La semana pasada salió a relucir otro caso de espionaje del gobierno mexicano en contra de activistas, ahora de la salud. Se trató del Dr. Simon Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación coordinador de la Coalición ContraPESO.

De acuerdo con información de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, mejor conocida como R3D en México, los tres agraviados recibieron un mensaje malicioso en sus dispositivos digitales el pasado 8 de julio y el 17 de agosto de 2016 con la intención de espiar sus archivos y conversaciones.

Los enlaces que recibieron las tres personas fueron asociados a la empresa israelí NSO Group, quien fue señalada en el informe 2016 del Citizen Lab de la Universidad de Toronto como una empresa dedicada a suministrar software para espiar y que presuntamente habría vendido infraestructura al gobierno mexicano para espiar a periodistas el año pasado. (En inglés: https://citizenlab.org/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/)

Aquí el informe del año pasado de Citizen Lab:

https://privacyinternational.org/sites/default/files/global_surveillance.pdf

Ya sabe usted que no es la primera vez que el gobierno mexicano espía a científicos, periodistas y demás activistas, pero parece comenzar a convertirse en una práctica recurrente.

Los tres investigadores habrían sido acosados y violentados en sus derechos por promover el gravamen a las bebidas azucaradas que se comercializan en nuestro país.

Las organizaciones Article 19, Social TIC y RD3 realizaron la semana pasada una rueda de prensa para condenar los hechos, entre otras cosas, exigieron una investigación y justicia ante las violaciones a los derechos humanos de los tres agraviados.

“Además, en los próximos días presentaremos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y seguiremos explorando vías para impedir que el caso quede en la impunidad”, señaló un comunicado en el sitio de las organizaciones.

Grave, muy grave es la situación de espionaje en nuestro país y con mayor razón cuando los datos presentados por ésta organización alertan que entre 2014 y 2015, el gobierno federal realizó más de 41 mil solicitud de metadatos que conservan compañías de telefonía móvil. Solamente el uno por ciento de las solicitudes se hizo con autorización de un juez y en más del 90 por ciento de los casos no hubo una acción legal contra esas personas.

Veracruz no se salva, pues de acuerdo con Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomunicaciones y medios, unos de los gobiernos que más solicitudes interpusieron fue el de Javier Duarte de Ochoa.

Valdría la pena saber si, con “tanta” tecnología del actual gobierno en Veracruz, éste ha recurrido a sistemas de espionaje. El ejemplo nacional nos dicta que al menos por lo documentado, en nuestro país parece ser que la vigilancia ilegal contra activistas y comunicadores podría instaurarse como una práctica recurrente en detrimento de diversas libertades.

Podríamos estar ante una nueva modalidad de abuso del poder, ahora, en digital. Para que vean que también se actualizan y son tecnológicos.

¿Qué hacer frente a estos agravios?, se lo dejo a la reflexión.

Lo invito a que me deje sus comentarios en mi cuenta de Twitter. @EduardoBarrios_, por allá hablamos de todo en digital.