Como en muchas regiones del estado de Veracruz, la franja que va de Orizaba y Córdoba hasta la cuenca del Papaloapan, pasando por Tierra Blanca y Cosamaloapan, es una zona sumida en el terror generado por la violencia que ahí se registra, cada vez menos soterradamente.

El caso de los cinco jóvenes de Playa Vicente desaparecidos en Tierra Blanca en enero pasado, como hemos mencionado anteriormente, es apenas uno de tantos que, a diferencia de los demás, logró alcanzar una notoriedad mediática que obligó a las autoridades federales a actuar, pues la policía estatal está coludida con las bandas criminales de ésa y otras regiones.

La descomposición social y ética de las instituciones encargadas de la seguridad en territorio veracruzano va más allá, aunque no obtenga titulares en los noticieros televisivos ni primeras planas en la prensa de la Ciudad de México.

Y basta con remitirnos a esa franja territorial para ilustrar la situación con hechos sucedidos recientemente y que no trascendieron más allá de las páginas de la información regional o policiaca de los medios locales.

A principios de mes, en la comunidad de Río Moreno, cerca de Tierra Blanca, un grupo de pobladores se presentó, machete en mano, a una garita del Ejército buscando a cuatro personas que desaparecieron luego de ser detenidas por soldados en ese mismo puesto de vigilancia.

Al revisar dos camionetas de las fuerzas castrenses, los pobladores encontraron pertenencias de los desaparecidos, lo que desencadenó una serie de airadas protestas en el lugar, que merecieron incluso la intervención del obispo de Córdoba, Eduardo Patiño Leal, para mediar y calmar los ánimos antes de que la sangre llegara al río.

Las autoridades castrenses actuaron primero contra uno de sus elementos, y el número después se elevó a 20 soldados consignados para investigación por las desapariciones.

Por esas fechas, se registró un hecho de sangre en el centro de operaciones de la Fuerza Civil del estado establecido en la ciudad de Fortín. Dos elementos de esta corporación resultaron muertos tras una riña, según se sabe, al disputarse a una mujer. Uno de ellos disparó y mató a su compañero y al intentar escapar, fue abatido a balazos por otros elementos policiacos.

Ambos casos ejemplifican, por un lado, que el ambiente de caos que priva en zonas como la de Córdoba-Tierra Blanca afecta incluso a las fuerzas militares, que deberían ser el garante máximo de la seguridad de la población y que, por el contrario, tienen diversos señalamientos por cometer abusos y hasta por colaborar con la delincuencia, como hace también la policía.

Por otro lado, a pesar de sus supuestos altos estándares de preparación y entrenamiento, en corporaciones de élite como la Fuerza Civil tampoco hay una debida supervisión sobre el estado emocional de sus integrantes, a los que, por si no bastase, también se les denigra por órdenes superiores, como sucedió en el ya tristemente célebre caso del striptease de los elementos más “mamiringos” (como los llamó el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez) para mujeres policías.

Y cuando las corporaciones responsables de brindar seguridad a la población y combatir a la delincuencia viven semejante descomposición institucional en su seno, no es de extrañar que pase lo que pasa en Veracruz, de norte a sur de la entidad.

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