La más reciente revelación sobre las corruptelas del duartismo debería indignar a niveles de la abominación hacia quienes se atrevieron a pisotear de esta manera a los veracruzanos.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dio a conocer que tras realizar pruebas de laboratorio, se confirmó que niños veracruzanos enfermos de cáncer que acudieron a tratamiento en el Sistema Estatal de Salud, lo que en realidad recibieron fue agua destilada en lugar de los medicamentos de quimioterapia que requerían.

Esto significa una demencial irresponsabilidad de las anteriores autoridades estatales, cuyas consecuencias fueron, por lo menos, exponer a la muerte a los menores que fueron engañados, cuando no propiciar directamente decesos de niños por los que, hasta el momento, nadie está siquiera respondiendo. Ya no digamos purgando una condena.

Aunado a ello, Yunes Linares afirmó que encontraron bodegas que albergaban grandes volúmenes de medicamentos caducos, lo que además de representar pérdidas millonarias para el erario estatal, significa que mientras miles de veracruzanos no tuvieron acceso a la salud alegándose que había desabasto, las medicinas se dejaban pudrir deliberadamente.

El desastre del sector salud estatal no es algo que haya descubierto Miguel Ángel Yunes Linares. Desde hace bastante tiempo era público el deplorable estado de los servicios médicos en toda la entidad, gracias a los salvajes desfalcos que se propinaron a las partidas presupuestales federales y estatales del ramo, del orden de los dos mil 500 millones de pesos, mismos que fueron detectados y denunciados por la Auditoría Superior de la Federación por lo menos desde el año 2014.

No es exagerado afirmar que lo hecho por Javier Duarte y sus cómplices en el tema de la salud pública es monstruoso, dantesco, y por lo cual merecen ser llamados asesinos. Jugar con la vida de millones de veracruzanos, condenarlos a un sufrimiento indecible y en muchos casos a la muerte por desviar el dinero que era para sus medicinas, y en su lugar usarlo para financiar campañas políticas, sobornar a supuestos opositores y aduladores, y amasar fortunas espeluznantes, no tiene perdón y merecería un castigo equiparado a los que se aplican por crímenes de lesa humanidad.

No sólo no hay tal. Javier Duarte de Ochoa está por cumplir cien días prófugo de la justicia, en algún otro país, a donde lo dejaron escapar de manera descarada. Y ninguno de sus cómplices, ni uno solo, está ya no digamos en la cárcel, sino ni siquiera sometido a proceso por las autoridades de todos los órdenes que prometieron desterrar la corrupción y castigar los abusos que se cometieron en este estado. Algunos de ellos incluso se pasean como si nada por Veracruz, como si siguieran en el carnaval de excesos que supuso el fide-duartismo.

Quizás lo más doloroso sea la indiferencia de la gente, que a pesar del horror de éstos y otros muchos hechos que se han documentado en su oportunidad, ni siquiera se conduele de la desgracia que se provocó en seres humanos que luchaban por su vida, y casi han colocado en el cajón del olvido lo que ocurrió en Veracruz estos últimos años.

“No olvido, no perdono, no amnistía” dijo Miguel Ángel Yunes Linares en su toma de posesión como gobernador de Veracruz el pasado 1 de diciembre. Seguimos esperando.

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