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Los últimos 12 años de Veracruz han transcurrido entre la corrupción gubernamental, la violencia a grados nunca vistos, la descomposición social de la que todos somos cómplices pero el gobierno es el principal causante y la pérdida de la esperanza colectiva que se refleja en actos de barbarie, ausencia de justicia y disminución de alternativas de desarrollo económico.

Esta realidad ocurre con sus variables: hay poblaciones como la ciudad y puerto de Veracruz donde las inversiones multimillonarias del sector público –y el incremento de empleo- conviven con la guerra interna del crimen organizado y el arribo de un cinismo social preocupante producto de la ineptitud oficial en todos los elementos que definen a la parte gubernamental del Estado.

Al norte, en municipios como Papantla y Poza Rica no hay inversiones y los cárteles de la droga han construido un andamiaje que podría convertirse en una estructura paralela de poder: capaz de poner y quitar alcaldes, legisladores, influir en los relevos gubernamentales, terminar de cooptar instituciones policiacas y ponerlas a su servicio e imponer el terror como ley; lo que de hecho ya ocurre.

En la zona centro montañosa de Córdoba, con vínculos geográficos con el punto neurálgico que para la mafia representa Tierra Blanca y la frontera con el vecino estado de Oaxaca, sobrevive una tradición industrial privada lo mismo que en Orizaba.

Esto y los mercados locales, regionales, estatal y nacional que se cubren, mantiene un nivel de empleo aceptable, que no se desarrolla pero tampoco disminuye a grados atroces como en el norte del estado o preocupantes como en el sur.

Empero, Córdoba y el corredor de Orizaba con municipios conurbados como Ixtaczoquitlán, Nogales, Ciudad Mendoza, han sido nido de policías locales corruptos, son sede de policías federales mafiosos y se han convertido en territorio de nadie en materia de seguridad.

Como reportero, dialogo con gente de la zona que rebasa los 50 o 60 e incluso los 70 años.

Algunos conocieron o vivieron las historias de Tomás Sánchez “tomasín” y también de su brazo derecho y relevo tras su muerte: Toribio “el toro” Gargallo”.

Lanzo preguntas simples: ¿Los tiempos que se viven en Córdoba, Omealca, Orizaba, son semejantes a la violencia de los años 70s y 80s?

La respuesta inmediata es no.

¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuestiono.

Y las respuestas tienen un elemento común: hoy, hay más violencia, mucha más.

Pero las mismas respuestas tienen variables: alguien responde que no conoció a Toribio Gargallo personalmente pero al interior de su familia hubo quién lo trató y lo describe como alguien con quien se podía hablar, es decir presentaba su rostro. No se metía con nadie a menos que recibiera órdenes y los asesinatos que ordenó o ejecutó tuvieron un contexto: sus pugnas personales, la lucha entre cacicazgos políticos locales por el poder económico de la producción cañera y pugnas de grupos de interés estatal. Es decir, Toribio Gargallo fue un instrumento del Estado, creado en buena medida por sí mismo y alimentado por el Estado y asesinado por el mismo Estado que lo tuvo siempre en la mira, siempre bajo vigilancia, siempre bajo instrucciones de no brincar cierta línea.

Otra persona abordaba lo describe como un hombre que creció entre la violencia, se convirtió en violento, acabó víctima de la violencia y heredó violencia. De hecho en los años recientes: 2015 y 2016, han sido asesinados parientes suyos cuya historia se liga a venganzas imparables durante décadas..

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Con las versiones que recabo en este caso observo elementos político/sociológicos que se mantienen vigentes en la zona de Córdoba-Sierra de Tezonapa-Orizaba y su corredor conurbado: la presencia del Estado como generador y manipulador de violencia.

Una diferencia clara con lo que ocurre hoy es que ese Estado ha sido rebasado y los actores de la violencia actual no son nativos de la zona sino enviados de otras partes del país a operar con fines distintos a la lucha por los cacicazgos que ciertamente continúa.

El secuestro de nueve personas hospedadas en el hotel “Karina” de La Esperanza, Puebla, el pasado miércoles primero de febrero, quienes aparecieron ejecutados el jueves dos en Nogales, Veracruz, es una prueba del segundo escenario descrito líneas atrás.

Este poder habría rebasado con mucho al de un pistolero rural como Tomás Sánchez “Tomasín” y un sicario al servicio de las catacumbas oficiales cuando los gobernadores fueron Fernando Gutiérrez Barrios y Dante Delgado Rannauro, como Toribio “el toro” Gargallo”.

Hay líneas que se vinculan: sobre las nueve víctimas de Nogales, de quienes trascendió que eran “madrinas” de la policía federal, cuatro de ellas eran nativas de Acayucan, al sur de la entidad. Dos eran padre e hijo. Sus familias narran que llegaban a casa, traían uniformes apócrifos de la PF y contaban que recibían poco dinero a manera de pago tras participar en operativos carreteros donde detectaban drogas, armas y objetos robados.

Todo era entregado a los policías federales que eran sus “jefes” y éstos disfrutaban o disfrutan de su valor.

La más absoluta pudrición institucional.

Ayer, domingo 5 de febrero, frente a instalaciones de fuerzas armadas federales destacamentadas en Acayucan, un hombre fue asesinado a plena luz del día –alrededor de las 15:00 horas- por medio de una ráfaga de arma de alto poder. Es decir, la delincuencia mató a alguien frente a instalaciones de organismos de seguridad federales y se marchó sin problema alguno. Y esto ocurrió en el municipio sureño del que eran nativos 4 de los 9 ejecutados entre los días 1 y 2 de febrero pasados en la zona centro de la entidad.

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Nada de esto es nuevo en Veracruz. Los 70s y 80s fueron años de gran violencia propiciada por el Estado y alimentada por luchas caciquiles. El siglo XXI nos ha tomado a los veracruzanos en medio de una lucha de gansters a la que el Estado –de nueva cuenta- no es ajeno como ente ineficaz, como organismo con síntomas de la opacidad o como cómplice.

Esta vez, cuando hablamos del Estado nos referimos a los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. Hemos mencionado que Veracruz padece esta problemática desde doce años atrás. Hay que añadir dos meses y cinco días; los que corresponden al gobierno reciente, en manos del PAN/PRD.

En el sexenio de Fidel Herrera Beltrán florecieron los Zetas. En el de Javier Duarte de Ochoa el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En el recién iniciado de Miguel Angel Yunes Linares hay una guerra entre ambos cárteles y los del Golfo y Sinaloa. Hay pruebas de que jefes policiacos estuvieron vinculados a esta circunstancia y Yunes Linares ha reconocido que tal situación mantiene su vigencia.

Los jóvenes levantados en Tierra Blanca en enero del 2016 acusan desde la tumba al Cártel de Jalisco como su ejecutor en el rancho “El Limón”; a Marcos Conde Hernández –delegado de Seguridad Pública en Tierra y operador al servicio de la CJNG- como responsable de ordenar su asesinato y a Arturo Bermúdez Zurita -a la sazón Secretario de Seguridad Pública de Veracruz- como el hombre que operó desde el más alto nivel del poder de seguridad estatal al servicio de su propio enriquecimiento ilícito y puso a delegados de la SSP bajo las órdenes del crimen organizado.

En la Cámara de Diputados se atiende la solicitud de la Fiscalía de Veracruz para quitar el fuero constitucional al diputado federal por el distrito 17 con cabecera en Cosamaloapan: Tarek Abdala Saad. Ex tesorero estatal en el gobierno del prófugo Javier Duarte de Ochoa, Abdala Saad aparece en fotografías junto a Francisco Navarrete Serna, dueño del rancho “el limón” donde mataron a los jóvenes de Playa Vicente levantados en Tierra Blanca.

Navarrete Serna –preso- es acusado –entre otros delitos- de haber sido jefe del CJNG en el momento del asesinato de José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arróniz, Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo.

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Si en el argumento dos hablamos de elementos políticos/sociológicos para acercarnos a un análisis sobre la monstruosa realidad que hoy vive Veracruz, en el argumento tres estamos ante bases político/jurídicas que también se violan en una red inagotable de complicidades. Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la SSP, preso desde el pasado viernes 3 de febrero y sujeto a proceso por los próximos 8 meses, es acusado hasta hoy por enriquecimiento ilícito. Tarek Abdala Saad, es señalado por actos de corrupción durante su paso por la Tesorería estatal.

Las muertes no cesan y los responsables siguen libres o reciben algún castigo cuando son asesinados por un rival de la mafia. Nuestra entidad, en materia de procuración y aplicación de justicia luce rebasado o es cómplice.

Ayer conmemoramos el primer centenario de una Constitución Federal que sólo se lee pero no se aplica y así no sirve para nada. El crimen organizado podría conmemorar próximamente su triunfo sobre el Estado de derecho que en Veracruz se encuentra a su servicio.