Debido a que muchos de los llamados liderazgos sindicales magisteriales ya no representan los intereses de sus bases trabajadoras, es recomendable que los legisladores escuchen las voces organizadas del magisterio y de los trabajadores estatales en general antes de votar la reforma a la Ley del IPE. Deben sobre todo escuchar las voces que han mostrado en el espacio público un profundo conocimiento acerca de la situación actual del IPE y sus posibles vías de desarrollo a futuro, establece un análisis realizado por la Unidad para la Incidencia Magisterial (UIM) y el Portal www.insurgenciamagisterial.com.

Dicho análisis, según se lee en el citado documento, se integran a las acciones del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (Fedipev), tal como lo han hecho ya de manera pública el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano–Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (MMPV-CNTE) y la Coalición de Pensionistas Independientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (Copipev.

Indica que en lo referente a jubilaciones, la reforma debe ser suficientemente discutida a luz de proyecciones financieras, sobre todo por que impacta directamente al ingreso de cada jubilado. “Es falso que sólo afectará a los que perciben mayores montos por jubilación, afectará de manera proporcional a todos los pensionistas”, asegura el análisis.

En lo que se refiere al incremento en el porcentaje de las cuotas y aportaciones, los integrantes de la UIM indican que debe analizarse con detenimiento esta propuesta ya que presupone que el problema del IPE es sólo financiero y no lo es, sino que tiene que ver con una deficiente administración y que es inadmisible que después de haber cotizado 30 años todavía se le pida al jubilado volver a cotizar. “Esto es perder un derecho. Es una propuesta abusiva, ya que no plantea en contraparte el inicio de procedimientos legales para fincar responsabilidades a los que llevaron a este quiebre financiero al IPE. Por otro lado es importante valorar la aplicación retroactiva de esta Ley en perjuicio de los jubilados”, se lee en el documento.

En lo que se refiere a la política de aumento de la edad para tener derecho a la jubilación (65 años en este caso), ésta no resuelve el problema de fondo del IPE, ya que como se plantea en la “Exposición de motivos” de la citada iniciativa, éste es un problema cíclico que las autoridades no previeron en reformas anteriores, pero tampoco en ésta. Los problemas de fondo tienen que ver con la forma en la que se procesan las decisiones y se manejan los recursos, dicen los autores del estudio.

El estudio de la UIM considera que la permanencia de 13 integrantes del Consejo Directivo, siete de los cuales representan al gobierno es el que ha llevado al IPE a su estado actual de inviabilidad financiera, ya que los intereses que se privilegian son los del gobierno en turno y no de los trabajadores. “A este esquema de toma de decisión es donde debe apuntar la reforma del IPE.  Se debe tender a un esquema de toma de decisiones donde se privilegie la independencia del IPE de los gobiernos en turno; en tal sentido el gobierno estatal tendría uno o dos representantes y no nombraría al titular, sino lo haría el Consejo Directivo en pleno. Otra cuestión importante es que en el Consejo estén representados las asociaciones de jubilados legalmente constituidas, así como evaluar la representatividad de los trabajadores en activo”, se indica.

El breve análisis realizado por profesores integrados a la Unidad de Incidencia Magisterial y el Portal www.insurgenciamagisterial.com refiere que la reforma del IPE debe ir en sentido contrario a lo planteado en la iniciativa de reforma, que se debe buscar la independencia técnica, política, financiera y administrativa del IPE en relación con los gobiernos estatales y que para ello se deben diseñar artículos específicos y crear organismos de observación ciudadana y rendición de cuentas, que funcionen como contrapesos del Consejo Directivo y como garantes de los derechos de los trabajadores jubilados y activos.

Reiteran que el análisis tiene como propósito plantear algunos aspectos de la iniciativa de Ley del IPE que por sus implicaciones se consideran deben ser objeto de discusión pública por parte de los diputados locales, toda vez que sus decisiones afectarán el ingreso económico de miles de familias veracruzanas, es imprescindible que el legislador escuche los argumentos de los directamente afectados. “No hacerlo y seguir la tendencia de sólo levantar el dedo sin analizar, llevará a nuestra entidad a la acumulación de otra afrenta cuyo desenlace será responsabilidad única y exclusiva de los tomadores de decisiones públicas de nuestra entidad”, concluyen.