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En el contexto del primer asesinato de un periodista durante el bienio de gobierno de Miguel Angel Yunes Linares, aparece la petición de ayuda de uno más; lo que constituye un tema delicado.

El columnista Ricardo Monlui Cabrera murió trágicamente en Yanga, Veracruz, el pasado domingo y al día siguiente, el lunes, el propietario del portal Noticias a Tiempo -Marcos Miranda Cogco- envió una carta pública al Presidente Enrique Peña Nieto con el título: “Arremete Gobernador Yunes Linares y el FGE del estado en mi contra, temo por mi vida”. (Sic).

Se pueden leer y analizar los contenidos informativos, así como el estilo y la técnica bajo las cuales desarrolla su quehacer periodístico Miranda Cogco y criticarlo o no estar de acuerdo con él.

Resulta obvio –lo fue durante años- que el director de Noticias a Tiempo mantuvo una cercanía más allá de lo periodístico con los gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Marcos Miranda Cogco egresó como parte de la generación 1986-1990 de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la U.V. Respalda su quehacer comunicativo, pues, con una carrera universitaria.

En contraste, sus nexos con el poder fueron tales que convirtieron sus textos en halagos para la fidelidad/duartista y una crítica que a menudo rebasó lo profesional y se convirtió en mensajería personal hacia los Yunes.

Este papel del comunicador bien pudo ser tramado desde Xalapa con dirección a Boca del Río: el rincón donde las familias Yunes Linares y Yunes Márquez se empoderaron y crecieron hasta llegar al palacio de gobierno estatal.

En lo particular, es decisión de cada quien entrometerse en diferencias tan personales como las que han vivido durante 30 años Fidel Herrera Beltrán y su némesis Miguel Angel Yunes Linares.

La libertad de expresión sólo tiene un punto de equilibrio: la ética y éste se define desde la perspectiva del cada quien justo enfrente del cada cual.

Se debe separar el quehacer periodístico de las luchas personales o de grupos de poder que se ubiquen en lo privado y no abonen o se vinculen a lo público.

El periodista no puede jugar a favor de una de las partes y tampoco debe pugnar contra la de enfrente. Su papel en lo privado es ajeno y en lo público es neutral.

Un reportero puede ser testigo de los elementos de interés público de un escenario como el descrito –por lo demás, muy comunes- pero su labor es observar, narrar, describir, criticar a uno y otro, sustentar su crítica, no vender su pluma.

Es parecido al compromiso ético de un abogado en el sentido de defender incluso al peor de los criminales. El especialista en leyes puede no estar de acuerdo con el actuar personal de su cliente pero su profesionalismo lo obliga a vigilar el respeto a sus derechos humanos con base en la ley, sin tomar partido.

¿Marcos Miranda Cogco vendió sus espacios a unos y se puso en contra de los otros?

He ahí un análisis que deben llevar a cabo el propio director de Noticias a Tiempo, sus lectores y sus críticos.

Se le ubica en viajes por el extranjero pagados por el gobierno estatal durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Yunes Linares lo menciona como proveedor de servicios informativos que cobraba una importante cantidad de facturas a la Coordinación General de Comunicación Social sin que se justificaran profesionalmente.

Si todo ello se enmarca en un contexto legal, estaríamos ante una exhibición que representa un ataque político de parte de los nuevos habitantes del palacio estatal.

Si Marcos Miranda violó alguna ley entonces debe ser denunciado no exhibido sin sustento jurídico.

Esto último daría sustento a la carta de Miranda Cogco a las autoridades federales pidiendo ayuda porque se dice acosado –lo mismo que su familia- por los políticos Yunes Linares y los Yunes Márquez.

Lo correcto, también, es que Marcos Miranda denuncie su caso ante las instancias respectivas, a nivel estatal y federal, aunque entre sus acusados se encuentre el propio fiscal Jorge Winckler.

Lo esencial es dar los pasos adecuados desde el punto de vista legal.

El llamado que hace Miranda Cogco también debe ser atendido por las autoridades federales. Su carta se remite también a Miguel Angel Osorio Chong y Roberto Campa Cifrián, de la Secretaría de Gobernación.

La respuesta de estas instancias, así como de las Comisiones –Estatal y Federal- de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, también son necesarias.

Han sido asesinados 21 periodistas en seis años y medio en Veracruz y hoy uno se dice amenazado por el gobierno estatal.

Lo escrito por Miranda Cogco son palabras mayores por afirmar que teme por su vida y la de su familia.

Tanto él como los señalados y los requeridos para brindar ayuda deben sustentar su papel, hacer lo que les corresponde en base a pruebas y las normas respectivas.

Si Marcos blofea o miente es estrictamente necesario que se aclare.

Si se comprueba que en efecto prevalece una amenaza de muerte urge cuidarlo junto a los suyos.

Si se trata de un juego político en que la fidelidad/duartista, el reportero y los Yunes han llegado demasiado lejos la sociedad tiene el derecho de saberlo para ubicar a cada quien en su respectivo sitio legal, ético, profesional y social.

Una entidad tan lastimada como la veracruzana no puede padecer nuevos agravios como tampoco puede perder el tiempo en falsedades.

Urge saber ante qué y quiénes estamos parados.

Vivimos un escenario de violencia y vacío de poder político que demandan actuar con altura de miras de parte de todos.