Cada vez es más evidente el sino autoritario del régimen que gobierna México desde el 1 de diciembre de 2018.

Tras la difusión del estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) sobre la operación coordinada de bots y trolls para atacar a los medios de comunicación y periodistas que critican las medidas y decisiones tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la respuesta oficial ha sido lo que se ha convertido en la cotidianidad de los últimos cien días: el linchamiento y las amenazas de persecución.

Por la mañana de este jueves 14 de marzo, durante la conferencia matutina del presidente de México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, anunció que se denunciaría penalmente a los productores de la serie “El populismo en América Latina” y a empresarios del ramo de la consultoría por supuestos delitos electorales y lavado de dinero a través de ese programa.

El anuncio en sí, hecho público sin soporte documental alguno, viola flagrantemente la presunción de inocencia y el debido proceso, que han sido sustituidos por el gobierno de la “4T” con actos de lapidación y escarnio propios del circo romano, en los que lo último que es necesario presentar son las pruebas de las acusaciones que se lanzan.

A la par y en el mismo día, fue publicado un “reportaje” en el que se acusa –también sin presentar mayores pruebas que una truculenta trama conspiranoica- al historiador y empresario cultural Enrique Krauze, al dueño de Cinépolis Alejandro Ramírez, al presidente de Grupo Coppel Agustín Coppel Luken y al presidente de Grupo México Germán Larrea –entre otros personajes que abiertamente han manifestado su antipatía y oposición a López Obrador- de orquestar una “conjura antiAMLO” desde antes que iniciaran las campañas por la Presidencia de la República de 2018. Los implicados han negado su participación en lo que ahí se afirma.

La estrategia de tirar la piedra y esconder la mano se ha vuelto una tenebrosa constante del gobierno de la “cuarta transformación”, que a través de las “mañaneras” ha instaurado un tribunal mediático para “fusilar” a sus críticos, lo cual es reforzado en las redes sociales por las hordas de trolls que están 24/7 dedicadas a esa labor, como quedó bien detallado en el estudio académico de tendencias presentado por el ITESO.

Sin duda es grave que la respuesta de un gobierno al disenso sea el linchamiento, y que a la oposición se le enfrente con intimidación. Eso es propio de regímenes autoritarios, autocráticos, vengativos, que niegan la pluralidad y buscan la implantación del pensamiento único. Pero más grave aún es que un gobierno de esas características modifique las leyes de su país con la cada vez menos oculta intención de perpetuarse en el poder.

Este mismo jueves, la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales en materia de revocación de mandato y consultas populares que le permitirán al lopezobradorismo darle un marco legal a las simulaciones de “democracia participativa” que ha estado llevando a cabo desde antes incluso de tomar el poder. Pero sobre todo, que le abrirán la puerta al presidente de México para volver a estar en las boletas electorales en los comicios intermedios de 2021, buscando con ello arrasar a la oposición en San Lázaro.

Después de eso, pasar de la revocación de mandato a la renovación de mandato será un juego de niños.

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