Córdoba, Ver.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz confió en que las autoridades de Estados Unidos nieguen la solicitud de asilo político al ex alcalde de Fortín, Cesar Torrecilla Ramos, procedimiento que sólo demorará su deportación pero que no que no se acredita en su caso.

Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general, señaló que es improcedente la solicitud dado que es prófugo de la justicia por un “delito grave” el cual se acredita en las actuaciones judiciales y la orden de aprehensión girada en su contra desde el 2014, por lo que en su momento se estará avisando de su entrega a las autoridades judiciales de Veracruz para su ingreso al penal de mediana seguridad La Toma, ubicado en Amatlán.

Desde hace unos días se esperaba la llegada e ingreso de Torrecilla Ramos, sin embargo recurrió al recurso legal previsto en las leyes de Estados Unidos país en donde fue arrestado por agentes de Interpol, al considerar que es un perseguido político de las autoridades veracruzanas.

“Sí promovió la solicitud de asilo político, pero no se acredita en el caso. Se pretende traer por virtud de la orden de aprehensión girada en su contra por jueces veracruzanos por delito grave, no es persecución política, es cumplimiento de orden de aprehensión y sólo hay que desahogar un breve procedimiento y ya”, apuntó Bravo Contreras.

A través del Sistema de Internet Localizador de Detenidos, se da cuenta que este Viernes Cesar Torrecilla Ramos fue fichado en el Centro de Detención de Río Grande, ubicado en Laredo, Texas, cuyo número asignado es el 208146012, en su ficha aparecen nombre completo, país de nacimiento, su estado en custodia, lugar y centro de custodia.

El entrevistado agregó que tras el procedimiento que aún se tenga que realizar se llevará a cabo el tan esperado arribo del ex alcalde al estado, pues son los trámites que corresponden a su extradición, lo que podría ocurrir la próxima semana, aunque no hay una fecha exacta.

Cesar Torrecilla Ramos, fue detenido la noche del martes 14 de julio por presunto responsable por daño patrimonial por más de 40 millones de pesos, detectados en las cuentas públicas de la administración priista de Fortín 2011-2013.

Avc