En demanda del cumplimiento de prestaciones atrasadas, sindicatos de empleados al servicio del Poder Ejecutivo organizan una resistencia en contra del Gobierno del Estado que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.

Los dirigentes sindicales temen represalias por la pelea laboral. Aseguran que pueden presionarlos con la lentitud en trámites de ventanilla y, si se manifiestan en la vía pública, el actual Gobierno demostró que puede implementar operativos de desalojos a punta de macana.

Incluso, la administración morenista procedió legalmente en contra de líderes de trabajadores con la policía preventiva en otros casos y el respaldo de la Fiscalía General, a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

SE CUELAN EN FINANZAS

Este jueves 12 de marzo, socios del Sindicato de Empleados Democráticos Independientes del Poder Ejecutivo de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado (SIEDIPEV), así como del Sindicato Liberal de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo del Estado (SLSTSEEV) ingresaron a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

En las instalaciones gubernamentales reclamaron prestaciones laborales comprometidas, pero que siguen sin entregarles.

Los sindicalistas burlaron la seguridad para llegar a la oficina del secretario José Luis Lima Franco, en el cuarto piso de la sede de Sefiplan, para exigir el cumplimiento a las promesas de recategorizaciones y aplicación de claves sindicales.

Lo anterior obligó a las autoridades a celebrar una reunión de emergencia a puerta cerrada con los sindicatos, aunque el diálogo no los convenció debido a la propuesta de la dependencia de pagar solo el 25% de los adeudos con los trabajadores.

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"Es una cantidad raquítica", calificó el secretario general del Sindicato de Empleados Democráticos Independientes del Poder Ejecutivo de Veracruz y de la Fiscalía General, José Antonio Rodríguez Mendoza, al finalizar la negociación con la parte patronal.

Ante las propuestas del Gobierno, el dirigente enfatizó que la Ley vigente es clara y por lo tanto el Ejecutivo no puede pactar condiciones menos favorables a las establecidas incluso por la propia Sefiplan.

"Muy a pesar de que no se quiere cumplir con ello, las cantidades van en contra de lo que por derecho hemos conseguido desde hace muchos años; la cantidad que nos ofrecen es raquítica y no permite cumplir con los trabajadores, es menos de lo que ofrecieron en 2014 (...).

Nos están ofreciendo un 25 por ciento sino es que menos de las cantidades que ya teníamos establecidas", puntualizó el dirigente.

Presente en la reunión con los sindicatos, el subecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, justificó una supuesta falta de solvencia de la Secretaría para finiquitar el compromiso total con los trabajadores.

Rodríguez Mendoza reprochó que otros sindicatos aceptaron las cantidades "totalmente irrisorias" propuestas por la parte patronal.

Sin embargo, observó que la Sefiplan no les dio otra alternativa porque otras organizaciones sufrieron cambio de dirigente o bien apenas se constituyeron, lo cual debilita el movimiento sindical de empleados del Ejecutivo.

"No vamos a aceptar esas condiciones porque es ir en retroceso. No quieren cumplir con este compromiso a cabalidad y afecta a todos los trabajadores del Poder Ejecutivo", afirmó.

Por lo anterior, convocó al resto de las asociaciones sindicales para sumarse y formar un frente común para presionar a Sefiplan con el cumplimiento de pendientes.

La nueva reunión con la Sefiplan se efectuará el 25 de marzo, para abordar los temas no resueltos en la primera negociación.

PAROS Y REPRESIÓN

Desde el inicio de su Gobierno, Cuitláhuac García Jiménez no presume una buena relación con los sindicatos al servicio del Ejecutivo, principalmente por la tardanza de la Secretaría de Finanzas para cumplir con las prestaciones y demandas de los dirigentes.

En septiembre de 2019, el Secretario General del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo (SEPEV) protestó en los accesos de Hacienda en reclamo por el incumplimiento para autorizar 231 claves sindicales a igual número de trabajadores.

En este caso, explicó que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje les concedió de manera inicial 30 de tomas de nota adicionales a las 201 existentes.

La parálisis de Sefiplan representa una afectación a los derechos del Sindicato al no acceder a mayores prestaciones, a pesar de que el proceso para afiliarse les tomó hasta un año, indicó.

A esto se suma que en la entidad existen 5 mil trabajadores gubernamentales que no cuentan con prestaciones como la seguridad social, ya que no están inscritos ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo cual significa que no hacen aportaciones y no ayuda a fortalecer el instituto.

La dependencia se comprometió a revisar el expediente, pero el 10 de febrero pasado el SEPEV tomó las instalaciones de Finanzas. 

En ese entonces, el líder del Sindicato, Acmer Antonio Galicia Campos, dijo los afectados obtuvieron una resolución por parte del Poder Judicial que es el Tribunal Estatal de Conciliación que les otorga una Toma de Nota en donde manifiesta la misma resolución de que no hay elementos para que se consideren trabajadores de confianza, por lo tanto, son trabajadores de base.

Añadió que hay empleados con más de 30 años de servicio y siguen sin ser integrados a la Seguridad Social, tal y como lo marca la Ley. En los reclamos optaron por no liberar la dependencia y pernoctar allí mismo. 

Al día siguiente la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dispuso un operativo para liberar la dependencia y en esta acción detuvo a Acmer Galicia, por el supuesto delito de sedición.

El día 13 de febrero, el Juez de Control de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, dejó en libertad al dirigente al no acreditar la Fiscalía General del Estado el delito.

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EN DESVENTAJA

La lucha de los Sindicatos además refleja una desventaja ante el número de empleados "de confianza" en las dependencias del Poder Ejecutivo.

En septiembre de 2019, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Veracruz, Faustino García Fernández, reveló que más de 8 mil trabajadores del Gobierno del Estado no cuentan con base y por lo tanto no tienen garantizadas sus prestaciones laborales.

Señaló que hasta ahora está "congelado" el decreto dejado por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, que pretendía basificar a personal del Gobierno del Estado. 

"Hay 8 mil personas que no tienen base desde hace muchos años y eso siempre se ha peleado, en un Gobierno ya se había logrado que dieran bases, pero vino otro Gobierno y en este Gobierno está suspendido esto", alegó.

Actualmente su sindicato tiene adheridos a 6 mil trabajadores y la actual administración no les ha dicho cuándo pueden empezar a entregar las bases para sus trabajadores.

A lo anterior se agrega que partir del 2020, el Gobierno de Veracruz incrementará la nómina estatal con la contratación de más Empleados Temporales Administrativos (ETAS) en dos de las secretarías claves del Poder Ejecutivo: la de Desarrollo Social y la de Seguridad Pública.

en el caso de la Sedesol, esta aumentará su plantilla en un 400 por ciento, y con la SSP, el incremento ronda el 30 por ciento de su personal, igual, con trabajadores administrativos.

En el Presupuesto de Egresos 2020, el Gobierno de Veracruz incrementará en números finales, en un 25 por ciento sus ETAs, siendo trabajadores que no tienen más prestaciones ganadas que las de un empleado de confianza, sin generar antigüedad o derechos sindicales.

En el caso de la dependencia a cargo de Guillermo Fernández Sánchez, contratará a 147 mil nuevos trabajadores, equivalente a un aumento de 384 por ciento.

Lo anterior cuando en la Sedesol prestan servicios 153 empleados de base; 18 de contrato y 298 ETA, lo cual da un total de 469 trabajadores, pero para 2020 aumentarán a 155 trabajadores de base, 18 de contrato y los mil 271 ETA, con un total de mil 445 trabajadores.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, contratará a 381 nuevos empleados y pasará de tener mil 216 a mil 597 para 2020, esto aunque la dependencia tiene 10 mil 288 empleados de base; mil 449 de contrato y mil 216 ETA, que en total suman 12 mil 953 trabajadores.

Con el incremento, en 2020 tendrá 10 mil 288 trabajadores de base; mil 418 de contrato y mil 597 ETA, que en total suman 13 mil 303 empleados.

De manera general el Poder Ejecutivo tendrá 92 mil 4 plazas para 2020, de las cuales 22 mil 332 corresponden al sector público centralizado y 69 mil 672 al magisterio estatal. En total habrá 6 mil 765 ETA.

En 2019 se avalaron 90 mil 600 plazas; de las cuales 21 mil 13 corresponden al Sector Público Centralizado y 69 mil 587 corresponden al Magisterio Estatal. En total hubo 5 mil 431 ETA este año que está por concluir.

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