El incómodo empresario consentido de la 4T
- Roberto Rock
El éxito del imperio empresarial encabezado por José Miguel Bejos en la administración López Obrador no podría ser más incómodo. Los contratos que lo benefician, que suman ya 50 mil millones de pesos, con Pemex, el Tren Maya y Banobras, desmienten la supuesta ruptura con el expresidente Enrique Peña Nieto, reavivan causas judiciales nunca aclaradas y atraen inquietud en el gobierno de Estados Unidos.
El trato privilegiado en favor del clan fundado por Jesús Alfredo Miguel Afif desde el corazón del priísmo mexiquense, permitió a su heredero directo, José Miguel Bejos, una estrecha amistad con Peña Nieto -camaradas inseparables en el golf, junto con Emilio Gamboa y el compadre presidencial Luis Miranda.
Una casa de la familia Miguel Bejos, ubicada en Virreyes 1130, una exclusiva zona capitalina, fue el cuartel de campaña de Peña, en cuyo sexenio se otorgaron a sus amigos y aliados contratos públicos por 19 mil millones de pesos. El actual gobierno ha aumentado ya esa cifra en 150%.
Quienes han estudiado la historia de este emporio nutrido por el erario federal lo explican como la mezcolanza entre el poder político y el económico, un fenómeno que ha merecido denostaciones del presidente López Obrador, lo mismo que la práctica de otorgar las llamadas Asociaciones Público-Privadas (APPs), obras con fondos de empresas privadas, que luego cobran cuotas por dilatados lapsos.
Sin embargo, documentos en poder de este espacio demuestran que Banobras, a cargo del político priísta y exsenador Jorge Mendoza Garza, contrató una APP apenas el pasado 16 de junio con la compañía Mota-Engil, que preside José Miguel Bejos. Un contrato multianual para el mantenimiento, rehabilitación y operación de las autopistas Jala-Compostela-Las Varas y Tepic-Compostela, en Nayarit. El monto es el más alto de los registros de CompraNet en 2022: 12,417 millones de pesos.
En octubre de 2019, Mota-Engil destacó en los escándalos por denuncias contra empresas “factureras” reveladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto. Años antes el consorcio familiar había sido objeto de imputaciones de fraude, incumplimiento de contratos y otros ilícitos contra instancias federales como Pemex, SAT e IMSS, además de la filial de arrendamientos del “Bank of America”.
Todo ello no obstó para que se le permitiera participar en la construcción del Tren Maya. La constructora Mota-Engil México, constituida en 2010 como una alianza de la familia Miguel Bejos con la trasnacional portuguesa Mota-Engil, lidera el consorcio que construye el primer tramo del Tren Maya (Palenque-Escárcega). Se le adjudicó un contrato para el Tramo 1, por 15,538 millones de pesos. Además, hace unas semanas firmó otro contrato por 4,023 millones de pesos vía adjudicación directa para participar en la construcción del Tramo 2 (Escárcega-Calkiní). No lo hace sola, sino en alianza con la compañía China Communications Construction, propiedad mayoritaria del gobierno chino, colocado en ruta de colisión con la administración Biden.
La participación de esta compañía en una obra emblemática del gobierno mexicano obliga a recordar la abrupta cancelación en mayo de 2018 del tren rápido México-Querétaro, luego de quejas del gobierno Obama. Había sido asignado a la también paraestatal China Raillway Construction, asociada con empresarios ligados al régimen priísta, como Juan Armando Hinojosa e Hipólito Gerard.
Las virtudes que la 4T encuentra en las empresas de la familia Miguel Bejos se traduce en que son las principales contratistas de Pemex, que dirige Octavio Romero. Sus filiales han recibido contratos de la petrolera durante el presente sexenio por más de 17 mil millones de pesos. Se trata de firmas nuevecitas, creadas entre noviembre de 2018 y agosto de 2019, de la mano con el nacimiento del gobierno López Obrador.
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Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue Subdirector Editorial de El Universal y Director Editorial General de El Gráfico y de El Universal. Actualmente, es vicepresidente de la Comisión Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).