Desesperada porque en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no hay quien dé la cara para enfrentar los compromisos de la administración estatal, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González, tuvo que acudir al Senado de la República a pedir auxilio antes de que la institución colapse por falta de recursos.

Ante los oídos sordos de un gobernador al que nada le importa la Universidad Veracruzana, la rectora buscó a los senadores para pedir su intercesión para que el gobierno estatal le pague lo que le debe a la casa de estudios.

Al reunirse con las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Educación del Senado, Sara Ladrón denunció la crisis económica que enfrenta la institución a causa de la retención por parte del gobierno del estado de los recursos que le fueron asignados para este año. Detalló que al corte del 9 de noviembre, están pendientes de entrega dos mil 381 millones de pesos, de los cuales 78 por ciento son correspondientes a las aportaciones estatales y 20 por ciento a las federales.

En el caso de estas últimas, se trata de 451 millones de pesos que el gobierno estatal, sin justificación legal alguna, no transfirió a la UV a pesar de que la Federación sí aportó esos recursos, razón por la cual desde el mes de julio la institución recibe los subsidios federales directamente a sus cuentas sin que intervenga el gobierno del estado. De ese tamaño es la rapiña del duartismo.

Sara Ladrón dijo a los senadores, sin rodeos, que la Universidad Veracruzana se encuentra “en una verdadera crisis” que pone en riesgo las actividades de la institución, cuya matrícula es de 80 mil estudiantes de educación superior, así como los derechos de los más de 12 mil trabajadores que ahí laboran.

“Solicitamos que se haga un exhorto a las autoridades del estado para que los recursos que ya están convenidos, que ya fueron firmados, que ya están presupuestados y que corresponden a la Universidad Veracruzana se hagan llegar de manera oportuna”, agregó la rectora Sara Ladrón de Guevara.

Los presidentes de las comisiones de Hacienda y de Educación, el priista José Yunes Zorrilla y el panista Juan Carlos Romero Hicks, respectivamente, acordaron impulsar un punto de acuerdo del Senado en apoyo a la Universidad Veracruzana, así como realizar un exhorto a los todos los gobiernos y legislaturas estatales para evitar que se propalen las malas prácticas del gobierno veracruzano.

Conocida la “mecha corta” que caracteriza el temperamento de Javier Duarte, su respuesta fue reflejo fiel de lo que ha sido su gobierno: se toman decisiones desde las vísceras, con una mezquindad que, a fuerza de su repetición consuetudinaria durante un lustro, ya ni siquiera asombra.

Javier Duarte envió al director del Instituto de Pensiones del Estado, Armando Adriano Fabre, a despotricar en contra de la Universidad Veracruzana con una falacia gigantesca: ahora resulta que es la institución educativa la que le debe dinero al gobierno estatal, nada más y nada menos que dos mil 65 millones 535 mil 526 pesos por concepto de cuotas y aportaciones de los trabajadores universitarios, acumulados entre 2002 y 2015.

La explicación de Adriano Fabre –quien es ahora mismo aspirante a magistrado electoral estatal y después de esto, probablemente ya se haya “ganado” el cargo– del por qué la UV le “debe” al gobierno, es de antología: porque el monto de las cuotas de los trabajadores en activo de la Universidad no alcanza para cubrir las pensiones de quienes ya se jubilaron, por lo cual, la administración estatal ha tenido que cubrir el déficit.

Es increíble que el director del IPE no sepa que ése es precisamente el gran problema que enfrenta TODO el sistema de pensiones del país, y que afecta al ISSSTE, al IMSS y a todas las instituciones encargadas de administrar los fondos de retiro de los trabajadores. Según su lógica, esas instituciones también le deben dinero al Estado mexicano.

Lo cierto es que cada vez más, Javier Duarte evidencia su rencor y desprecio hacia la Universidad Veracruzana y su comunidad académica y estudiantil, mismo que hizo patente desde el mismo día de su toma de protesta como gobernador el 1 de diciembre de 2010, cuando anunció, como primer acto de su gobierno, la creación  de la Universidad Popular Autónoma Veracruzana, un fraude académico con el que pretendió hacer mella en la UV.

Sólo que la ruindad hacia la Universidad ya alcanzó un nivel inaceptable.

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