén Espinoza.

También se hicieron varias peticiones relacionadas con el trabajo de investigación y la construcción de redes de vínculos de las víctimas, así como de las declaraciones que se recabaron (o no) de los vecinos del sitio donde ocurrió el multihomicidio.

Michel Salas, abogada representante de Nadia Vera y Mile Virginia, señaló que toda la información que se requirió y las diligencias que se pidieron son esenciales, si lo que se quiere es esclarecer el crimen ocurrido el 31 de julio y agotar todas las líneas de investigación.

¿Qué respondió la PGJDF?

De acuerdo con la demanda de amparo, el 12 de octubre los abogados coadyuvantes fueron notificados de un acuerdo emitido por la Procuraduría de Justicia capitalina como respuesta a las solicitudes realizadas.

En dicho acuerdo, según se lee en el documento, la dependencia subraya que se ha permitido asistir a los abogados coadyuvantes a múltiples reuniones encabezadas por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales Edmundo Garrido y el fiscal de Homicidios Marco Enrique reyes Peña.

Además, señala la Procuraduría, los representantes de las víctimas han podido revisar el expediente del caso – como es su derecho – en horarios y días hábiles. Por lo anterior la dependencia decidió que era innecesario entregar el informe por escrito del estado en el que se encontraba la investigación.

“Se tiene por reiterado el derecho que les asiste como abogados de la coadyuvancia de continuar enterándose del desarrollo de la investigación que nos ocupa sin que resulte necesario ni obligatorio para esta autoridad rendir un informe por escrito como lo solicitan” dice la respuesta de la Procuraduría.

En cuanto a las diligencias que solicitaron los abogados, el acuerdo concluye que si el Ministerio Público considera que son “dables (posibles) y oportunas” las mismas “serán realizadas en su momento procesal oportuno”.

Esta respuesta de la PGJDF, señala la demanda del amparo, representa una presunta violación a los derechos de las víctimas pues solo hizo un recuento de reuniones realizadas entre autoridades y coadyuvantes, sin proporcionar lo que se había solicitado semanas antes.

“Si bien el Ministerio Público no negó expresamente brindar la información sobre el desarrollo del procedimiento penal, es evidente que tampoco dio cumplimiento a su obligación constitucional y legal de informar a las víctimas sobre el desarrollo del proceso y no solventó las dudas que se plantearon” indica la demanda.

Respecto a los peritajes nuevos que se pidieron, la demanda subraya que la Procuraduría “debió haber aceptado o no la solicitud de diligencias por parte de la coadyuvancia y no señalar – como lo hizo- que solo se practicarían si lo considerara pertinente, dejando a las víctimas en un estado de indefensión pues no se sabe si se van a practicar ni cuándo”.

Y el juicio en el limbo

Miche Salas reveló en entrevista que el juicio iniciado en el Juzgado 85 Penal del Reclusorio Oriente en contra de los tres detenidos del caso, Abraham Tranquilino , Omar Martínez y Daniel Pacheco, se encuentra prácticamente paralizado.

Ayer estaba programada una audiencia para la ampliación de la declaración de algunos de los detenidos pero fue pospuesta. Se trata ya de la cuarta audiencia que termina cancelándose y defiriéndose para otra ocasión.

“Así nos van a tener fácilmente unos tres años. Las audiencias se terminan difiriendo siempre bajo el argumento de que no llegan testigos o cualquier situación de esas. Prácticamente no hay avance alguno en torno al proceso” señaló.

Con información de Animal Político http://ow.ly/UkLVR