Xalapa, Veracruz.- A tres meses de que concluya la administración de Javier Duarte de Ochoa y comience la de Miguel Ángel Yunes Linares, los adultos mayores de Veracruz que recibe una pensión del estado, se encuentran en pie de lucha.

Si con Duarte de Ochoa pelearon el pago oportuno de sus pensiones, con Yunes Linares lucharán por la transparencia y rendición de cuentas en la forma en que se administran los bienes y los recursos económicos en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

“Más allá del Duarte y de Yunes Linares, estamos nosotros, nuestro derecho a recibir una pensión a tiempo y como debe ser, así como nuestro derecho a saber de qué manera se administra la reserva económica y los bienes del IPE”, dice Adriana Chávez Tejeda, vocera de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (Copipev).

Entrevistada en un conocido café de la ciudad, en donde se hace acompañar por un grupo de mujeres pensionadas y el abogado de la Copipev, señaló que durante la nueva administración que está por iniciar, los pensionados continuarán en la defensa de sus derechos.

Buscarán impulsar la iniciativa de Ley del IPE que presentaron en el Congreso de Veracruz, en junio del 2015, con el aval de los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Instarán a la Fiscalía General del Estado para que no archive la denuncia presentada el 01 de agosto contra 13 integrantes del Consejo Directivo del IPE por presuntos malos manejos de la reserva técnica del Instituto.

 Y prepararán nuevas demandas por el manejo indebido, la venta y/o la entrega en comodato a particulares de los bienes inmuebles del IPE.

Frente a un actor político que Yunes Linares, que entre sus antecedentes tiene la individualización de cuentas en su paso por el ISSSTE, Chávez Tejeda recordó que en campaña, se entrevistaron con él: “Sabe de nuestra propuesta de ley, y se comprometió a que cuando llegue nos va a llamar. Nosotros nos vamos a preparar y nos vamos a defender”.

El periplo de los pensionados con Javier Duarte

Juan José Llanes Gil del Ángel, integrante del corporativo Vianes, Llanes y Asociados, asesor de los pensionados en Veracruz, consideró que los pensionados fueron el sector más damnificado de la administración de Javier Duarte, junto con los periodistas, que “también han sido apaleados en esta administración”.

Desde que el Instituto de Pensiones fue creado en 1967, los agremiados no habían sufrido un atraso en el pago de las pensiones. La primera falta tuvo lugar el 20 de diciembre del 2011, cuando Duarte de Ochoa tenía un par de semanas al frente del gobierno del Estado.

Al primer atraso siguieron otros... Al principio espaciados y de uno o dos días. Después de forma consecutiva: mes tras mes, y de cinco hasta diez días de atraso…

El abogado argumentó que al retrasar el pago de las pensiones, Duarte de Ochoa cayó en una “conducta tendiente al exterminio” en contra de los pensionados, “porque a la luz del derecho internacional, el Estado con sus actos y omisiones privó del acceso de alimentos y medicamentos a un sector de la población que comparte una característica en común”.

Los pensionados resistieron la administración Duartista, acompañando cada retraso con protestas en las calles y plazas públicas.

En 2014, aunado a la falta de pago,  la administración de Duarte de Ochoa impulsó una reforma a la Ley del IPE,  a través de la cual pretendía deslindarse de la responsabilidad de hacer aportaciones para el pago de pensiones. Y, obligar a los jubilados a realizar una aportación del 12 por ciento de su pensión al IPE.

Más de 10 mil amparos fueron presentados por trabajadores activos y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ante Juzgados del Poder Judicial Federal, para revertir la reforma, que afectaría a 26 mil trabajadores jubilados, y 100 mil trabajadores en activo que cotizan al IPE.

En marzo del 2015, los Tribunales Federales concedieron amparos contra la reforma, y  más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  terminó por invalidar cuatro artículos de la Ley del IPE.

Pero los retrasos en el pago de las pensiones siguieron, y con ello las protestas de los jubilados.

En 22 diciembre del 2015, las manifestaciones llegaron a su punto más álgido cuando el Secretario de Gobierno, Flavio Ríos Alvarado, ordenó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojara la calle Enríquez, bloqueada por pensionados.

La represión generó la indignación de los veracruzanos, quienes al día siguiente hicieron una protesta contra la medida promovida por el gobierno de Duarte de Ochoa.

Por estos hechos, los pensionados pusieron una queja ante la CNDH, que está a unas semanas de resolverse.

En el primer trimestre del 2016,  los jubilados emprendieron una estrategia jurídica que incluyó la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que terminó en la emitió la recomendación 16/2016 dirigida al IPE y a la Secretaría de Finanzas del Estado.

En esa recomendación, se reconoció que el retraso en el pago de pensiones constituye una violación a los derechos humanos, y se ordenó a las autoridades pagar de manera oportuna.

El IPE y la Secretaría de Finanzas aceptaron la recomendación de la CEDH, y  luego de cinco años y medio se atrasó en la cobertura de pensiones, hizo el pago  puntual de la pensión  con el pago en el mes de julio. Y, se espera que lo mismo ocurra el último día del mes de agosto.

Sin embargo, la recomendación de la CEDH para recibir un pago oportuno de las pensiones no concluye con el gobierno de Duarte de Ochoa; sino que tiene vigencia para la siguiente, y  siguiente y siguiente administración estatal.

De cara al nuevo gobierno,  los pensionados no sólo piensan en el pago oportuno de sus pensiones, van más allá. Y buscan una mejor legislación para resguardar los derechos de jubilados y pensionados. Así como para transparentar y buscar que se rindan cuentas de la forma en que se administran los bienes y los recursos económicos del Instituto.

Vamos por transparencia y rendición de cuentas en el IPE

Para Yunes Linares, los pensionados tienen dos preguntas: ¿Qué va hacer el nuevo gobierno para mantener vigente el respeto a los derechos humanos de los pensionados? ¿Va a mantener el muro que produce opacidad en el IPE?

Chávez Tejeda, defensora de los derechos de los jubilados, consideró que los retrasos en el pago de pensiones que se dieron Javier Duarte, no son otra cosa que el reflejo de la falta de transparencia y rendición ha prevalecido desde la creación del instituto.

“Nunca hubo transparencia en el manejo de los bienes del IPE, en la manera en que se administraron las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de los patrones. Tampoco se nos informó porqué unos sindicatos forman parte del Consejo Administrativo del IPE y porqué otros no”.

Ahora que un nuevo gobierno está por iniciar, los pensionados hablan de revertir esta situación propiciando la rendición de cuentas en el IPE.

Juan José Llanes Gil del Ángel, integrante del corporativo Vianes, Llanes y Asociados, asesor de los pensionados en Veracruz, considera que para mantener viable el sistemas de pensiones en Veracruz es urgente impulsar la reestructuración del Instituto de Pensiones, otorgar autonomía del IPE – es decir, que deje de ser un organismo descentralizado, para ser autónomo-.

Promover que el titular del IPE debe ser nombrado por el Congreso Local, con el aval de las distintas fuerzas política que integra la legislatura, y establecer mecanismos de rendición de cuentas, así como de fincamiento de responsabilidades.

También se tiene que sentar las bases sobre las cuales van a quedar garantizadas las pensiones de los que están jubilados y los que vienen.

“Los sistemas de pensiones son viables, pero su viabilidad depende de que no se roben el dinero”, acotó el abogado.