Xalapa, Ver. - La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó que las investigaciones que mantiene la dependencia relacionadas con alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) tengan un trasfondo político y aseguró que todas las actuaciones se sustentan en datos de prueba y no en intereses partidistas.

Luego de ser cuestionada sobre señalamientos de presunta fabricación de carpetas de investigación, la titular de la Fiscalía sostuvo que su responsabilidad es procurar justicia y recordó que, incluso cuando encabezó el Poder Judicial, nunca tuvo facultades para integrar investigaciones.

“No vengo a hacer política. Mi prioridad, tanto cuando estuve en el Poder Judicial como ahora en la Fiscalía, ha sido la justicia. Cuando acudimos ante un juez no llevamos argumentos políticos, llevamos datos de prueba”, afirmó.

Explicó que una orden de aprehensión, una vinculación a proceso o una sentencia dependen de los elementos que se presenten ante un juez y de lo que se desahogue durante las audiencias, por lo que rechazó que una sola persona pueda decidir el rumbo de un proceso penal.

HABRÁ MÁS DETENCIONES

Al referirse a la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, la fiscal confirmó que la carpeta continúa abierta y que la Fiscalía mantiene pendientes nuevas órdenes de aprehensión, además de las ocho personas que ya fueron vinculadas a proceso por homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva.

Jiménez Aguirre evitó precisar cuántos mandamientos judiciales faltan por ejecutar o cuántas personas más son investigadas, al señalar que revelar esa información podría afectar el desarrollo de la indagatoria.

“Seguimos trabajando la carpeta de investigación y se están generando más órdenes de aprehensión. Si doy detalles en este momento, yo misma podría obstruir la investigación y la posible ejecución de esas órdenes”, señaló.

Indicó que, una vez cumplidas las capturas pendientes, ofrecerá una conferencia para explicar la integración de la carpeta, la participación de los implicados y el desarrollo de las investigaciones, siempre respetando la información que debe reservarse para proteger a las víctimas y sus familias.

Respecto al expediente remitido al Congreso del Estado para sustentar la solicitud de desafuero del alcalde Raúl González Martínez, la fiscal declinó pronunciarse sobre su contenido, al argumentar que el procedimiento legislativo sigue en curso.

“No puede haber órdenes de aprehensión si antes no se resuelve el desafuero”, respondió al ser cuestionada sobre una eventual captura del edil.

También evitó confirmar la autenticidad de información difundida en medios de comunicación sobre la carpeta de investigación y aseguró que la Fiscalía no revelará datos mientras continúen las diligencias ministeriales y la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes.

JRG