Xalapa, Ver. - Los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, ambos de Movimiento Ciudadano (MC), quienes fueron desaforados por el Congreso de Veracruz en agosto, son considerados prófugos por las autoridades estatales, aunque ellos sostienen que se encuentran fuera de sus municipios para preparar su defensa.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que se trata de Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, quienes fueron separados de sus cargos luego de que el Congreso local les retiró el fuero a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Ahorita hay dos que están precisamente haciendo su defensa o prófugos porque están haciendo su defensa, según ellos”, declaró el funcionario.

Ahued señaló que ambos exalcaldes ya fueron separados de sus funciones y que corresponde a la Fiscalía determinar su situación jurídica y continuar con las acciones que correspondan dentro de las investigaciones.

“Ya fueron desde luego desalojados de su labor en el municipio y pues están en eso. Es tema de la Fiscalía”, sostuvo.

DESAFORADOS

Raúl González Martínez, exalcalde de Ixhuatlán del Sureste, enfrenta una investigación por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

En tanto, Bertín Bravo Montero, quien encabezaba el Ayuntamiento de Úrsulo Galván, es investigado por su presunta relación con la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López.

En ambos casos, el Congreso de Veracruz aprobó retirarles la protección constitucional para que pudieran enfrentar las investigaciones iniciadas por la Fiscalía.

Las declaraciones de Ahued ocurrieron un día después de que confirmó que el Gobierno estatal prepara una iniciativa para acotar el fuero de presidentes municipales y síndicos.

El funcionario señaló que la propuesta, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, será enviada al Congreso local, aunque todavía no se conocen los detalles sobre si se plantea eliminar el fuero o modificar el procedimiento para retirarlo.

“El fuero no nos alcanza para cometer algún delito”, afirmó Ahued.

El secretario de Gobierno sostuvo que la reforma busca evitar que la protección constitucional sea utilizada para impedir que servidores públicos municipales enfrenten investigaciones por posibles delitos.

Por ahora, dijo, será necesario esperar a que el Ejecutivo presente formalmente la iniciativa para conocer sus alcances.

“Esperemos que ella va a mandar un documento, esperemos que lo publiquen para que veamos en qué consiste”, expresó.

Mientras tanto, las investigaciones contra los dos exalcaldes continúan bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado.

JRG