Xalapa, Ver. - Este jueves, la gobernadora Rocío Nahle García envió al Congreso de Veracruz una iniciativa de reforma al artículo 78 de la Constitución estatal para eliminar la declaración de procedencia que actualmente protege a alcaldes, síndicos e integrantes de concejos municipales frente a procesos penales.

La propuesta, publicada este 17 de septiembre en la Gaceta Legislativa, plantea que las autoridades municipales puedan ser investigadas y, en su caso, sometidas a un proceso penal sin que previamente el Congreso local tenga que determinar si procede retirarles dicha protección.

Actualmente, los presidentes municipales, síndicos y titulares de concejos municipales forman parte de los servidores públicos que cuentan con inmunidad procesal. Para proceder penalmente en su contra por delitos presuntamente cometidos durante su encargo, se requiere una declaración de procedencia aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

Con la modificación propuesta, las autoridades municipales serían retiradas de esa lista y ya no necesitarían el aval del Poder Legislativo para que las instancias correspondientes puedan proceder en su contra.

La iniciativa aclara que eliminar esta protección no significa dejar sin derechos a los funcionarios frente a una investigación penal.

“Eliminar la declaración de procedencia respecto de determinadas autoridades municipales no significa dejarlas desprotegidas ni disminuir los derechos que les corresponden frente a una investigación penal”, señala el documento.

De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma busca diferenciar la autonomía de los ayuntamientos de la inmunidad procesal de quienes ocupan temporalmente los cargos públicos.

NO HABRÍA SEPARACIÓN AUTOMÁTICA DEL CARGO

La propuesta también precisa que una denuncia penal no implicaría automáticamente la separación del cargo. Alcaldes y síndicos conservarían la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.

La declaración de procedencia se mantendría para otros servidores públicos contemplados en el artículo 78, entre ellos diputados locales, la persona titular del Poder Ejecutivo, secretarios de despacho, la Contraloría General, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Poder Judicial y diversos organismos autónomos.

Para estos funcionarios continuaría vigente el requisito de una votación de las dos terceras partes del Congreso para determinar la procedencia penal.

De ser aprobada, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. El Congreso tendría, además, un plazo de 60 días naturales para adecuar la legislación secundaria a la nueva disposición constitucional.

JRG